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Por Laura Vales 
Una secretaria dio la voz de aviso y todos corrieron a la sala de prensa
para pegarse al televisor. A las cinco y cuarto de la tarde, en el edificio
del Ministerio de Justicia, donde funciona la Oficina Anticorrupción,
la detención de Víctor Alderete voló de boca en boca
por los pasillos, los llamados telefónicos se interrumpieron, los
escritorios quedaron desiertos y por diez minutos no pareció existir
nada más en el mundo que esa imagen repetida en la pantalla: la del
ex titular del PAMI descubierto por la policía cuando salía
del edificio de uno de sus abogados. Primero, semiescondido en las sombras
del asiento trasero del auto, enfocado después en primer plano por
la cámara, alejándose finalmente rumbo a los tribunales entre
dos fornidos federales de civil.Hubo un llamado de Cecilia Felgueras, la interventora del PAMI, para felicitar a José Massoni por el trabajo hecho. El jefe de los fiscales debió haberse lamentado por lo bajo porque su televisor –el único en el piso– no capta los canales de noticias. Dicen que tuvo que conformarse con informarse a través de los cables de agencia, y que más que euforia -un sentimiento que ayer todos se esforzaban en disimular– lo que hubo fue verdadero alivio. Es que en los últimos días, en la Oficina Anticorrupción se temió que Alderete se fugara del país justo cuando estaba a un paso de caer en la red. Incluso ayer, antes de que Bagnasco librara la orden de captura, hubo reuniones en las que se barajó la posibilidad de pedir su detención preventiva. Los hombres de Massoni tienen una relación difícil con Bagnasco, que se opuso a reconocerlos como querellantes en la causa. En parte por eso, y en parte remitiéndose a “años de historia argentina”, ayer no se cansaron de repetir “que recién estamos en la indagatoria y hay que ver si hay condena antes de festejar”. La denuncia que acaba de dejar preso al primer funcionario del menemismo tras las rejas fue redactada entre esas paredes e implicó un giro en el modo de enfocar los hechos de corrupción en la obra social de los jubilados. Básicamente, porque su eje central no es un hecho de corrupción puntual sino la existencia de un plan sistemático, implementado por Alderete y los suyos, para manejar sin rendir cuentas a nadie el enorme presupuesto de 2400 millones del PAMI. La investigación de ese denunciado plan sistemático tiene su historia. Cuando el 15 de diciembre pasado el Gobierno intervino la obra social, un grupo de técnicos recorrió el edificio piso por piso. Además de armarios en los que no había quedado un solo papel y computadoras convertidas en carcasas vacías, de las que alguien se había tomado el trabajo de borrar hasta los procesadores de textos, la primera impresión fue que el PAMI estaba ganado por el desgobierno. Había funcionarios con cargo pero sin funciones, contratos que no aparecían por ningún lado y empleados que ni siquiera tenían en claro quién era el jefe de su área o si alguien efectivamente recibía sus informes. Dos semanas más tarde los investigadores de la Oficina Anticorrupción se instalaron en el edificio de Perú y Diagonal Sur. Cuatro de ellos –dos mujeres y dos hombres– fueron los encargados de tratar de desmenuzar la lógica oculta tras el aparente caos, con el apoyo de un quinto abogado que se centró en las cuestiones jurídicas y la coordinación del titular de la OA, José Massoni, y del director de Investigaciones, Manuel Garrido. “Estudiamos un management delictivo”, dijo ayer uno de ellos. “Hubo una percepción –creo que no sólo nuestra sino también pública– de que los hechos de corrupción tenían como trasfondo común la destrucción de todos los mecanismos de control, por lo que Alderete y los suyos pudieron hacer lo que quisieron”. Por eso, en el camino de reconstruir el entramado del plan sistemático, los mejores aliados resultaron ser los viejos funcionarios de carrera del PAMI, que habían sido muy relegados y perjudicados por la gestión deAlderete y que aportaron datos con resguardo de nombre o insistieron en que se prestara atención a determinados contratos. Hubo también antiguos prestadores que en pleno gobierno menemista recibieron documentación desde adentro del PAMI. Y en algunos casos, como el de un sobreprecio cercano a los dos millones de pesos en la contratación de servicios de limpieza, la punta inicial llegó a los investigadores en un papel sin remitente. En la Oficina Anticorrupción definen su denuncia como una “aplanadora”. “Estamos convencidos de que hubo un plan organizado para cometer hechos delictivos y que lo demostramos”, sostienen. La presentación, además de a Alderete, apunta contra otros ocho ex funcionarios del PAMI, pero no tiene una sola referencia a la evidente cobertura política que el mejor amigo del ex presidente Menem –la única voz que hoy lo defiende públicamente– debió tener para concretar los delitos que se le endilgan. Un camino que, al menos hasta ahora, todavía no se empezó a recorrer. Pero con Alderete preso por asociación ilícita, se estudia la posibilidad de pedir que Bagnasco acumule las otras causas abiertas contra él. Una medida que sería el mejor reaseguro para mantenerlo tras las rejas.
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