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Los timberos que anoche apostaron en el casino flotante no sabían
que estaban jugando lo suyo con una cuota de suerte extra, la de que el
barco Estrella de la Fortuna continuara abierto. Es que ayer el juez en
lo penal económico Marcelo Aguinsky ordenó la suspensión
de las actividades a bordo del buque, ya que esta semana la propia Dirección
General de Aduanas revocó la autorización para que la nave
de bandera norteamericana funcionara en aguas argentinas. Esa medida judicial
se basa en la presunción de que la empresa Cirsa SA, propietaria
del casino, habría cometido “contrabando” al ingresar el
barco al país bajo la modalidad de “importación temporaria”,
consiguiendo así una exención impositiva de 13 millones de
pesos. Sin embargo, la resolución de Aguinsky quedó en nada
gracias a un juez federal de La Plata, que accedió a un pedido de
“no innovar” de los empleados del Casino, fundada en “la
imperiosa y dramática necesidad de mantener los puestos de trabajo”.
A la que se le sumó por la tarde una medida cautelar de un juez porteño
a favor de la empresa.La denuncia que investiga el juez Aguinsky fue realizada en octubre por un grupo de diputados de la Alianza que descubrió en la instalación del buque en el país un ahorro de 13 millones en impuestos. Ese número no es poco para el grupo económico español Cirsa, liderado por los hermanos Lao, quienes comenzaron en el negocio de la fortuna en 1989 cuando lanzaron al mercado los tragamonedas que hoy son una plaga en los bares ibéricos. Cirsa es un holding internacional que en el ‘99 facturó 200 millones de dólares y tuvo como ganancias sólo en el primer trimestre de ese año alrededor de 12 millones, cifra parecida a los que evitó pagar al Estado con el ingreso del Estrella. La reglamentación argentina indica que existen dos formas de instalar en aguas nacionales un barco extranjero. Una de ellas es con su importación permanente, un trámite que implicaría el pago de tasas aduaneras –en este caso, por esos 13 millones–. La otra es que, siempre que el barco haya sido alquilado y no comprado, se lo ingrese como una “importación temporaria”. Como una forma de promover actividades productivas, el Gobierno nacional creó el decreto 343/97, por el cual los buques importados temporariamente quedan exentos de pagar impuestos aduaneros. Ese fue el régimen aprovechado por los españoles para traer hasta el Riachuelo el barco que fue armado en Nueva Orleans, Estados Unidos. En esa trama es que se metió el diputado Manuel Martínez, de la Alianza, quien hace 20 días hizo ante Aguinsky una ampliación de la denuncia en la que detalló el supuesto mecanismo irregular de Cirsa. “Analizando la documentación que la empresa presentó ante la Aduana y ante el juzgado, descubrimos dos contratos diferentes en cada lugar. Ante la Aduana alquilan el barco, claro que a una empresa del mismo grupo económico. En el juzgado presentaron el contrato de compra, o sea que es evidente una maniobra”, le dijo ayer a este diario el diputado Manuel Martínez. Con esos papeles en la mano, Martínez le pidió a la Aduana que cotejara los documentos y luego de ello fue que las autoridades de la AFIP decidieron revocar la autorización de importación temporaria. Comunicado sobre la medida, el juez Aguinsky notificó a la Aduana y a la Prefectura Naval Argentina que “no se otorga el derecho a uso del buque Estrella de la Fortuna para ningún tipo de actividad comercial, industrial o de transporte que implique la navegación”, lo que incluye el uso del barco como sala de juegos. En la empresa Cirsa aseguran que los contratos de alquiler son legales y que se realizó una compleja operación que está contemplada en la reglamentación. El camino para lograr la exención impositiva implicó una compra a un armador de Lousiana y luego un alquiler a una empresa de Bahamas que, según fuentes judiciales, sería sólo una firma tras la cual están los mismos dueños de Cirsa. Pero es algo que la Justicia no termina de dilucidar. Aguinsky ya había ordenado la interdicción del Estrella, hace alrededor de dos meses. Eso implicaba que el barco podía seguir con sus puertas abiertas, pero no podía moverse de su sitio en Puerto Madero. Ahora que, ante la presentación de la Aduana, ordenó el cierre de la nave, se encontró con dos recursos de amparo a los que dos jueces dieron lugar durante el mismo día. El juez nacional en lo civil y comercial federal Luis María Márquez accedió a una medida cautelar preventiva solicitada por la empresa. Y el juez federal de La Plata, Julio Miralles, consideró de privilegio preservar los 1090 empleos de los trabajadores del casino bajo una argumentación en la que destacó que su decisión “parte del supuesto que entiendo constituye el punto de coincidencia más generalizado del país, la imperiosa y dramática necesidad de incrementar y mantener los puestos de trabajo”.
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