Por V. G.
 A salvo de
la impunidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, el delito de apropiación de
los hijos de desaparecidos siempre siguió vivo en la Justicia. Durante los 16 años de
democracia, las Abuelas de Plaza de Mayo siguieron las pistas que las llevaron a restituir
la identidad de 64 chicos. Por mucho tiempo los jueces sólo encarcelaron a los
responsables directos de ese crimen, pero documentos y declaraciones de los represores
aportaron pruebas para demostrar que hubo un plan sistemático para apropiarse de los
bebés. Jorge Rafael Videla fue el primero en ir preso por su responsabilidad ese plan. El
robo de bebés, delito por el que pueden ir presos Antonio Domingo Bussi, Luciano
Benjamín Menéndez y Miguel Osvaldo Etchecolatz, se convirtió en la amenaza de todos los
represores. Antonio Domingo Bussi está imputado en la causa que lleva adelante el juez
Adolfo Bagnasco por su responsabilidad en el robo de seis hijos de desaparecidos en
Tucumán. En su provincia, el dictador está siendo investigado por el juez Ricardo
Maturana por el caso de Mónica Alarcón, secuestrada cuando tenía un año. A su turno,
el ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, deberá responder
por cerca de veinte apropiaciones ocurridas en Córdoba, Mendoza, San Juan, Santiago del
Estero, San Luis, San Juan, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Salta y Jujuy. El caso de
Silvia Orozco, detenida en el centro clandestino cordobés La Perla, quien dio a luz a un
varón en la cárcel del Buen Pastor, es uno de ellos. A fines de diciembre el fiscal
Eduardo Freiler convalidó la solicitud de la querella para que el ex director de
Investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz, fuera citado ante
Bagnasco por ser responsable de los nacimientos clandestinos ocurridos en los Pozos de
Banfield, Arana, Quilmes y la Comisaría 5ª de La Plata. También está acusado por
participar personalmente del secuestro de la menor Clara Anahí Mariani, robada el 24 de
noviembre de 1976 en un operativo en el que murió su mamá, Diana Teruggi.El caso de
María Carolina Guallane, la joven santafesina que inició personalmente un proceso para
recuperar su identidad, complicará, tarde o temprano a Leopoldo Fortunato Galtieri.
Cuando el dictador fue llamado, en abril del año pasado, por el juez Víctor Brusa,
reconoció un parte oficial que el II Cuerpo de Ejército –del que era jefe–
distribuyó para informar del operativo en que fue secuestrada la madre de María
Carolina. Brusa, señalado por su participación en la represión y actualmente suspendido
por el Consejo de la Magistratura, no hizo imputaciones contra Galtieri. Los jueces de
todos el país tienen decenas de causas abiertas aún no resueltas. En septiembre de 1999
la jueza platense, María Isabel Martiarena, arrestó a María Luján Di Mattia por la
apropiación de la joven que sería hija de Elena de la Cuadra y Héctor Baratti. La mujer
salió en libertad pero el caso no está resuelto, ya que la joven apropiada se negó a
realizarse los estudios genéticos. Lo mismo ocurrió con la chica anotada por Policarpo
Vázquez como Evelyn Karina. Por el contrario, la detención de Videla y compañía
despertó en cientos de jóvenes la inquietud de saber si son hijos de desaparecidos. Así
ocurrió con María Carolina Guallane, Andrea Hernández Hobbas y María de las Mercedes
Gallo Sanz, los últimos casos resueltos por las Abuelas.
Sucursal de la ESMA en Mar del Plata
NUEVE SUBOFICIALES DE LA ARMADA FUERON
DETENIDOS POR APROPIACION DE BEBES
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Jorge Rafael Videla.
Fue el primer represor arrestado como autor “mediato” de la apropiación de
cinco hijos de desaparecidos (luego se sumaron más casos). Fue apresado por el juez
Roberto Marquevich el 9 de junio de 1998. También fue procesado por el juez Adolfo
Bagnasco en la causa abierta para investigar la apropiación de menores como práctica
sistemática. Cumple arresto domiciliario.