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 El
Gobierno enviará entre hoy y mañana el proyecto de emergencia fiscal al Parlamento, a
través del cual Fernando de la Rúa intenta introducir cambios significativos en la
economía, en las relaciones laborales y en la administración central. El primer
capítulo de esa ley llegó ayer al Congreso, referido a uno de los aspectos que el
Gobierno considera clave para el éxito de su gestión. Se trata del proyecto que
establece la creación de un nuevo fuero judicial dedicado exclusivamente a causas por
evasión fiscal y el otorgamiento de poderes especiales a la AFIP para combatir el fraude
fiscal.El camino que le aguarda a la ambicioso paquete englobado bajo el título de Ley de Emergencia Fiscal no está libre de trabas y objeciones por parte de los legisladores, ya sean éstos del justicialismo y hasta del propio oficialismo. En ese sentido, el PJ anunció que recién se prestará al debate en Diputados una vez que las distintas comisiones hayan avalado el tratamiento del proyecto. Además, los vetos presidenciales a tres artículos del Presupuesto podrían complicar aún más la relación entre la Alianza y la oposición (ver nota central). Según la Casa Rosada, esta ley es vital para conseguir una baja del riesgo-país. “Si no tenemos la ley de emergencia económica lo más rápido posible, no vamos a poder cumplir con los compromisos financieros internacionales, ni con la promesa de que la economía crecerá un cuatro por ciento este año”, advirtió el vicepresidente Carlos “Chacho” Alvarez. A través del proyecto de emergencia, adelantado por De la Rúa en su mensaje navideño, el Gobierno prevé efectuar cambios profundos en varios frentes. En el capítulo económico, por ejemplo, se pretende dotar de mayor poder a la AFIP para combatir la evasión, impulsar a las pymes y aumentar la edad jubilatoria de las mujeres, de 60 a 63 años. Justamente, este último punto, junto a la propuesta de reforma laboral, es el que más resistencia encuentra entre los legisladores de uno y otro bando. “Subir la edad de las mujeres para jubilarse es absolutamente inoportuno. En un mercado laboral deprimido, no haría más que expulsar a la calle a esas personas. El sistema previsional no puede pensarse en términos de caja; hay que tomar medidas para el largo plazo”, disparó en diálogo con Página/12 el aliancista Eduardo Santín, titular de la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara baja. A su vez, Santín puso en duda la posibilidad de que se eliminen los regímenes especiales de jubilación de los militares y diplomáticos, tal como pretende el Gobierno. La idea en la Casa Rosada es que, a lo sumo, las comisiones legislativas empiecen a evaluar el proyecto en el día de mañana. “Yo creo que dentro de 15 días podría tener media sanción en Diputados. Si bien habrá resistencia del justicialismo, confío en que la sanción será rápida”, se entusiasmó el presidente de ese cuerpo, Rafael Pascual. Para apresurar el tratamiento, y dada la negativa del PJ a tratar la iniciativa sobre tablas (sin el análisis de las comisiones respectivas), la Alianza estaba terminando anoche de confeccionar las distintas comisiones. El bloque justicialista, en tanto, ya se encargó de anticipar que estudiará “con profundidad” el plan del oficialismo. “El tratamiento de este paquete no puede ser tan expeditivo como pretende el Gobierno”, apuntó el vicepresidente del bloque del PJ, Miguel Angel Pichetto. “El justicialismo no está arrodillado. Nos opondremos a las medidas que perjudiquen a la gente”, aseguró el presidente de la bancada, Humberto Roggero. Y añadió: “Tememos de que luego de la reunión de (José Luis) Machinea con el FMI, el paquete contenga algunas sorpresas desagradables”. Desde Economía se apresuraron a desmentir cualquier injerencia del organismo internacional en el proyecto. “En Washington no nos hicieron ninguna sugerencia sobre este paquete. No hubo ninguna exigencia”, señaló a este diario una alta fuente del Palacio de Hacienda. Desde el PJ dejaron trascender que la bancada votará en contra de toda reforma administrativa que suponga “una caza de brujas contra funcionarios y empleados estatales de origen peronista”, en referencia al capítulo de la iniciativa por el cual la Alianza quiere revisar los últimos nombramientos del gobierno de Carlos Menem, “incluso los designados por concurso”. Por otra parte, el bonaerense Eduardo Camaño aseguró que el PJ no avalará la conversión del Banco Nación en sociedad anónima. En realidad, el proyecto de reforma de la carta orgánica de la entidad pública será mirado con lupa también por los aliancistas. Por tal motivo,en Economía aseguraban anoche que la posibilidad de convertir al Nación en una SA “todavía está en revisión”.
Yo voto, tú votas, él veta el
Presupuesto
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