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Por David Cufré 
El Gobierno acordó con las tabacaleras una modificación
del esquema impositivo de los cigarrillos para aumentarles su rentabilidad
y generar, a la vez, un eventual incremento de la recaudación fiscal.
Una de las derivaciones de la medida será un recorte de 100 millones
de pesos este año y más de 250 millones el próximo
al presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social. El retoque en los impuestos,
que supone la eliminación del aumento al gravamen a los cigarrillos
que se aprobó en la última reforma tributaria, le quita a
la cartera de Graciela Fernández Meijide la recaudación de
un fondo con asignación específica. Consultada por Página/12,
la ministra se defendió y dijo que “no se va a tocar un peso
a nuestro presupuesto. Si nos sacan de un lado, nos tendrán que dar
de otro”. Fernández Meijide comentó que estuvo reunida
ayer con José Luis Machinea y ni siquiera hablaron del tema, “porque
lo que estamos viendo es cómo aumentar nuestras partidas, no disminuirlas”.
Pese al optimismo de la ministra, en Economía prefirieron guardar
silencio sobre esa eventual reasignación presupuestaria. En caso de no ocurrir lo señalado por Fernández Meijide, habrá un conflicto de proporciones en el gabinete, ya que la poda a las partidas de Desarrollo Social supone un recorte sustancial a la capacidad de acción de la ministra. Los otros damnificados por el acuerdo que tejió Machinea con Nobleza Piccardo y Massalin Particulares serían los consumidores, quienes soportarían una suba en el precio de los cigarrillos, aunque hasta anoche las empresas no terminaban de admitirlo. El convenio surgió ante la confluencia de intereses entre el Ministerio de Economía y las tabacaleras. Machinea vio la posibilidad de lograr una probable suba de la recaudación. Y las tabacaleras, de recuperar la rentabilidad perdida con el último paquete impositivo. Con esa premisa, lo que se resolvió fue retrotraer gradualmente la suba del impuesto de emergencia sobre los cigarrillos, aprobada en el paquete de diciembre. Y suspender las exportaciones de cigarrillos a países limítrofes para impedir el contrabando. Con esto último, medida drástica y muy llamativa, se elimina la principal fuente de contrabando y el grueso de una evasión impositiva que asciende a 300 millones de pesos al año. La ganancia para el Gobierno es que se ahorra los reintegros de IVA a la exportación que hoy paga a Nobleza, la única tabacalera que vende al exterior. Además, la Alianza podrá capitalizar el logro político de haber resuelto un problema crónico. Por el lado de las tabacaleras, el aumento del impuesto de emergencia sobre los cigarrillos, del 7 al 21 por ciento, supuso una pérdida de rentabilidad cercana al 50 por ciento. Esto es porque la suba del gravamen alteró la ecuación que empresas, productores de tabaco y comercializadores –tanto mayoristas como minoristas– obtienen por la venta de cigarrillos. El margen de ganancia de Nobleza Piccardo y Massalin bajó de 7 por ciento por cada atado, a cifras que rondan el 3,5 y el 5 por ciento, según el caso. La diferencia surge porque las compañías trasladaron parcialmente a los consumidores el aumento impositivo, y absorbieron otro tanto. De allí que las empresas gestionaron la medida para recuperar ganancias. Machinea se interesó por la idea, pero ante el riesgo de que la rebaja impositiva propuesta por Nobleza y Massalin ocasionara una caída de la recaudación, pidió la firma de un acuerdo fijando pautas de ingresos a las arcas públicas, que las compañías deben cumplir sí o sí. De lo contrario, se dará marcha atrás con el pacto y se volverá a aumentar el impuesto, según establece el decreto ya firmado por el ministro de Economía y que Chacho Alvarez –en ejercicio de la presidencia– se aprestaba a rubricar anoche. Las tabacaleras se comprometieron a generar una recaudación de 590 millones de pesos entre julio y octubre –cuando el impuesto baja de 21 a 16 por ciento–, de 608,6 millones entre octubre y febrero del 2001 –elimpuesto cae de 16 a 12 por ciento–, y de 601,4 millones entre febrero y junio –el impuesto baja al 7 por ciento–. El único problema con todo este entramado es que la recaudación del impuesto que se elimina va directamente a Desarrollo Social. Fernández Meijide podría convertirse en el pato de la boda del acuerdo, aunque ella lo negó expresamente. En principio, en lo que queda del año, habría 100 millones de pesos menos para los programas sociales. La solución sería una reasignación de partidas en el gabinete, aunque ayer nadie en Economía quiso confirmarlo.
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