Página/12 en Gran Bretaña
Por Marcelo Justo desde Londres
 Se fue. Con
el rabo entre las piernas, el general Augusto Pinochet escapó finalmente
ayer del brazo de la Justicia. Después de 16 meses, dos semanas y un día
de arresto, el ex dictador quedó en libertad, gracias a la decisión del
ministro del Interior británico Jack Straw de suspender el proceso de
extradición por razones de salud. En el curso de una tensa mañana, los
gobiernos de España, Bélgica, Francia y Suiza indicaron uno tras otro
que no apelarían el dictamen, a pesar de los cuestionamientos que
hicieron al informe médico en el que Straw fundamentó su decisión.
Las organizaciones de derechos humanos criticaron duramente al ministro
del Interior, que fue igualmente cuestionado por la Justicia de los
países solicitantes y por la respetada Comisión Internacional de
Juristas, que lo acusó de favorecer la impunidad. Hacia la una y cuarto
de la tarde (hora londinense) de un día apropiadamente tormentoso, estas
y otras críticas dejaron de importar: el Boeing 707 de la Fuerza Aérea
Chilena despegaba de la base de Waddington al nordeste de Inglaterra
llevándose al general Pinochet y el sueño de justicia que empezó con su
arresto el 16 de octubre de 1998.
La libertad del general se concretó con la precisión de un operativo
minuciosamente cronometrado. La primera indicación de la velocidad que
adquirirían los hechos se produjo a las cinco de la mañana, cuando el
Boeing 707 que había aguardado durante seis semanas en la base militar de
Brize Norton, unos 30 kilómetros al norte de Londres, desapareció del
lugar con destino desconocido, provocando los primeros rumores del día de
que el ex dictador se encontraba camino a Chile. A esa hora era imposible
que Pinochet estuviera de regreso porque Straw aún no había formulado su
anuncio y, por lo tanto, el general seguía bajo arresto domiciliario,
pero la versión, preñada de pálpito y temor, prenunciaba lo que
sucedería luego.
A las ocho de la mañana se dio a conocer la decisión del ministro del
Interior, que técnicamente dejaba en libertad al general, y una media
hora más tarde el ministerio empezó a distribuir las 32 densas páginas
en que fundamentaba la suspensión del proceso de extradición. El
dictamen de Straw apenas dejaba resquicios conceptuales o temporales para
una apelación. A España se le negaba la extradición en base a las
amplias atribuciones que el derecho británico concede al ministro del
Interior para determinar si un caso de extradición sirve a los
propósitos de la justicia, y rechazaba los pedidos de los restantes tres
países porque los delitos por los que solicitaban la extradición no
están contemplados por la ley británica en la fecha en que supuestamente
fueron cometidos por el general. Más contundente aún era la falta de
tiempo para que los cuatro países leyeran el documento, decidieran si
había fundamentos para apelarlo y solicitaran una orden de no renovar al
juez correspondiente, cuyo tribunal abría a las 10 de la mañana, para
que volviera a poner al general bajo arresto.
Poco antes de esa hora, a las 9.55, una reducida caravana policial salió
por un portal trasero de la residencia de Wentworth evitando el cerco de
manifestantes que rodeaba la mansión donde el general pasó los últimos
14 meses de su extraordinaria travesía británica. En la camioneta del
medio, de vidrios opacos, viajaba el general. El destino se encontraba a
más de 200 kilómetros, en la base militar de Waddington a la que se
había trasladado el Boeing 707, para evitar posibles manifestaciones y/o
atentados. Cuando a las 12.55 la caravana llegó a destino, España,
Francia, Bélgica, Suiza y las organizaciones de derechos humanos ya
habían tirado la toalla. El anuncio de Francia en el mismo sentido era
inminente, pero igualmente el embarque se realizó con la misma precisión
y celeridadcon que se hizo cada movimiento. A las 13.05 el avión empezaba
a dar vueltas en la pista, unos diez minutos más tarde el Boeing 707
despegaba en medio de una intensa tormenta. Entre la llegada al aeropuerto
y la partida habían mediado unos 20 minutos.
Straw compareció ante el Parlamento minutos después de que el avión
despegara y anunció que el general ya no se encontraba en la
jurisdicción británica. En un intento de justificar su decisión, Straw
indicó a los diputados que era consciente de �la gravedad de las
acusaciones que se le hacen al senador Pinochet�, del �sufrimiento que
experimentarán los que padecieron la violación de los derechos humanos
en Chile� y de que �muy probablemente el senador Pinochet no será
enjuiciado nunca�. Straw admitió que había recibido unas 70 mil cartas
y e-mails pidiéndole que no suspendiera el proceso de extradición, pero
que su estado de salud �no hacía posible� proseguir adelante. El
ministro hizo particular hincapié en la condición mental del general
que, según el equipo de cuatro médicos que lo revisó el pasado 5 de
enero, tiene la memoria afectada, una capacidad limitada para comprender
oraciones complejas y para expresarse, todas deficiencias que, en opinión
de Straw, afectarían fundamentalmente su capacidad para participar en un
juicio. La izquierda laborista y jueces de los cuatro países
intervinientes desataron luego una lluvia de críticas, y la Fiscalía
suiza llegó a decir que Gran Bretaña era un �paraíso para criminales�.
Straw tuvo sus defensores. El premier Tony Blair lo felicitó por su
estricto apego a la ley en el manejo de un caso �extremadamente difícil�
y la ex primera ministra Margaret Thatcher por dejar libre al hombre que
tanto había ayudado a Gran Bretaña en la guerra de las Malvinas. Más
allá de los elogios, las críticas, y de la probable componenda política
que animó su decisión final, el mismo ministro del Interior insinuó el
impacto más duradero que tendrá el caso. En su intervención
parlamentaria Straw señaló que el dictamen de la Cámara de los Lores el
pasado 24 de marzo, negando que Pinochet tuviera inmunidad por su
condición de ex jefe de Estado, es un �hito en el derecho internacional
cuyo impacto se va a sentir muy lejos y será el legado final del caso�.
�El desafuero es el
primer paso para juzgar al senador�
Por Florencia Grieco
Fueron casi 17 meses
de especulaciones judiciales y cálculos políticos. Ahora, a pesar del
final del capítulo londinense del caso Pinochet, las especulaciones
continúan, pero la pregunta que se impone es si el juicio del ex dictador
que no terminó en los tribunales de Madrid tendrá finalmente una
culminación en los de Santiago. La respuesta que también parece imponerse
es que en Chile hay demasiados �filtros� como para que Pinochet sea
juzgado. El abogado chileno Roberto Garretón, especialista en derechos
humanos, reconoció a Página/12 que el �efecto Garzón� se siente
incluso entre los jueces de Chile, pero con �una clase política que no
habla de las atrocidades de la dictadura�, el futuro de Pinochet parece
bastante alejado de los tribunales.
�¿Qué condiciones hay en Chile para juzgar a Pinochet?
�Yo hice un informe que fue presentado un año atrás ante la Cámara de
los Lores por Human Rights Watch, que es parte en el proceso de
extradición, donde decía que era imposible juzgar a Pinochet en Chile. Ese
juicio lo mantengo pero con matices. El caso Pinochet ha hecho cambiar en
parte a los jueces chilenos, que desde su arresto han enjuiciado a muchos
militares, incluidos tres generales, por violación de los derechos humanos
durante la dictadura. Pero a pesar de este progreso, juzgar a Pinochet me
parece más difícil que juzgar a estos generales. No creo que exista un
ambiente político-cultural-judicial en que los jueces chilenos hayan
asumido como atroz lo que son atrocidades. Es decir, un juez chileno ve un
caso de tortura como si fuera un choque de autos, porque la clase política
chilena no ha dado señales de un �Nunca Más�, y ésa es la gran
diferencia que hay en Chile con una sociedad civil horrorizada con Pinochet.
�¿Cómo es el procedimiento de desafuero para poder juzgar a un senador?
�El desafuero se basa en que los parlamentarios no pueden ser juzgados sin
una autorización previa de otro órgano, en este caso de la Corte de
Apelaciones del lugar donde se cometió el delito, y no el Senado. Ahora, si
me pregunta si yo creo que Pinochet va a ser desaforado le digo que me temo
que no. No digo definitivamente que no, porque algo ha cambiado, porque el
efecto Garzón influyó en todos los jueces del mundo. Pero al dictar fallos
en causas tan complejas y de tanta trascendencia política, los jueces
tienen que tomar en consideración todo lo que piensa la sociedad civil.
Para eso se requiere que haya señales claras de que tanto la sociedad civil
como la clase política no aceptan la impunidad de crímenes de lesa
humanidad. Y en Chile eso no ocurre; la clase política no dice una sola
palabra, entonces los jueces pueden pensar ¿y por qué voy a tomar yo la
responsabilidad de cosas de las que los partidos políticos no hablan?
�¿No hay una ley que impida que sea juzgado por cuestiones de edad o de
salud?
�No, pero la persona que carece de facultades mentales no puede ser
juzgada.
�Para llegar a eso habría que someterlo a nuevos exámenes médicos.
�Evidentemente. Aunque allí no se necesita la aceptación de Pinochet. El
juez puede someterlo a la realización de nuevos exámenes y esto no es
cuestión de ganas personales.
�¿En qué condiciones judiciales llega Pinochet a Chile?
�En este momento él está acusado, entendiendo que es el nivel mínimo
judicial. Hay decenas de acusaciones en su contra que no fueron rechazadas
de plano por el juez, que las está tramitando e investigando. Pero él
llega a Chile en libertad, y mientras no haya una orden de detención puede
salir del país, aunque no creo que lo haga después de esta experiencia.
�¿Qué posibilidades hay de que el caso quede en manos de un tribunal
militar?
�Si Pinochet pidiera que lo juzgara un tribunal militar, se produciría un
problema tremendo. El dice que era presidente de la República, y nosotros
decimos que cometió los crímenes justamente como presidente, peronos
importa muy poco que además haya sido comandante en jefe de las Fuerzas
Armadas. Entonces, si quiere que lo juzgue ese tribunal especial no sólo
tiene que pedirlo, sino también ganarlo. Para eso tiene dos alternativas: o
le pide al mismo juez que está investigando ahora que se inhiba de seguir
haciéndolo y envíe la causa al tribunal militar, o pide a ese tribunal que
solicite al juez civil que decline su jurisdicción. En realidad, si surge
un conflicto lo resolverá la Corte Suprema, y allí se decide si el caso va
a un tribunal militar o a uno civil. Yo creo que en esa instancia
ganaríamos nosotros y la causa seguiría en manos civiles. En eso algo ha
cambiado Chile. Pero creo que la situación va a llegar hasta el filtro del
desafuero, y me temo que por ahí no va a pasar.
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Pinochet fue liberado por �razones de salud�, sin un veredicto que
lo exima de los delitos de tortura a los que finalmente se redujo su
caso.