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Por Eduardo Tagliaferro
El regalo de Hugo Poco antes del retiro de Carlos Menem de la Casa Rosada, el pasado 15
de octubre, caducaron todos los contratos del personal transitorio de la SIDE. Hugo
Anzorreguy "Yo simplemente renové todos los contratos; quien me suceda tiene la decisión definitiva del tema", dijo Anzorreguy a modo de justificación, cuando este diario le preguntó por qué motivo había decidido volver sobre sus pasos y firmar los nuevos contratos de Visuara y Guerrieri. La continuidad de personajes vinculados con la represión ilegal, más que un hecho administrativo implica una definición política de ruptura o continuismo con la administración menemista de la SIDE. En diálogo con Página/12, Fernando de Santibañes, el ex banquero amigo del Presidente que se convirtió en el nuevo jefe de los espías, señaló los primeros cambios de rumbo con la gestión anterior. --¿Piensa respaldar la recontratación de los coroneles Guerrieri y Visuara, firmada por Anzorreguy en los últimos días de su gestión? --Todos los contratos del personal de planta transitoria firmados por Anzorreguy caducaron. La Secretaría tiene una fuerte reducción presupuestaria. De los 300 millones utilizados por la administración anterior, el actual Presupuesto nos asigna tan sólo 140 millones. Es un recorte importante. --¿Eso significa que Visuara, jefe del centro clandestino de Orletti, y Guerrieri, el torturador de Quinta de Funes, quedarán afuera de la Secretaría de Inteligencia? --No hay lugar en la SIDE para quienes hayan sido acusados de violaciones a los derechos humanos y se les hubiera probado su participación en esos hechos. --¿Aunque hayan sido beneficiados con la ley de Obediencia Debida o la de Punto Final? --Si está comprobado que participaron en violaciones a los derechos humanos, no tienen destino dentro de la SIDE. --¿Cuáles serán las líneas de trabajo de la Secretaría de Inteligencia? --No será función de la SIDE investigar las preferencias políticas, religiosas o sexuales de los ciudadanos. Nuestra principal tarea será crear una eficiente agencia de informaciones para asesorar al presidente de la Nación. --¿Qué áreas serán las más afectadas por el recorte presupuestario? --Ese es un tema que todavía está en estudio. Comprenderá que muchas de las actividades de esta secretaría son reservadas y mal podría adelantarle algo sobre este punto. El principio central será no gastar lo que no se tiene.
La ley del ajuste Como buen banquero, Santibañes sabe que la economía bien entendida
empieza por casa. El recorte presupuestario de más de 160 millones de pesos lo ayudará a
trazar la primera divisoria de aguas con la administración de Anzorreguy. El ajuste en la SIDE ya dio cuenta del llamado personal inorgánico, esa masa de alcahuetes que recibían su paga en negro, que en el mejor de los casos deambulan por los bordes de la legalidad y en el peor de ellos son activos delincuentes. Un buen ejemplo es Eduardo Alfredo Ruffo, ex lugarteniente de Aníbal Gordon, de activa participación en el campo Automotores Orletti, donde se apropió de la menor Carla Rutilo Artés, reintegrada a su abuela materna por la Justicia, y de otro menor de nombre Alejandro, que aún continúa bajo su dominio porque no pudo establecerse su verdadera filiación. La contratación de Ruffo fue una decisión que Anzorreguy tomó durante el último año de su gestión y, si bien nunca se supo qué tareas realizaba una persona con sus antecedentes, este diario pudo establecer que tenía reuniones periódicas con personal dependiente del ex secretario de Seguridad Interior, Miguel Angel Toma. Las mismas medidas de ajuste que ayudaron al flamante Señor Cinco a dar de baja a los espías vinculados con la represión ilegal quizá también lo ayuden a dejar atrás otros de los rasgos polémicos que caracterizaron la gestión de Hugo Anzorreguy: la denominada "Cadena de la Felicidad", esa lista secreta que incluía generosas "contribuciones" a funcionarios judiciales, diplomáticos, políticos de distinto pelaje, militares e incluso periodistas.
Problemas de personal Las otras divisorias de aguas de la nueva administración de la SIDE
dependerán exclusivamente de las propias definiciones políticas que tome Fernando de
Santibañes. La cuestión de los nombres es precisamente uno de los temas pendientes para el nuevo secretario. Hasta el momento sólo están confirmados el subsecretario Darío Richarte --un ex militante de Franja Morada que participó de la gestión del rector Oscar Shuberoff en la Universidad de Buenos Aires-- y Juan José Vila --un politólogo cordobés que acompañó a Enrique Nosiglia en su paso por el Ministerio del Interior y que incluso participó en actividades en defensa de los derechos humanos durante la última dictadura militar--. Vila fue incorporado como asesor en el área de Inteligencia Exterior y depende directamente de Fernando de Santibañes. La probable designación del retirado general Ernesto Bossi al frente de la Central Nacional de Inteligencia, por el contrario, puede abrir un frente de tormentas que empañe la decisión de Santibañes de borrar a los represores de la SIDE. Bossi no solamente reclamó para las Fuerzas Armadas las facultades de realizar Inteligencia Interior, expresamente prohibidas por la ley de Defensa y de Seguridad Interior, sino que además está acusado por el fiscal Carlos Stornelli de falsedad ideológica en la causa por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. Si estos antecedentes no fueran suficientes para excluirlo de un área tan sensible como Inteligencia, en su reciente paso por la Secretaría General del Ejército respaldó el ascenso de un torturador de La Perla, el teniente coronel Carlos Villanueva. Aunque la conformación definitiva de la estructura de la SIDE todavía no es un tema cerrado, por lo pronto Ruffo, López Fader, Guerrieri y Visuara deberán buscar un nuevo sol que los cobije. No es un mal primer paso para un Gobierno necesitado de mostrar logros y transparencia en la zona más oscura del poder.
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"No existe lugar en la SIDE para los violadores de los
derechos humanos", dijo a Página/12 Fernando de
Santibañes, flamante titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Este diario le
había preguntado su posición sobre los contratos de los coroneles Oscar Pascual
Guerrieri, torturador de los campos Quinta de Funes y Granadero Baigorria, y Rubén
Víctor Visuara, jefe operativo de la banda de Aníbal Gordon y del centro clandestino de
detención Automotores Orletti, una de las sedes donde se llevó adelante el temible
Operativo Cóndor, como se denominó al acuerdo represivo de las dictaduras
latinoamericanas, que incluyó el secuestro e intercambio de prisioneros y sus hijos,
entre ellos Marcelo Gelman, su esposa y su hijo/a desaparecido. La presencia de
torturadores y genocidas acusados de violaciones a los derechos humanos fue uno de los
rasgos salientes de la gestión menemista en la Central de Inteligencia. La renovación de
esos contratos, firmados días antes de abandonar el cargo, fue un verdadero presente
griego que Hugo Anzorreguy le dejó a su sucesor Fernando de Santibañes, quien, marcando
una de las primeras divisorias de agua con la administración anterior y cumpliendo con la
propia ley orgánica que regula el funcionamiento de la SIDE, tomó la decisión de no
aceptarlos entre los suyos. 
, en línea con lo realizado por la mayoría
de los funcionarios menemistas, decidió prorrogarlos automáticamente, aunque este acto
administrativo comprometiera al futuro gobierno y se diera de bruces con la proclamada
"transición ordenada". En un primer momento, el ex jefe de los espías pensó
no renovar los contratos pertenecientes a los cuestionados Visuara y Guerrieri, de quienes
siempre dijo que era "mejor tenerlos dentro de la estructura a tenerlos fuera de
control y convertidos en un problema más". Pero Guerrieri, más que un empleado
estatal típico, es un militar impredecible que, molesto por su cesantía, quebrantó la
tranquilidad del palacio Estrugamou, el aristocrático edificio donde vive el ex jefe de
la SIDE. Fue justamente frente a las puertas de la vivienda de Anzorreguy donde consiguió
la promesa de que su contrato no sería tocado. 
, de las actividades de la Triple A.
Lugarteniente de Aníbal Gordon, luego del golpe militar fue uno de los activos
integrantes del campo de concentración Orletti y hasta figuró como el garante en el
contrato de alquiler del centro clandestino. Por la ley de Obediencia Debida fue liberado
de los cargos de secuestro, tortura y asesinato de 30 desaparecidos. Aunque no fue juzgado
por la apropiación de la menor Carla Rutilo Artés, sí fue condenado por la
falsificación de los documentos de la niña. Mantiene en su poder a otro menor apropiado
durante la última dictadura. Participó activamente en los secuestros extorsivos
realizados por la banda de Gordon, que en pleno apogeo del poder militar usaba uniforme
para delinquir y se hacía llamar Coronel Silva, como lo testimonió una gran cantidad de
militares que le hizo la venia y se puso a sus órdenes.