Por F. A. El ministro del Interior,
Federico Storani, aseguró ayer que el gobierno nacional “está siguiendo con
preocupación” la situación de Tierra del Fuego. La posibilidad de que se produzcan
estallidos sociales debido al recalentamiento del conflicto que los estatales mantienen
con la administración provincial inquieta al gobierno central, cuando faltan pocos días
de que asuman las nuevas autoridades de la isla. A partir del 10 de diciembre el
justicialista Carlos Manfredotti se hará cargo del gobierno que deberá llevar a cabo un
estricto ajuste en las cuentas de la administración fueguina. El domingo, a su regreso de
la isla, donde participó de los festejos por el inicio del nuevo milenio, el presidente
Fernando de la Rúa pronosticó que “Tierra del Fuego está en el mismo camino que
Corrientes”. En la provincia mesopotámica la crisis política y la caótica
situación económica obligaron al gobierno nacional a disponer la intervención federal a
sus tres poderes, y a asumir el costo de dos muertes durante la represión de la
Gendarmería sobre los estatales que reclamaban por sus sueldos, el viernes 17 de
diciembre. “Estamos siguiendo con preocupación la evolución de provincias
desfinanciadas, con déficit operativo mensual, y que no recaudan recursos genuinos”,
señaló Storani respecto a la situación de Tierra del Fuego. Y agregó que su ministerio
pretende “evitar que en la isla se llegue a una situación explosiva como la de
Corrientes, donde confluyeron en la crisis factores de todo tipo, desde económicos,
sociales, políticos, de corrupción y pérdida de credibilidad”.Ayer se conoció en
Tierra del Fuego el plan de ajuste que pondrá en marcha el próximo gobierno, el que
figura en la Ley de Presupuesto aprobada por la Legislatura provincial para este año. El
ajuste prevé, entre otras medidas, la libertad del gobernador de revisar las plantillas
de trabajadores estatales para disponer despidos y reducción de sueldos. “Vamos a
necesitar de la ayuda del gobierno nacional para sacar a la provincia del
hiperendeudamiento en el que se encuentra”, le dijo a Página/12 el futuro ministro
de Economía provincial, Alberto Reva. Según Reva, la deuda de la provincia supera los
400 millones de pesos, prácticamente lo que recibe anualmente en concepto de
coparticipación federal. “Vamos a asumir el gobierno de una provincia con sus
recursos coparticipables embargados, las regalías en concepto de hidrocarburos
hipotecadas y sin fondos para afrontar los sueldos del mes de enero”, se lamentó el
ministro designado, que ya le acercó al presidente De la Rúa un panorama financiero de
la provincia y su propuesta de refinanciamiento con ayuda de la administración nacional.
Desde el Gobierno, ya negocian la ayuda que saben que tendrán que enviar al extremo
austral del país. Según Storani, “la suscripción del Acta de Compromiso Federal,
rubricada por el gobierno central y los mandatarios provinciales, permite que si la
Nación ayuda en la restauración de la deuda, como contraprestación, tiene la
posibilidad de monitorear sus cuentas, ya que lo que queremos es transparencia”. En
otras palabras, serán ellos quienes deciden el destino de los fondos frescos. Marta
Maffei, de CTERA, ya anunció que los maestros fueguinos no iniciarán las clases, ya que
el gobierno provincial “en forma autoritaria, y aprovechando el verano para evitar
conflictos, avanzó sobre el Estatuto del Docente rebajando los salarios, realizando
descuentos, cortando suplencias y congelando antigüedad”.
| Las provincias quebradas Son varias las provincias que están pasando por la asfixia económica, como
de Tierra del Fuego, y que piden auxilio al gobierno central. Ayer llegaron hasta el
Ministerio del Interior representantes de los gobiernos de Catamarca y Tucumán para
ajustar con las autoridades nacionales los planes que tendrán que implementar para
refinanciar sus abultadas deudas. Tucumán debía al cierre del primer semestre del año
pasado 959 millones de pesos. El endeudamiento de Catamarca superaba los 400 millones al
30 de junio de 1999. Otra provincia en crisis es Río Negro. Según su gobernador, Pablo
Verani, su deuda supera los 950 millones. En un desesperado intento por aumentar la
recaudación de impuestos, el tucumano Julio Mirando puso en marcha un plan de blanqueo
fiscal entre los contribuyentes de su provincia. Según el ministro de Economía
provincial, José Alperovich, se trata de una buena idea ya que “es la gran
oportunidad que tiene la gente, porque si paga de ahora en adelante el fisco se olvida de
las deudas hacia atrás”. Y señaló: “Es un buen negocio para el contribuyente
y para el Estado”. El denominado blanqueo abarca impuestos a los automotores,
rodados, e inmobiliario, además de Ingresos Brutos y Salud Pública, salvo que los
contribuyentes cuenten con ingresos anuales que superen los 2,4 millones de pesos. El
cálculo es que no deben ser muchos en Tucumán. En el Gobierno están preocupados por el
efecto dominó de la grave crisis correntina. La provincia quedó sumergida en un caos
político, económico y financiero que derivó en una serie de manifestaciones sociales
que dejaron un saldo de dos muertos. Son varias las provincias que no saben cómo harán
para afrontar el pago de los sueldos de enero, y lo que resta de los aguinaldos que fueron
fraccionados en varias cuotas. |
OPINION
|
