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Fernando de la Rúa vetó tres artículos del Presupuesto del 2000 como forma de presionar al Congreso para acelerar la aprobación de la Emergencia Fiscal. La negociación es política más que económica. Desde el Palacio de Hacienda se asegura que La Rioja recibirá 145 millones y que habrá una nueva promoción.
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Por David Cufré  Fernando de la Rúa
decidió hacer algo más que pedirles a los legisladores que no se tomen vacaciones.
Sacudió el tablero político con una jugada arriesgada. Vetó tres artículos del
Presupuesto que habían sido motivo de arduas negociaciones entre la Alianza y el
justicialismo, cuando el proyecto se trató en el Congreso. A través de esa resolución,
el Poder Ejecutivo canceló el envío de una ayuda especial a La Rioja por 250 millones de
pesos anuales. Suprimió el aumento de los diferimientos impositivos –régimen de
promoción agropecuaria– en favor de 14 provincias. Y eliminó la prórroga por diez
años a las pensiones graciables otorgadas por diputados y senadores. El decreto con los
vetos es acompañado por la firma de todos los ministros, hecho altamente inusual, en una
demostración de fuerza del Ejecutivo. De la Rúa se plantó ante los legisladores,
propios y extraños, procurando reafirmar su poder. Lo hizo para templar los músculos del
Gobierno antes de pulsear con el Congreso por la sanción de la ley de emergencia fiscal y
con los gobernadores por el ajuste del gasto público en las pro-vincias.Al mismo tiempo, De la Rúa aprovechó para establecer claras diferencias con su antecesor, al anular una de las medidas que Carlos Menem tomó a días de dejar el poder. Específicamente, canceló la ratificación por ley del decreto emitido por el anterior gobierno que garantizaba a La Rioja una asignación anual indefinida de 250 millones de pesos. El Presidente pretende cortar de cuajo con las prebendas que durante años disfrutó la provincia natal de Menem, en lo que constituyó uno de los símbolos de su gestión. De todos modos, La Rioja recibirá este año 145 millones de pesos adicionales a lo que le corresponde por la coparticipación de impuestos. Esa partida fue incluida en el Presupuesto. Y el Gobierno la mantendrá porque reconoce que la provincia podría sufrir una aguda crisis social si deja de recibir la ayuda de la Nación de un día para el otro. “No hay razón para darle rango de ley al decreto que asignaba 250 millones anuales a La Rioja. Esto no quiere decir que no se vayan a respetar algunos acuerdos, como el giro de 145 millones este año. Pero la ayuda no puede ser indefinida. En todo caso, habrá que analizar cada año cuál es la situación de la provincia”, indicó a Página/12 el secretario de Hacienda, Mario Vicens. “También sabemos que la provincia venía recibiendo una enorme cantidad de recursos, y que podría entrar en crisis si se queda sin la totalidad de esos fondos en un solo año. Es preciso establecer una transición hasta que podamos acordar con La Rioja mecanismos eficientes y transparentes de su administración”, añadió el funcio- nario. Otro de los vetos del Ejecutivo al Presupuesto recae sobre las pensiones graciables que conceden diputados y senadores. En rigor, el veto es a la prórroga automática por diez años de los beneficios que caducan este año. El monto de esas pensiones es de 5 millones de pesos, que podrán ser cubiertos por los legisladores con otros fondos, ya que se mantuvo la partida de 25 millones para conceder la ayuda económica a particulares. Pero al suprimir la prórroga, año tras año el stock de pensiones se irá reduciendo. En la actualidad, alcanza a 312 millones de pesos, de los cuales caen 5 millones este año. “Son decisiones muy equilibradas, muy razonables, y no veo razones que justifiquen un eventual rechazo del Parlamento”, expresó Vicens, anticipándose al probable revuelo político que podría derivar en una insistencia del Congreso al proyecto votado por ambas cámaras. “El tema que puede parecer más delicado es la eliminación del aumento de los diferimientos impositivos, pero en el decreto aclaramos que en el transcurso de 180 días el Ejecutivo enviará al Congreso un nuevo proyecto de promoción”, añadió el funcionario. En efecto, eso es lo que puntualiza el Gobierno en los considerandos del veto. Pero la trascendencia política de la medida es que el Ejecutivo desconoce acuerdos previos de legisladores de la Alianza con el justicialismo. Y que el Gobierno tendráuna nueva arma para afrontar la negociación con los gobernadores, en momentos en que presiona por un mayor ajuste fiscal en los distritos del interior, en respuesta a una exigencia planteada por el FMI. El proyecto de Presupuesto estuvo a punto de naufragar en Diputados por la eliminación de la promoción industrial. Cuando los legisladores de la oposición amenazaban con retirarse del recinto, se llegó a un acuerdo por el cual efectivamente se dejaron sin efecto nuevos cupos de promoción industrial, pero se incorporaron autorizaciones a 14 provincias para elevar el monto de diferimientos impositivos de proyectos agropecuarios. Fue por un total de 300 millones de pesos. Ahora el Ejecutivo suprimió esos nuevos cupos. “El régimen de diferimientos impositivos se ha caracterizado por su falta de transparencia y eficacia. Entendemos que hay provincias que merecen una promoción especial. Pero no mediante el mecanismo de autorizar a las empresas que se radiquen en ellas a dejar de pagar impuestos, sino a través de apoyo financiero u otras alternativas que deberán estudiarse”, señaló Vicens. En consecuencia, cada provincia deberá sentarse a negociar con el Gobierno, en lugar de disfrutar automáticamente de los diferimientos impositivos. Y en ese diálogo el Ejecutivo incorporará otras cuestiones, entre las cuales la principal es el gasto público de las provincias.
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VERSION DE LA INICIATIVA Por Diego Schurman
La resistencia de la oposición
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Período de
prueba. Se extiende de uno a seis meses con opción a una renovación por otros
seis meses más. Durante ese período el empleador deberá afrontar todas las
contribuciones a la seguridad social, aunque no tendrá costo de indemnización por
despido. 
