Por M.G.
 �Ya
informé al Senado que ratificaba los ascensos�, dijo Ricardo López
Murphy, ministro de Defensa. Adolfo Gass, uno de los vicepresidentes de la
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, lo miró, paseó la vista
por el resto de los presentes y reflexionó en voz alta: �Entonces es
muy tarde�. Fue el momento más frío de una tensa reunión en la que
López Murphy quiso dejar en claro una cosa: no se propone dar vuelta
atrás aunque los organismos de derechos humanos sigan cuestionando los
pliegos. Ni siquiera tomará en cuenta que uno de los candidatos a
ascender perteneció a la Escuela de Mecánica de la Armada.
El encuentro, de poco más de una hora, fue el primero entre la APDH y
López Murphy, y el primero, también, donde fueron más las diferencias
que los acuerdos. La semana pasada el organismo había coincidido con
Adalberto Rodríguez Giavarini en que la Argentina debía tener una
posición dura sobre Joerg Haider y en que no podía desatender la
negociación sobre La Tablada con la Organización de Estados Americanos.
El ministro de Defensa, que estuvo solo, dijo a Gass, Simón Lázara,
Daniel Goldman, Sergio Di Gioioia y Horacio Ravenna que las Fuerzas
Armadas se habían adaptado bien a la penuria del presupuesto y elogió
que los oficiales pertenecen ya �dijo� a �las nuevas generaciones�.
Agregó que en cuestiones de subordinación militar al poder civil �por
suerte� la Argentina está más avanzada que Chile, Ecuador o Colombia.
La reunión habría sido una fiesta si no fuera por los ascensos.
Gass recurrió a un apunte y nombró algunos casos de oficiales
cuestionados.
Pedro Florido fue el oficial de la Marina que ordenó a un secuestrado de
la ESMA confeccionar un pasaporte falso para el jefe de la Logia
Propaganda Dos, Licio Gelli. Miembros argentinos de la P-Due fueron Emilio
Massera y Carlos Guillermo Suárez Mason. Según Víctor Basterra �el
secuestrado al que obligaron a realizar el pasaporte�, Florido también
asesoraba como abogado a los grupos de tareas de la Armada. Este diario
publicó en diciembre que Florido, quien actuaba en la ESMA a veces como
�Florindo�, trabaja como enlace de la Armada ante los jueces
federales.
Aldo Héctor Martínez Segón, del Ejército, estuvo procesado, pero la
ley de Obediencia Debida impidió que fuera condenado por la acusación de
haber participado en el asesinato de prisioneros en la masacre de
Margarita Belén.
Rodolfo Mujica figura en los archivos de la Comisión Nacional sobre
Desaparición de Personas como integrante de la represión en Catamarca.
Rafael Braga fue represor en Jujuy, siempre según la Conadep.
El ministro quiere ascender a todos ellos. Solo confirmó ayer a la APDH
que aceptó el cuestionamiento para dos oficiales, Carlos Enrique
Villanueva y Jorge Alberto Burlando. Villanueva participó en el campo de
concentración de La Perla, en Córdoba. Burlando fue auditor del general
Adel Vilas cuando éste reinó sobre la vida y la muerte en Bahía Blanca.
En realidad, López Murphy no hizo más que aceptar el criterio de Ricardo
Brinzoni, el jefe del Estado Mayor del Ejército. El último domingo, en
Clarín, Brinzoni hizo un planteo muy práctico de por qué no le conviene
ascender a un oficial manchado: �Quien ha sido objetado judicialmente en
su momento no merece ser coronel. Y además �siguió� no merece entrar
en un desgaste público que afecte a la familia y al Ejército por
cuestiones que han pasado hace 20 ó 25 años, cuando eran subtenientes�.
De inmediato, sin embargo, Brinzoni dejó la practicidad en el camino: �Sabemos
que los pliegos que se enviaron al Senado tienen algún tipo de mención
en el libro de la Conadep, pero también que son absolutamente subjetivas,
anónimas, sin fundamento, y creo que no merecen ningún tipo de crédito
si a esa denuncia no la acompaña una nota firmada o algo más concreto�.
El sucesor de Martín Balza dijo que el propio Ejército tiene en cuenta
los archivos de la Conadep y las objeciones del Centro de Estudios Legales
y Sociales.
�¿Es verdad que las denuncias son inconsistentes? �preguntó
Página/12 a Martín Abregú, director del CELS.
�Con esas declaraciones, Brinzoni pone sobre los organismos de derechos
humanos la carga de probar las denuncias. Pero es evidente que aquí las
leyes de impunidad impidieron enjuiciar a todos los sospechosos. Los
organismos no pudimos llegar a juicio porque la maquinaria judicial fue
interrumpida. Entonces, si la Justicia no pudo probar algunos delitos
porque no se la dejó hacerlo, es injusto ignorar ese dato ahora, con los
antecedentes de algunos oficiales en la mano.
Los pliegos habían sido enviados originalmente por la administración de
Carlos Menem e impugnados en su momento por varios senadores de la
Alianza, entre ellos los radicales Leopoldo Moreau y Raúl Galván,
presidente del bloque. Galván integra la Comisión de Acuerdos, que
preside el peronista chaqueño Horacio Zalazar.
Para influir sobre la voluntad del Senado, hace dos semanas Brinzoni y su
colega de la Marina, Joaquín Stella, intercedieron ante los legisladores
en favor de una señal de luz verde para los oficiales bajo examen.
Los senadores no dieron ninguna respuesta, pero López Murphy parece
haberse anticipado. Ya comenzó su carrera contra ellos.
| ¿Habrá catarata de juicios?
La preocupación del Gobierno es que se
produzca un alud de procesamientos de militares en actividad. La
inquietud quedó clara en el encuentro de Ricardo López Murphy con la
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
�Si seguimos así, ¿no habrá una catarata de juicios? �preguntó
López Murphy durante la reunión.
�No. No hay ninguna posibilidad de una situación como la de 1987
-respondieron los dirigentes.
Aunque no había pruebas suficientes para condenar a más de 20 o 30
oficiales, en 1987 el gobierno de Raúl Alfonsín tuvo la percepción
de que serían miles los oficiales citados por la Justicia por la
masacre de la dictadura. La sublevación de la Semana Santa del �87
dijo basarse en que oficiales en actividad habían recibido citaciones
judiciales, y aceleró la ley de Obediencia Debida, que el gobierno
quería promulgar por sí mismo desde antes.
En la reunión de ayer los dirigentes de la APDH alertaron contra �una
campaña verbal que pronostica problemas graves cada vez que hay una
citación�.
Luego describieron a López Murphy los cuatro tipos de juicios en
marcha: los que siguen el derecho a la verdad, las causas por el robo
de chicos, los procesos que consideran como delito permanente a la
desaparición forzada y los juicios en el exterior, donde además de
Baltasar Garzón actúan la justicia alemana y la italiana.
La conclusión de la APDH fue simple: �No hay ningún riesgo de
imputación masiva�. |
OPINION
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