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Rodolfo Barra debería investigar por qué María Julia Alsogaray contrató como paisajista a su hija María Eugenia, quien cobró 12.500 pesos por supervisar la reforestación del río Matanza. El sucesor de la ingeniera pidió que el jefe de la Auditoría se inhiba |
Por Irina Hauser 
Hace tres años, Rodolfo Barra
trabajó como abogado consultor de la secretaría que lideraba
María Julia Alsogaray. Su hija, María Eugenia,
también fue contratada allí como arquitecta y paisajista,
especialidades que ya la habían hecho conocida en otros ministerios.
Estos datos serían anecdóticos si no fuera porque, en su actual cargo de
auditor general de la Nación, Barra tiene que dictaminar acerca del
desempeño de aquella repartición que lo contrató y, por transitividad,
tendría que opinar sobre sí mismo. Eso es lo que le cuestionó el actual
titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental,
Oscar Massei, al presentarle por escrito, el viernes pasado, la devolución
de un informe sobre el Programa de Desarrollo Institucional Ambiental
(Prodia), que se remonta a la gestión de María Julia. El documento, además,
ratifica la existencia de groseras irregularidades en contrataciones de
aquel plan y anuncia la intervención de la Oficina Anticorrupción.
Aunque el vicepresidente Carlos
"Chacho" Alvarez y el vicepresidente primero de la Cámara de
Senadores, José Genoud, se negaron a tomarle juramento el 14 de enero de
este año, Barra asumió. Por obra y gracia de Carlos Menem, los acuerdos
entre fuerzas y el aval del senador Antonio Cafiero --que finalmente
presidió la jura--, desde ese día el ex ministro de Justicia y ex
ministro de la Corte Suprema está a cargo de la Auditoría General de la
Nación (AGN), un organismo dependiente del Congreso que a lo largo de
este año tendrá como tarea revisar las cuentas y las contrataciones del
Estado correspondientes a parte del último gobierno. Recién el año próximo
auditará de lleno a la gestión actual.
La confección del escandaloso
escrito sobre el Prodia (ver aparte) terminó en octubre, durante el
mandato del auditor anterior, el radical Enrique Paixao. Señalaba, por
ejemplo, que la Secretaría de Recursos Naturales efectuó compras
directas de materiales para ese programa, abonando precios superiores
hasta en un 1000 por ciento a los corrientes en plaza. María Julia se negó
a formular observaciones al informe, pese a que fue puesto en su
conocimiento 45 días antes del fin de su gestión. El listado de
irregularidades fue revelado en exclusiva por Página/12, lo que llevó al
propio Barra a difundir un comunicado en el que trataba de minimizar los
cuestionamientos al área de medio ambiente que manejó Alsogaray.
Barra le facturó sus servicios
de asesor al Comité Ejecutor del Plan de Gestión Ambiental y de Manejo
de la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo, según la documentación que
acompaña el texto de Massei. Una de las facturas, por 7.500 pesos, indica
que se le habrían pagado cuatro cuotas en total. Si todos los pagos
fueron del mismo valor, el ex juez de la Corte habría ganado 30 mil pesos
por opinar, por ejemplo, que el ente regulador del agua (Etoss)
--encargado de controlar el cumplimiento de los contratos y la eficacia de
las concesionarias-- no tenía por qué intervenir en la renegociación
del contrato de concesión con Aguas Argentinas.
La propia María Julia admitió
la existencia de la relación contractual con Barra en una nota dirigida a
la Jefatura de Gabinete, el 11 de junio de 1997, en la que se hacía eco
de las recomendaciones del actual auditor general ante un requerimiento de
la Defensoría del Pueblo de la Nación. Estos convenios ya habían sido
denunciados por la diputada aliancista Alicia Castro.
La hija del ex ministro también
firmó contrato con el mismo comité que su padre el 29 de septiembre de
1999, según consta en la documentación elevada por Massei. Se comprometió
a "participar del equipo de supervisión de las obras de limpieza y
forestación de las márgenes del río Matanza-Riachuelo" por la suma
de 12.500 pesos. Sus actividades, como experta consultora, eran la
"supervisión de las obras de limpieza, forestación y mantenimiento
de márgenes, en los temas referentes a los planes de parquización y
forestación"; la "colaboración con el equipo de residuos sólidos
en los proyectos de parquización y forestación dentro del saneamiento de
los basurales clandestinos"; y "colaborar con la elaboración de
nuevos proyectos y en la confección de los pliegos licitatorios de las
obras de limpieza y forestación."
A la arquitecta y paisajista
Barra ya la conocían en otras reparticiones, según narraron a este
diario allegados a la Auditoría. La recuerdan yendo con una regadera y un
aerosol en mano, acompañada de un secretario, a lustrar las hojas de las
plantas de diferentes oficinas estatales. Por ésa y otras tareas, solía
cobrar entre 2 mil y 3 mil pesos.
Según el trámite habitual, ante un informe de la AGN, el titular
de la repartición evaluada debe hacer su devolución con o sin
observaciones, a favor o en contra. Después se somete a consideración
del Colegio de Auditores, actualmente integrado por tres menemistas --el
auditor general incluido--, un peronista y dos aliancistas. Si hay empate,
define el voto del presidente del cuerpo, o sea Barra. Recién al concluir
la ronda el balance es entregado al Parlamento.
En el caso del Prodia, ante el planteo de Massei lo esperable sería
que Barra se excuse. De todas formas, algunos viejos conocedores de la
Auditoría que se opusieron a la designación del ex ministro en ese órgano
dicen que se trata de una situación absolutamente inédita, pero que
"ahora que está ahí no hay nada que hacer y lo más probable es que
el Colegio de Auditores quede siempre de su lado". Un problema
similar se planteó cuando, a pocos días de asumir, Barra recibió un
pedido de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas para
que dictaminara sobre la actuación del Organismo Regulador del Sistema
Nacional de Aeropuertos (Orsna), un ente del que él mismo fue titular
durante el gobierno de Menem. Sin sutilezas, y para que nadie cante victoria, Massei le anunció al auditor general que ha "dado intervención a la Oficina Anticorrupción". Los investigadores comandados por el fiscal de control administrativo, José Massoni, ya están estudiando muchos más contratos de la gestión de María Julia que los señalados por la AGN. Tal vez analicen los que suscribió Barra como consultor para verificar su autenticidad.
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