OPINION
Por qué Arslanian no debe hacerlo
Por Martín Granovsky |
Cuando
Página/12 reveló que León Arslanian había tomado la defensa de Víctor Alderete, muchos se sorprendieron. La sorpresa aumentó al saberse que de la defensa también participaba uno de los socios de Arslanian en el estudio, Jorge Torlasco, con quien, además, el ex ministro tiene un pasado común: ambos fueron miembros de la Cámara Federal que en 1985 condenó a los ex comandantes en uno de los juicios más importantes desde el proceso de Nüremberg.
En ese momento �últimos meses del �99, último tramo del gobierno de Carlos Menem� Arslanian venía de protagonizar un feroz choque con el entonces candidato a gobernador de Buenos Aires por el peronismo, Carlos Ruckauf. Ruckauf había prometido que, en caso de ganar, designaría un policía al frente de la ex Bonaerense. También había lanzado su grito de guerra: �Hay que meter bala a los delincuentes�. Arslanian intuyó que Eduardo Duhalde no enfrentaría a Ruckauf y renunció como ministro de Justicia y Seguridad de la provincia. Al irse, explicó que lo importante era salvar la reforma policial que había encarado gracias al consenso entre el peronismo y la oposición aliancista. Una reforma que, con excelente criterio, había intentado liquidar a la vieja Bonaerense disolviendo los feudos policiales.
Era sorprendente. El mismo jurista que leyó la condena a los ex comandantes el 9 de diciembre de 1985, el mismo que encabezó la valiente democratización de la policía, aceptaba defender a uno de los sospechosos más notorios de la Era Menem.
Sensible a las críticas, Arslanian suele defenderse con dos argumentos.
Uno, que no debe permitirse la condena mediática de un personaje.
El otro, que cualquier ciudadano tiene derecho al debido proceso.
La teoría política diría que tiene razón en ambas cosas. No alcanza con que un diario investigue e induzca sospechas sobre un funcionario -incluso sospechas bien fundadas� para que el sospechoso sea culpable. Solo será culpable cuando un juez lo condene.
También es evidente que el derecho a defensa debe ser sagrado, y contar con un abogado eficaz es parte de ese derecho a defensa.
El problema es que, durante el gobierno de Menem, buena parte del fuero federal se dedicó a frenar la pesquisa sobre funcionarios del gobierno de Menem. Era imposible obtener una condena. Que la idea de �condena mediática� se parece mucho al argumento de funcionarios de los que Arslanian recelaba cuando él también integraba el Poder Ejecutivo. Y que, además, Alderete hubiera conseguido de todos modos un buen abogado sin tener que limitarse al defensor oficial. No parece un indigente, ni da la impresión de que le falten contactos.
En otras palabras, ni Alderete ni el Estado de Derecho necesitaban de Arslanian.
Claro que Arslanian podría preguntar por qué otro abogado sí y él no, por qué dejar a un inocente sin asistencia, por qué plegarse a la condena social cuando no hay condena penal.
Cinco respuestas:
 Porque, más allá de las facultades de la Oficina Anticorrupción, Alderete debe ser investigado.
Porque Arslanian debiera aportar energías no a la defensa de Alderete sino a la acusación �legal, prolija, constitucional� contra el ex presidente del PAMI.
Porque la lucha contra la corrupción hoy debiera ser política común, transversal a los partidos políticos, como antes lo fueron el juicio a los criminales de la dictadura y después el ataque a la Bonaerense.
Porque la imagen de Arslanian ya no le pertenece solo a sí mismo; es un patrimonio social tras el juicio del �85.
Y porque, para un político, la defensa de Alderete no es una decisión profesional sino una decisión política. Sería decepcionante que fuera esa política �la del PAMI de Alderete y Matilde Menéndez�, la que eligió Arslanian para esta etapa de la Argentina. |
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