Por Claudio Zlotnik El proyecto de
ley declarando la emergencia económica y financiera de la Argentina ingresó anoche al
Congreso. Mediante esta iniciativa, el Gobierno se propone “superar la crisis”
y, para lograrlo, propuso a los legisladores una batería de medidas que impactará en la
órbita del Estado. El proyecto consta de cuatro capítulos. Pero el que más polémica
desatará es el que faculta al Ejecutivo a despedir a los empleados públicos designados
durante el ‘99 y que a su vez impulsa cambios en las relaciones laborales en la
administración central, incluyendo al personal militar, de seguridad, diplomáticos y de
los poderes Judicial y Legislativo.
El proyecto de emergencia económica presentado ayer funciona como complemento al paquete
tributario que entró en vigencia este mes y al recorte de 1400 millones de pesos pautado
en el Presupuesto del 2000. Según la Alianza, existen en la órbita del Estado varios
frentes en los que se puede actuar para bajar aún más las erogaciones. De ser aprobada
por el Parlamento, el país vivirá en emergencia económica durante un año. Pero la
iniciativa abre la posibilidad de que ésta sea prorrogada por un año más, en caso de
ser necesario.
La iniciativa está dividida de la siguiente manera: la posibilidad de renegociar y,
llegado el caso, de rescindir los contratos del Estado, excluyendo a las empresas
privatizadas (ver nota aparte); la suspensión por 180 días de los pagos que el Estado
deba realizar por juicios perdidos; la emisión de bonos a 16 años de plazo para pagar
las deudas con sentencia firme en la Justicia; y una reformulación de la administración
pública nacional.
Respecto de los empleados públicos, el Gobierno está seguro de que, antes de dejar el
poder, Carlos Menem habilitó el ingreso masivo de nuevos trabajadores estatales. Según
entiende el Gobierno, esas contrataciones no sólo producen un bache fiscal en las cuentas
públicas sino que además perturban el normal funcionamiento de la administración. En
especial, se pondrá la mira en el personal jerárquico. A su vez, perderán su empleo
quienes hayan sido designados entre 1991 y 1998, y que aún no fueron confirmados por
concurso. Este reordenamiento se aplicará dentro de los seis meses posteriores a la
sanción de la ley.
Por otra parte, en la iniciativa, el Ejecutivo reclama al Congreso poderes extraordinarios
para aplicar una profunda reforma laboral en el sector. En este sentido, bajo el capítulo
“De la relación de empleo público”, el Gobierno pretende incluir a toda la
administración pública –unos 250 mil agentes– en la Ley de Empleo Público
sancionada por unanimidad en octubre del año pasado, en la cual se estableció un
régimen más flexible para los empleados. Pero aquella norma afectaba a tan sólo la
cuarta parte de los trabajadores (unos 60 mil), dejando de lado varias categorías, como
los diplomáticos, las Fuerzas Armadas y a los integrantes de los poderes Judicial y
Legislativo. Ahora, el Gobierno quiere que las modificaciones introducidas en aquel
momento rijan para todos por igual.
En resumen, la iniciativa establece que los empleados públicos puedan ser reubicados
“a fin de obtener una mejor racionalización de los recursos”. Para aplicar la
movilidad, se tendrán en cuenta la zona de residencia del empleado y su escalafón.
Asimismo, al momento de las negociaciones colectivas, el Estado revisará las condiciones
laborales dentro de la administración (aspectos jurídicos, operativos y salariales).
Entre las cláusulas que se intentarán incluir figuran: la eliminación del enganche
salarial o incremento automático de las remuneraciones (esta particularidad existe para
los militares y judiciales); “actualizar las modalidades y jornadas de trabajo”;
reformar los regímenes de licencia y ausentismo; y auditar el ingreso, egreso y las
promociones del personal para que estas etapas se den en un marco de idoneidad.
Consultados por este diario, tanto legisladores del oficialismo como abogados laboralistas
y hasta sindicalistas recibieron con beneplácito la idea de Fernando de la Rúa de
reconsiderar los contratos que laadministración menemista realizó a último momento.
Pero se mostraron en contra de flexibilizar las relaciones laborales en el Estado.
“Más flexibilizados no podemos estar. En algunas provincias, como Tucumán, Salta,
Corrientes y Jujuy, a los empleados se les paga con cheques diferidos y hasta con tickets
alimentarios”, señaló en diálogo con este diario Martín Rodríguez, secretario de
la Asociación de Trabajadores del Estado. En tanto, Marcelo Bustos Fierro, abogado de la
CTA, advirtió sobre el peligro que podría conllevar las evaluaciones al personal
estatal. “Si se maneja mal el tema, podría dar lugar a persecuciones políticas, y
que bajo el rótulo del mal desempeño se esconda una persecución ideológica”,
apuntó.
“Proponer estas normas significa asumir en su plenitud la profundidad de la crisis
sin claudicar ante ella”, señala el proyecto en sus considerandos. Y agrega:
“Ante esta situación de excepción, el Poder Ejecutivo se autoimpone las medidas
necesarias para que el esfuerzo para superar la crisis no sea en vano”.
La ley de empleo publico vigente
Flexible por donde se mire
La
“ley marco del empleo público” vigente fue aprobada a mediados de octubre
pasado por el Congreso por unanimidad, aplaudida por el menemista secretario general de
UPCN, Andrés Rodríguez. La ley vino a reemplazar la norma 22.140 de empleo público,
aprobada en 1980, durante la dictadura militar. La presente norma es el marco donde se
aplicará el capítulo de la Relación de Empleo Público contenido en la Ley de
Emergencia enviada ayer al Congreso. Pero la ley de Menem sólo afecta a unos 60 mil
trabajadores de los más de 250 mil empleados de la administración nacional: quedan
excluidos el personal diplomático, de las fuerzas armadas y de seguridad, del poder
judicial, del poder legislativo, las autoridades superiores y los empleados de los entes
que disponen convenios especiales, como la ANSES. Sus puntos más destacados son los
siguientes:
 Establece que
el ingreso efectivo en el plantel estable de empleos públicos se adquiere después de un
período de prueba de 12 meses. Durante esa etapa, la designación puede ser cancelada. La
designación del personal que cobra jubilación o pensión puede ser cancelada en
cualquier momento.
Una vez
concluido el período de prueba, y luego de un mes, el empleado pasa a revistar como
estable.
Si se suprime
el organismo en el que trabaja “será reubicado en las condiciones reglamentarias que
se establezcan”. Pero, “de no concretarse la reubicación, el agente quedará en
situación de disponibilidad”, lo que no podrá ser menor a un plazo 6 meses ni más
de un año.
Una vez vencido
el período de disponibilidad sin ser reubicado, o en el caso de rechazar el cargo que se
le ofrece, el empleado podrá ser despedido, con el derecho a cobrar una indemnización
igual a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor a tres meses.
La ley permite
“la movilidad del personal de una dependencia a otra dentro o fuera de la
jurisdicción presupuestaria”. “Para la movilidad geográfica se requerirá el
consentimiento expreso del trabajador”, aclara.
El Gobierno
nacional puede celebrar convenios con las provincias y municipios para trasladar a su
personal hasta durante 365 días corridos a esas jurisdicciones.
La ley habilita
la contratación de personal “por tiempo determinado” cuando se trate de
servicios de “carácter transitorio o estacionales, no incluidos en las funciones
propias del régimen de carrera, y que no pueden ser cubiertos por personal de planta
permanente”.
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