Desde Dolores
Fue una jornada atípica. En la decimonovena audiencia del juicio oral, cuando resta sólo
un día para que termine el desfile de testigos, habló Raúl Pedro Begué, el presidente
del Tribunal, para anticipar que entre el 26 y 27 de enero se conocerá el veredicto.
Ayer, además del juez Begué, declararon tres periodistas que investigaron el caso
Cabezas, entre ellos Miguel Bonasso y Raúl Kollmann de Página/12. A la noche, cuando
debían regresar a Buenos Aires, Bonasso notó que su automóvil había sido abierto.
Kollmann comprobó que su coche también había sido violentado, pero nada fue tocado ni
robado. Ambos comprendieron la clara intimidación.
Los coches estaban estacionados en la plaza central de Dolores, justo enfrente del juzgado
donde ambos declararon en horas de la tarde. Bonasso declaró en primer lugar y por ello
se dio cuenta primero de que su coche fue violentado, presumiblemente con una ganzúa. El
periodista y escritor tomó la precaución de hacer revisar su auto por la policía local
antes de emprender el regreso a la Capital Federal, hacia donde se dirigía al cierre de
esta edición.
El trabajo que hicieron en el auto de Kollmann fue similar. También le abrieron la puerta
sin violencia. Sus pertenencias estaban en el mismo sitio en que él las había dejado. La
declaración de Kollmann ante el juzgado giró en torno a la nota que fuera publicada por
Página/12 el 28 de enero de 1997 tres días después del asesinato de
Cabezas. Allí el periodista consignaba que en diferentes sectores de la Bonaerense
reconocieron que el crimen fue cometido por una banda compuesta por policías y lúmpenes
de la zona de La Plata. Luego de declarar, el periodista reconoció el mensaje que le
habían dejado en su auto. Kollmann viajó acompañado de otro periodista que también
declaró, Andrés Klipphan, que también realizó la cobertura del caso Cabezas para este
diario.
Antes de producirse las amenazas a los periodistas, por la tarde pasaron por la sala de
audiencias los ex socios de Ricardo Manselle, que fueron bombardeados por las preguntas de
los abogados de la querella. Alberto Garcés, que fue socio mayoritario de la empresa
propietaria del local de comidas Mac Papas donde según Manselle el imputado
Gregorio Ríos se reunió con Yabrán, Prellezo y Luna, recibió las mayores
andanadas. Los abogados de los damnificados intentaron destruir los testimonios de los
testigos que podían desacreditar a Manselle. Después de todas las declaraciones, se
comprobó que aunque el testigo estrella de la instrucción tiene antecedentes de estafa y
una personalidad problemática, sus ex socios tampoco son confiables porque tienen con él
varias cuentas pendientes.
Cerca de las 22, después de declarar como testigos, los periodistas Miguel Bonasso y
Raúl Kollmann debían emprender el regreso a Buenos Aires. Tres horas antes, en medio de
la audiencia, Bonasso había vuelto a poner sobre el tapete la pista policial.
Se ha tomado con mucha ligereza la pista policial por diversas razones. Porque La
Bonaerense tenía que investigarse a sí misma, y porque hubo una clara intencionalidad
política, dijo el autor de Don Alfredo ante la Cámara Penal de Dolores. Luego
nombró a Eduardo Duhalde, uno de los testigos sospechosamente desistidos durante el
juicio oral, a quien le convenía la pista de Yabrán. Bonasso y Kollmann
denunciaron al comisario Roberto Recaite que sus vehículos habían sido forzados y
estaban abiertos.
La tensión se produjo, ya a la noche, por las denuncias de los periodistas. Durante la
mañana, en cambio, el juicio mantuvo su aburrida y burocrática rutina. Sólo declararon
el esperado testigo sorpresa Marcelo Barraza, que decepcionó, y dos
policías, el subcomisario José Forastiero y el comisario Américo DAngelo. Tal vez
por esa calma, el presidente de la Cámara se decidió a hablar con los periodistas.
Después de escuchar los alegatos y a los procesados, tras deliberar, el veredicto
será dado aconocer en cuatro o cinco días, probablemente el 26 o 27 de enero,
confirmó ayer el juez Raúl Pedro Begué. En el caso de que el veredicto sea
condenatorio procederemos a dictar sentencia de inmediato. En esos días, a más tardar el
29, tendremos veredicto y sentencia. Hasta el miércoles 12 seguiremos tomando
testimonios, el jueves 13 se incorporarán por lectura las manifestaciones de los testigos
que no pudieron concurrir. Así detalló con minuciosidad el programa del juicio
oral, que probablemente terminará pocos días después del tercer aniversario del
asesinato de José Luis Cabezas.
A las cinco de la tarde comenzó el tiempo de la batalla entre la defensa de Gregorio
Ríos, encabezada por el abogado Jorge Sandro, y los abogados de los damnificados, Miguel
Gaya, Alejandro Vecchi y Oscar Pellicori. La cuestión era central. Ricardo Manselle, el
otrora testigo de identidad reservada, podía ser desacreditado por sus ex socios de Mac
Papas. Su viejo enemigo Alberto Garcés definió a Manselle como un nazi al que le
decían Poco Cerebro y que se autodefinía como un supuesto ex
guerrillero. Garcés fue cuestionado por los querellantes, que lo acusaron de
haberse apropiado de documentación privada de su viejo socio para utilizarla después en
la causa.
Informe: Martín Piqué
Un día muy particular La presencia de tres periodistas que investigaron el caso Cabezas cambió
ayer el tedio habitual de la sala de audiencias. Los periodistas Miguel Bonasso, Raúl
Kollmann y Andrés Klipphan declararon en el juicio oral y público por el crimen de José
Luis Cabezas. A partir de sus palabras, se volvió a poner el acento en la llamada
pista policial, la participación orgánica de la Policía Bonaerense en el
operativo que terminó con la vida del reportero gráfico, y en su posterior
encubrimiento.
En la decimonovena audiencia del juicio, durante un cuarto intermedio, Raúl Begué, el
presidente de Cámara, explicó por qué autorizó a la prensa a transmitir en directo el
juicio oral, a pesar de que el juez que intervino en la instrucción, José Luis Macchi,
dificultó el acceso de la prensa. Los jueces sólo administran un lugar
público, explicó. No tenemos mala opinión de los periodistas y además no
tenemos que dar ninguna autorización porque éste es un lugar público que le pertenece
tanto al periodismo como a todo el resto de los ciudadanos, afirmó Begué. |
OPINION
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