Por Nora Veiras
 Recién
el lunes llegará a la Secretaría General del Ejército, a cargo del
general Eduardo Alfonso, la documentación que ayer pudieron haber
encontrado sobre la represión ilegal. Por orden del titular de la fuerza,
general Ricardo Brinzoni, todas las unidades militares del país dedicaron
el día a la búsqueda �exhaustiva, no sólo en sus archivos sino en
cualquier lugar de una dependencia militar�, explicaron. �Por ahora no
tenemos nada�, repetían anoche los oficiales en el Edifico Libertador y
a lo sumo arriesgaban que hoy habrá un primer informe.
�Si después de esto aparece algo, los responsables serán los jefes de
unidad, de regimiento y de cuerpo que no hayan buscado ni informado
adecuadamente�, explicó un alto oficial del Estado Mayor del Ejército.
Brinzoni sostiene que en la �institución� no hay nada y consideró
que a lo mejor podría aparecer algo en la casa de algún oficial retirado
que haya actuado en los 70.
El ex titular del Ejército, Martín Balza, aseguró en reiteradas
oportunidades que en la fuerza no sobrevivió ninguna documentación que
dio marco al terrorismo de Estado porque en 1983, el entonces general
Cristino Nicolaides dispuso la �incineración� de todo ese material.
A pesar de esa afirmación, la Justicia en distintas causas elevó pedidos
a la fuerza para que aportara los documentos existentes sobre el tema. �No
hay listas de desaparecidos�, repitió Balza.
Hace dos semanas, el juez federal Claudio Bonadío, quien investiga una de
las tres causas relacionadas con el Operativo Cóndor, solicitó el �Plan
de Capacidades Orden Interna�, es decir el despliegue operativo del
Ejército durante la dictadura y las modificaciones específicas dado que
los manuales se adaptaron en esa época a la lucha antisubversiva. El
secretario general del Ejército respondió que �no obran copias de
planes militares que fueron ejecutados� y tampoco hay archivos de �los
reglamentos de entrenamiento de los oficiales en actividad sobre la lucha
con fuerzas regulares o irregulares�. Bonadío consideró �irrespetuosa�
la contestación teniendo en cuenta que el Ejército se caracteriza por
resguardar todo. El juez citó entonces a Brinzoni, quien declaró por
escrito y aseguró a la prensa que no tenía constancias sobre el Plan
Cóndor. Una respuesta llamativa dado que hasta el propio Departamento de
Estado de Estados Unidos desclasificó los documentos secretos que prueban
la existencia del operativo de represión conjunta en el Cono Sur.
Cuando Brinzoni anunció la decisión de vender la sede del ex Batallón
601, corazón de la Inteligencia Militar, el juez Adolfo Bagñasco le
solicitó al Ejército que tome recaudos para resguardar la documentación
de ese edificio ubicado en Viamonte y Callao. �Llevo a su conocimiento
que la búsqueda efectuada en el citado organismo no ha permitido ubicar
documentación que coincida con lo requerido�, respondió el general
Alfonso y, al mismo tiempo, anunció la búsqueda efectuada ayer. El
coronel Enzo Molino es el jefe del ex 601, ahora denominado Central de
Reunión de Inteligencia Militar, y todas las miradas de los organismos de
derechos humanos se concentran en cuál será el informe que elevará a
sus superiores.
La Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira,
presentó un oficio el martes pasado ante la jefatura del Ejército
advirtiendo que �es imposible realizar en forma acabada y seria la tarea
que se pretende en sólo una jornada� y sugirió que se convoquen a
expertos y organismos para buscar y analizar la información. El director
del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), Martín Abregú,
también recomendó la participación de �expertos en material
documental �historiadores, archivistas, profesionales con experiencia en
investigación de violaciones a los derechos humanos� y de la de quienes
conozcan los recorridos burocráticos de la información del Estado�.
Los uniformados hicieron caso omiso de las sugerencias y apelaron a sus
propios �instructivos�. El libro de nacimientos del Hospital de Campo
de Mayo, hallado hace pocas semanas en el marco de uno de los juicios de
la Verdad, en el que se detectaron irregularidades que abren caminos para
buscar el registro de nacimientos ilegales, es una muestra de los
documentos que podrían encontrarse con una búsqueda idónea y minuciosa.
�Todo lo que se encuentre será enviado a la Justicia�, aseguró el
jefe del Segundo Cuerpo con asiento en Rosario, general Pacífico Luis
Britos. Los militares apuestan a cerrar ese capítulo y no tener que
seguir dando explicaciones sobre los �documentos del pasado�.
OTROS EX JERARCAS DEL
PROCESO CITADOS POR BAGNASCO
Tres más camino a prisión
Por Adriana Meyer
Los ex generales
del Ejército Juan Bautista Sasiaiñ, Santiago Omar Riveros, y Jorge
Olivera Rovere fueron citados por el juez federal Adolfo Bagnasco para
prestar declaración indagatoria en la causa que investiga la práctica
sistemática de apropiación de los hijos de los desaparecidos durante la
dictadura. Los tres serán interrogados por la responsabilidad mediata que
tuvo el Ejército en ese plan tras lo cual podrían quedar detenidos. A
fines de marzo estaría concluida la instrucción de este proceso, tras lo
cual el juzgado empezará a preparar la elevación a juicio oral.
El general de brigada Sasiaiñ estuvo a cargo de la zona 11 bajo cuya
jurisdicción estuvieron los centros clandestinos Pozo de Banfield,
Comisaría 5ta. de La Plata, La Perla y La Cacha, entre otros. El general
de división Riveros fue comandante de Institutos Militares y tuvo a su
cargo el Hospital Militar de Campo de Mayo, mientras que Rovere mandaba
sobre la zona de Capital Federal, es decir, sobre Automotores Orletti. En
todos esos campos de concentración fueron verificados partos
clandestinos. Sasiaiñ, Riveros y Olivera Rovere deberán presentarse el
16, 21 y 24 de marzo respectivamente, y podrían quedar detenidos.
Sasiaiñ estuvo procesado por los delitos de lesa humanidad cometidos
entre febrero y diciembre de 1976. También fue responsable de los centros
clandestinos que funcionaron en la Unidad Penitenciaria 1 de Córdoba y en
el Hospital Militar de esa provincia. La Corte Suprema de Justicia lo
desprocesó en mayo de 1988, en aplicación de la ley de Obediencia
Debida. Riveros fue responsable máximo de la zona IV, entre setiembre de
1975 y febrero de 1979. Riveros llegó a defender la represión ilegal
ante la Junta Interamericana de Defensa y provocó un escándalo
internacional. No fue beneficiado con la ley de Punto Final y en 1988
pretendió ampararse en la ley de Obediencia Debida pero la Cámara
Federal de San Martín le negó el beneficio. También el entonces
procurador general de la Nación, Andrés D�Alessio, se opuso a
concederle la excepción que le evitaba comparecer por diez casos de
homicidio y otros veinte de torturas. Finalmente fue indultado por el ex
presidente Carlos Menem, en 1989.
Olivera Rovere no fue beneficiado con las leyes de Punto Final y
Obediencia Debida y continuó procesado hasta que obtuvo el indulto. Está
procesado por el juez español Baltasar Garzón, en la causa por
genocidio. La investigación iniciada en 1996 a partir de la denuncia de
las Abuelas de Plaza de Mayo demostró que existió una práctica
sistemática por la cual los ex jefes militares se apropiaron de los hijos
de los desaparecidos en la Escuela de Mecánica de la Armada, donde
funcionaba una maternidad clandestina. El capítulo �Ejército� abarca
los nacimientos ocurridos en la Zona I, a cargo de Carlos Suárez Mason,
quien ya está procesado.
OPINION
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