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 Por Adriana Meyer@La Oficina Anticorrupción ya recibió su primer disparo y fue directo al corazón. Y la paradoja consiste en que el tirador es el abogado que fue el primer candidato para dirigirla. Jorge Edwin Torlasco �junto a su socio León Carlos Arslanian� presentó ante la Justicia un pedido para que ese organismo sea separado de su rol de querellante en las causas en las que está imputado el ex presidente del PAMI, Víctor Alderete. Los investigadores anticorrupción relativizaron el efecto de la movida de los abogados. �Nuestra competencia no está en discusión, está basada en una ley de la Nación� señalaron, aunque admitieron que �si tienen éxito la lucha contra la corrupción se vería afectada�. Torlasco se había negado a aceptar el cargo aduciendo que no le habían asegurado la autonomía funcional suficiente, la misma que ahora le cuestiona a Massoni. Los abogados de Alderete desplegaron su estrategia en el juzgado federal a cargo de Gabriel Cavallo, quien investiga una denuncia contra Alderete que formuló en septiembre Ricardo Monner Sans por la presunta compra directa de audífonos para hipoacúsicos a un valor que duplicaría el de mercado, a una empresa de reciente formación. Técnicamente, solicitaron una �excepción de falta de acción� y pidieron no sólo que Massoni pierda su atribución de querellante sino que sea anulado el decreto que le dio dicho carácter. En el escrito, al que tuvo acceso Página/12, argumentaron que �la facultad conferida al Ministerio de Justicia (y por delegación a la Oficina Anticorrupción) de actuar como parte querellante no resulta aplicable en este caso� porque el PAMI se encuentra �fuera del ámbito estatal y, además, sus fondos no pertenecen al erario�. Los ex camaristas �que en 1985 juzgaron a los ex comandantes� recordaron que �la naturaleza jurídica del Instituto� es la de �ente público no estatal�, y que la Corte Suprema estableció que los fondos de la obra social de los jubilados no pertenecen al Estado sino que �provienen del sector privado y son destinados a dicho sector�. En segundo término, Arslanian y Torlasco indicaron que �la Oficina Anticorrupción no tiene facultad alguna, por lo menos en la esfera judicial, para actuar de manera autónoma� porque debe actuar �en forma concurrente con la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas�. Concluyeron que �la intervención en la causa en carácter de acusador particular de quien no está facultado legalmente para ello resulta en desmedro del derecho de defensa y de la garantía del debido proceso�, y que la oficina que conduce el ex juez Massoni �se ha extralimitado de lo que resultaría ser su ámbito de competencia y, por ende, no existe sustento legal alguno para otorgarle el rol de querellante en este proceso�. Cavallo recibió otra copia de la misma presentación pero sobre otra causa en la que está imputado Alderete, por presunto encubrimiento de sobreprecios. Esta denuncia también fue impulsada por la Oficina tras el hallazgo de un expediente administrativo sobre irregularidades en la organización de una jornada en Mar del Plata, en 1994. Ese documento estaba entre las 96 cajas que el ex funcionario se llevó del PAMI, poco antes de abandonar el poder. El juez aún no se expidió y dio intervención al fiscal Carlos Cearras. La posibilidad de ser querellante que posee la Oficina, creada por la ley de Ministerios, le permite tomar parte activa en todas los procesos que ya están investigando las denuncias de corrupción del gobierno de Carlos Menem. Un denunciante no tiene acceso al expediente mientras que un querellante sí. De todos modos, los hombres de Massoni aseguraron a Página/12 que confían en la solidez de sus iniciativas, por lo cual las denuncias que presentaron y presentarán no se verían afectadas. Si bien reconocieron que la jugada apunta a la esencia de la actividad que despliega la Oficina porque �la capacidad de querellar es una de lasherramientas más importantes para ser efectivos en la lucha contra la corrupción�, destacaron que �nos quedan muchas otras facultades de averiguación de datos y búsqueda de la verdad para hacer denuncias�. También reconocieron que es posible que otros defensores de ex funcionarios adopten el modelo trazado por Arslanian y Torlasco pero dijeron creer que la mayoría de los jueces desestimarán sus pedidos. �Quizás logren dilatar los procesos, porque seguramente habría apelaciones, pero eso no afectaría nuestra capacidad de denuncia�, expresaron. Sobre la supuesta superposición con la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, los investigadores explicaron que �concurrencia sólo significa que se puede o no actuar en forma conjunta con ellos, pero la concurrencia igual no nos inhabilitaría�.
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