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El 9 de junio de 1998 había sido detenido por el juez federal de
San Isidro, Roberto Marquevich, y pasó casi un mes preso en la cárcel de
Caseros. Estaba acusado de ser el autor mediato de la apropiación de
cinco menores, hijos de desaparecidos, que habían sido entregados a
militares o personal de las fuerzas de seguridad y fueron inscriptos
falsamente como propios. En esas causas, Marquevich ya había procesado a
los autores inmediatos del delito, pero decidió avanzar hacia arriba en
la cadena de mandos, hasta que quedó comprometido Videla. El mismo día
de la detención del militar, Hebe de Bonafini se presentó en el despacho
del juez y le dijo que había tomado la decisión "por la necesidad
de Carlos Menem de aliviar la presión internacional". El entonces
presidente estaba en Francia y capitalizó rápidamente la noticia.
Pero el expediente pasó a manos del juez Bagnasco por decisión de
la Cámara Federal de San Martín. Las dos causas no pueden ser anexadas,
porque la que inició Marquevich se rige por el antiguo Código de
Procedimiento Penal, pero tramitan en forma paralela. Por ese motivo, técnicamente
Videla será interrogado en el marco del proceso por el cual fue detenido,
pero Bagnasco le preguntará --por primera vez-- por todos los casos que
componen la práctica sistemática, a excepción de los que corresponden a
la Escuela de Mecánica de la Armada. El juez está dedicado a la etapa
del proceso que comprende los nacimientos clandestinos ocurridos en
jurisdicción del Ejército. Videla es el eslabón superior de la cadena
de mandos, y tras el procesamiento del ex general Guillermo
"Pajarito" Suárez Mason será el turno de los cuadros
inferiores, entre los cuales se encuentra el ex jefe de Investigaciones de
la policía bonaerense en tiempos de Ramón Camps, comisario Miguel
Etchecolatz.
Los abogados de Videla recusaron al juez por supuesta
"enemistad manifiesta" con su defendido, en base a declaraciones
periodísticas, pero la presentación fue rechazada en primera y en
segunda instancias. En 1985 la Cámara Federal condenó a Videla a la pena de reclusión perpetua por su responsabilidad en cientos de crímenes de lesa humanidad, pero un indulto del ex presidente Carlos Menem lo liberó de la cárcel. Volvió al cautiverio, aunque sea en la comodidad de su hogar, porque los delitos contra menores no estaban comprendidos en las leyes de impunidad ni en los perdones presidenciales. Al igual que la mayoría de los imputados en la causa, Videla pidió el arresto domiciliario aduciendo problemas de salud. Y como tiene más de 70 años, la Justicia les concedió el beneficio. El ex presidente de facto dice que no se aburre en su departamento de Cabildo 539. Se mantiene en forma porque corre en una cinta, recibe visitas, contesta cartas y se dedica a la lectura, además de renegar con la informática. OPINION
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