EL FISCAL HUGO OMAR CAÑON
"Si hay voluntad deben pasarlos a retiro"

El fiscal del Juicio por la Verdad en Bahía Blanca pide que el Ejército ordene el retiro de los involucrados en la represión ilegal. Rechaza que los militares declaren bajo identidad reservada.

"Es el último aviso, rajate de Bahía, desaparecé", le dijo por teléfono una voz anónima al fiscal general ante la Cámara Federal de Bahía Blanca, Hugo Omar Cañón. El fiscal que impulsa el juicio en el que se intenta averiguar el destino de los desaparecidos de la jurisdicción del V Cuerpo del Ejército tiene ahora custodia permanente. Cañón afirma que estar todo el día acompañado le quita libertad de movimiento pero sigue abocado a la investigación sobre los crímenes de la última dictadura. "Si en el Ejército, el general Brinzoni tiene voluntad real, debe excluir a todos los que están comprometidos con la represión ilegal", asegura al referirse al teniente Julián Corres, que fue citado por la Cámara bahiense por haber actuado en el centro clandestino La Escuelita y --aunque habría sido trasladado-- no fue pasado a retiro.

--¿Tienen alguna pista de dónde pueden venir las amenazas que sufrió?

--Existieron ciertas interferencias desde abril del año pasado, mientras se estaba investigando en la causa por los desaparecidos. Pero no les di importancia. Y fueron in crescendo. La última vez me insultaron y cortaron y, a la media hora, llamaron con una especie de discurso formal diciendo: "las Fuerzas Armadas saludan al hijo de puta más grande de la historia argentina" y después vino la amenaza diciendo: "es el último aviso, rajate de Bahía, desaparecé". Creo que apuntan a dar un corte en la continuación del juicio.

--El hecho de que hayan mencionado a Bahía Blanca marca que es alguien que puede estar en la ciudad...

--Yo me quedé pensando en eso. No me dijeron "rajate del país" sino de Bahía. Como si para Bahía fuera algo intolerable. Parece ser que es alguien a quien le perturba que en Bahía Blanca se pueda instalar un debate de ese tipo. Creo que mucha gente debe estar involucrada y tiene miedo de que su nombre aparezca arriba de la mesa. Es como esos juegos infantiles de juntar los puntos hasta que finalmente aparezca la figura formada. Estamos presentando los casos y van apareciendo nombres. Habrá algunos que no querrán que se siga adelante porque pueden aparecer arriba de la mesa también.

--¿Puede tener que ver con que el Juicio por la Verdad instaló en Bahía Blanca un debate acerca de lo que no se hablaba?

--Claro, fue muy fuerte. Fueron doce audiencias con treinta testimonios muy intensos y muy profundos. Todos conmovieron y produjeron un sacudón fuerte. Fue muy conmovedor. Yo lo notaba por la calle, la gente me paraba y me decía "no aflojen, qué suerte que se sabe todo esto". Repercutió mucho en una ciudad que era prácticamente "tierra santa".

--¿Cuál es su balance general en el plano jurídico de lo que pasó durante las audiencias?

--Fue muy importante porque se pudo demostrar en forma totalmente certera la existencia del centro clandestino de detención (La Escuelita), la metodología de funcionamiento que respondía a pautas orgánicas, que la gente de Inteligencia era la que manejaba la cuestión tanto para los interrogatorios como para decidir la suerte de cada uno de los detenidos. También se comprobó que había grupos operativos que actuaban en función de las directivas que impartían desde Inteligencia. O sea, se fijaban objetivos o blancos para capturar y los operativos actuaban. Eran grupos conformados por gente de distintos puntos del país. Ese es un dato interesante que surgió de las audiencias y fue admitido por los militares. Era gente que venía desde distintos cuerpos del Ejército, de distintas unidades militares y, también, algunos que venían de Tucumán que había traído Acdel Vilas (que comandó antes de Bussi el Operativo Independencia) o del Litoral. Y aún se supone de alguna otra fuerza de seguridad como Gendarmería.

--¿Se prevén nuevas declaraciones de militares, incluso en actividad?

--Sí. Eso no está descartado para nada. Lo único que me preocupa muchísimo es que en el diario Río Negro apareció un reportaje a Diana Conti en la que la subsecretaria que habla de una comisión en la que los militares que den información se les va a dar identidad reservada.

--¿Cuáles son sus críticas respecto de esta posible comisión?

--Que ni siquiera se les conozca la cara a los militares. Eso se da de patadas con la Convención Interamericana de Derechos Humanos que, justamente, obliga y recomienda al gobierno de la Argentina para que se sepa quiénes fueron los responsables. Más allá de que se los condene o no hay que individualizarlos. Si no, es continuar bajo la misma línea de claudicación ética que se inicia con el decreto 92 de Alfonsín en enero de 1987 con las instrucciones a los fiscales. Allí evidentemente hubo una política de cierre. Después vinieron las leyes de Punto Final, Obediencia Debida, los indultos y ahora estas formas de cierre que son todas formas de buscar no informar y no conocer la verdad.

--¿Cuál sería el mecanismo para poder llegar a la verdad?

--Cuando vino a verme el nuevo jefe del Estado Mayor del Ejército, Guillermo Brinzoni, conversé con él sobre este tema y él me aseguró que durante la gestión de Martín Balza buscaron en todas las unidades militares y no hay ningún tipo de documentación y dijo que no descartaba que pudiera aparecer en alguna caja fuerte de algún militar retirado. Lo que yo le decía era que más allá de que exista esa información o no, lo que puede hacer él es dar una orden concreta para que los militares den información, que es lo que están negando hasta ahora. El, como jefe del Estado Mayor, tiene la posibilidad de ya adoptar medidas, como por ejemplo respecto del teniente coronel Julián Corres. Según me dijo Brinzoni, a Corres lo sacó del frente del Destacamento de Inteligencia de Río Gallegos y lo mandó a un destino de menor cuantía o a una oficina en Buenos Aires.

--¿Eso está comprobado?

--Me lo dijo personalmente y supongo que tiene que ser así. Además, lo confirmó el general José Luis Udeca, comandante del V Cuerpo del Ejército que estaba al lado y ratificaba con la cabeza. El dijo que no podía condenar de antemano a nadie y por ese motivo no pasaba a retiro. Acá va a pasar como con Astiz: va a haber una condena por apología del delito y va a dejárselo en el cargo por todos los delitos cometidos cuando quedó demostrado en el juicio que fue responsable de seguridad del centro clandestino de detención La Escuelita. Con esa prueba habría que formar un sumario administrativo dentro del Ejército y pedir pruebas a la Cámara Federal. El video de las audiencias es más que suficiente para pasarlo a retiro inmediatamente. Es como el caso del general Eduardo Cabanillas. Si hay voluntad real, hay que excluir a todos los que están comprometidos con la represión ilegal. Tanto Brinzoni como el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas decían que el 60 o el 80 por ciento del Ejército es gente nueva que no tuvo nada que ver con aquel período. Sea 60 u 80 por ciento hay que ver si el resto --el 40 o el 20 por ciento que queda-- tuvieron alguna participación o no y si en algún caso se descubre que hubo participación, como el caso de Corres, tiene que pasar inmediatamente a retiro, sin chistar. De lo contrario, estamos en la otra política, la del cierre: hacemos un discurso de autocrítica pero dejamos las cosas como están.

--El capellán del Ejército Aldo Vara fue nombrado en las audiencias como partícipe de la represión y usted pidió su procesamiento. ¿Cómo es su situación actualmente?

--La Cámara me postergó varios pedidos para después de la feria. Yo pedí que se citara a declarar al dos médicos militares, pedí que se tomaran declaraciones al obispo Jorge Mayer y dijeron "téngase presente para su oportunidad". No sé cuál es la oportunidad, no logré desentrañarla. Respecto del cura Vara, lo pospusieron hasta que el Ejército informe en qué calidad revestía como capellán a fines de 1976 y 1977.

--Pedí que se lo procese por encubrimiento del delito de torturas que es un delito de lesa humanidad e imprescriptible. Eso se resolverá después de la feria.

--¿Cuáles son las expectativas sobre la causa para este año?

--Primero que no salga esta comisión que propone la subsecretaria de Derechos Humanos lo que significa que no nos saquen las causas a las cámaras federales. Segundo, que la Cámara fije un cronograma realmente amplio que nos permita presentar una cantidad numerosa de casos y poder citar libremente a todos aquellos que estén involucrados para que, por lo menos, aunque no sean juzgados estén sentados en el banquillo para que la gente pueda conocerlos y saber realmente cómo se dieron las cosas. Además, otra de las cosas que le dije al general Brinzoni es que él bien podría impartir la orden de decir la verdad en todo lo que sepan los militares. En esa conversación él me dijo "algo tenemos que hacer", refiriéndose a todos. Y después dijo: "No, no. Esto es responsabilidad del Ejército, alguna solución tenemos que buscar". Que la encuentren pero no tapando.

--Usted declaró en el juicio que lleva adelante el juez español Baltasar Garzón. ¿Cuál es su expectativa sobre los pedidos de captura que ordenó?

--Creo que hay que analizar caso por caso. Algunas afirmaciones que hicieron ciertos funcionarios del gobierno no son exactas, porque algunos casos sí se han juzgado en Argentina pero otros no. Entonces, bien puede proceder la extradición en los casos que no han sido juzgados. Además los jueces locales no tienen que analizar el fondo de la cuestión sino sólo si se cumplen las formalidades del pedido de extradición. Si están todos los requisitos reunidos se debe proceder a la detención y hacer el juicio de extradición correspondiente.

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