Por Victoria Ginzberg
 �Esto es una contrapartida a los Juicios de la Verdad�, reconoció sin tapujos un vocero militar. En un nuevo intento por reciclar la teoría de los dos demonios, los abogados Jorge Appiani y Jorge Olivera presentaron un recurso de hábeas data para que se investigue la muerte del teniente primero Oscar Abel Lucioni, asesinado por Montoneros. La jueza Claudia Rodríguez Vidal admitió la petición y solicitó a la SIDE, al Ministerio del Interior y a la Central de Reunión de Inteligencia Militar documentación relacionada con el fallecimiento del militar y con �miembros del Consejo Superior del Movimiento Peronista Montonero�. La noticia fue difundida con entusiasmo y optimismo por representantes del Ejército.
Rodríguez Vidal solicitó en un escrito que los organismos estatales remitan �en el plazo de diez días toda la documentación obrante en sus registros, cualquiera fuere la calificación de seguridad (pública, confidencial o secreta) que pudiera tener relación con el homicidio� del militar. �Hágase saber que deberá acompañar toda documentación que obre en su poder y que permita esclarecer los autores, instigadores, ideólogos, móviles y objetivos del hecho�, agregó.
�La Corte resolvió en el caso de (Benito) Urteaga que el hábeas data era la vía para la búsqueda de información�, manifestó a Página/12 la magistrada Rodríguez Vidal al justificar su decisión de abrir el expediente.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) la abogada Andrea Pochak diferenció claramente el caso de Urteaga y Mario Roberto Santucho, líderes del ERP, del presentado por Appiani y Olivera: �En el primero hubo una negación sistemática del Estado de dar información y la vía penal estaba cerrada por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Los asesinatos de las agrupaciones armadas fueron crímenes comunes; las víctimas pudieron haber solicitado que se investigue y se enjuicie a los responsables. Si no lo hicieron, fue porque optaron por el terrorismo de Estado y las violaciones a los derechos humanos�.
La defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira, recordó que en 1983 �cuando se ordenó la realización del Juicio a las Juntas� también se ordenó una investigación de la cúpula de Montoneros. �Esto está investigado y archivado. La historia está en el ámbito del Poder Judicial�, afirmó Oliveira.
Aunque la decisión de la jueza no los menciona, los abogados pidieron específicamente a la SIDE, al Ministerio del Interior y a la Central de Inteligencia del Ejército, datos sobre Mario Firmenich, Ricardo Obregón Cano, Eduardo Yacussi, Arnaldo Lizaso, Rodolfo Galimberti, H. O. Fernández Long, Jorge Gullo, Armando Croatto, Norman Briski, Miguel Bonasso, Juan Gelman y Fernando Vaca Narvaja. Gullo está desaparecido y Croatto fue asesinado en 1979.
�Lo grave es que están volviendo a hacer una investigación de inteligencia sobre civiles con datos que tienen los militares. La jueza debería pedir los archivos de inteligencia, pero acompañarlos a la causa en la que la Cámara Federal porteña investiga la verdad sobre los desaparecidos�, manifestó la ombudsman Oliveira. El camarista platense Leopoldo Schiffrin mencionó que el tema le parece �extraño� y que es �raro� que se pida información a los organismos de Inteligencia antes de saber si por el caso fue abierta una causa judicial.
Appiani y Olivera son los mismos abogados que reclamaron ante la Subsecretaría de Derechos Humanos una indemnización para los �hijos de los muertos por la subversión�. En este caso se presentan como patrocinantes de Ana María Carolina Lucioni, hija del militar que fue ascendido post mortem a capitán.
�Si hubiese estado Balza, nos llamaba para parar esto. Brinzoni nos da libertad�, dijo a este diario en un reportaje Olivera, frente al diploma de honor que le dio el dictador Antonio Domingo Bussi por su participaciónen el Operativo Independencia. Olivera �mayor de Infantería del Ejército, paracaidista y comando� y Appiani �mayor auditor� están retirados y son los abogados del represor Carlos Guillermo �Pajarito� Suárez Mason. Durante la dictadura, Olivera estuvo destinado en el Regimiento 22 de Infantería de San Juan, cuyos miembros no fueron ajenos a los secuestros, desapariciones y torturas ocurridas en la zona.
Schiffrin y Pochak recordaron que la vía ideal para los Juicios de la Verdad sobre los desaparecidos es la penal �los procesos en que se sustancian en las cámaras federales� y no la del hábeas data. Los abogados de Lucioni en cambio dejan en claro que �se acude al fuero administrativo con exclusión del federal en lo criminal, para evitar otra incertidumbre (aquella respecto del carácter en que concurren las personas a declarar)�. No es casualidad que ésta sea la principal preocupación del Ejército en los Juicios de la Verdad: el �carácter� de las citaciones de los responsables de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Y tampoco que sea la razón para intentar instalar una supuesta mesa de diálogo con el fin de congelar el camino judicial. La de Lucioni no es la única presentación de familiares de militares muertos, aunque es la primera en la que hay movimiento. Las familias Viola, O�Harris y las de trece militares muertos en el copamiento del regimiento de Formosa hicieron reclamos similares. A casi ocho meses de gobierno de la Alianza, los militares parecen haber recuperado una iniciativa política que añoraron en la última década. El ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, tal cual ha sido su norma de conducta hasta ahora, parece no haberse dado por enterado.
| El mal uso de Antígona
Por V. G.
Como en sus presentaciones ante la Subsecretaría de Derechos Humanos para cobrar una pretendida indemnización, Appiani y Olivera fuerzan hasta el absurdo sus argumentos para montar una imagen especular entre víctimas y victimarios. A la subsecretaria Diana Conti le manifestaron que el ERP y Montoneros eran agrupaciones �paramilitares�, término usado para grupos con vinculación estatal. Ahora, los abogados citaron un artículo de la defensora del pueblo Oliveira y de María José Guembe, abogada del CELS. El fragmento mencionado dice que el derecho a duelo es un �elemento del llamado derecho a la dignidad� y recuerda que la Antígona de Sófocles decía: �Y a la verdad, ¿cómo hubiera yo podido alcanzar gloria más célebre que dando sepultura a mi propio hermano? Todos estos dirán que lo que he hecho es de su agrado, si el miedo no les trabase la lengua�. La cita es en obvia referencia a los cuerpos de los desaparecidos que los militares ocultaron. Es menos comprensible que los abogados de Suarez Mason �uno de los responsables de que no se sepa el destino de las víctimas� la utilicen para fundamentar su pedido, ya que Oscar Abel Lucioni falleció en el hospital militar y tiene una tumba con su nombre. |
|
opinion
Por Martín Granovsky |
| López Murphy, un soldado
Buena parte de los problemas que afronta el gobierno de la Alianza son heredados. Pero uno seguro es propio: el problema militar. En este punto, el ministro de Defensa se las ingenió para crear un monstruo donde no existía.
�No entiendo por qué inventan un problema cuando no lo hay�, escribió en Página/12 antes de morir el dirigente de la APDH Simón Lázara.
Una de las respuestas reside en el propio Ricardo López Murphy, que actuó el 10 de diciembre como un verdadero soldado. Un soldado del radicalismo. Aunque quería el Ministerio del Interior, y se creía un aspirante natural al de Economía en cualquier momento de la gestión de Fernando de la Rúa, admitió ocupar el de Defensa. Después se reveló como el funcionario más disciplinado del Ejecutivo. Para no opacar la figura de José Luis Machinea, se privó de hablar sobre economía. Y tampoco entró en el detalle de la política militar, con lo cual no quitó brillo a la figura ascendente de Ricardo Brinzoni, el nuevo jefe del Estado Mayor del Ejército.
El ministro está obsesionado con el achicamiento del gasto fiscal. Acostumbra explicar que los salarios magros y la falta de dinero para maniobras representan una cuota más que suficiente de sufrimiento para los militares en actividad.
�A los muchachos algo hay que darles �repite.
Los muchachos son los oficiales en actividad. Como el ministro no dispone de dinero, a los muchachos les da espacio, aire y autonomía.
Y los muchachos lo utilizan:
 Cuestionan los juicios de la verdad.
Sugieren formar una Mesa de Diálogo como en Chile. (Imaginan, claro, que en Chile la Mesa entre militares y abogados de derechos humanos garantiza impunidad, cuando solamente se compromete a guardar reserva sobre la identidad del militar que entregue datos sobre un desaparecido.)
Opinan sobre la salida para la crisis institucional de los presos de La Tablada mientras el Congreso la discute.
Intentan, y a veces lo logran, montar operaciones de acción psicológica en algunos medios, receptivos a la teoría brinzonista de la reconciliación, que el general suele resumir en una frase: �Peor que el olvido es la verdad a medias�.
Alientan a los abogados de Carlos Suárez Mason para que logren un remedo caricaturesco de los Juicios de la Verdad. La idea es que, como mínimo, éstos queden equiparados a otros, mezclados y sin nitidez. Y, como máximo, que la tormenta judicial adquiera una imagen de tanta ingobernabilidad que el poder político pueda convencer a la sociedad de que, ya ven, lo razonable es liquidar de una buena vez el pasado y mirar hacia adelante.
Cuando se le comenta a López Murphy que existe un peligroso descontrol militar, suele contestar así:
�Todo lo que ocurre en mi área es porque lo decido yo.
Si esto es cierto, quiere decir que el Gobierno ha resuelto reponer al Ejército la autonomía que el arma terminó de perder cuando el anterior jefe de la fuerza, Martín Balza, ordenó reprimir el alzamiento de 1990.
Cuando, en lugar de López Murphy, el interlocutor es cualquier otro funcionario del Ejecutivo, pueden entablarse diálogos como éste:
�Ese tema no lo conozco bien �dirá el funcionario.
�Pero usted, en privado, opina de todo: de la economía, de los sueldos estatales, del empleo, de la Justicia, de la política exterior. ¿Por qué no del problema militar?
�Porque realmente no lo sigo.
Conviene aclarar que a menudo el funcionario es sincero, lo cual en este caso no basta como virtud: la falta de preocupación por las cuestiones militares y de derechos humanos indica una insólita falta de preocupación por un aspecto clave de la política, sobre todo en un país gobernado por militares hasta 1983 y en una región de América donde todos los esfuerzospor tapar el pasado utilizando decretos resultaron inútiles. Es obvio que la política de Defensa, si se la mide en encuestas sobre las preocupaciones de la gente, quedará muy atrás del desempleo, la exclusión o las visiones sobre el futuro. Pero siempre ocurre lo mismo con los temas militares: aparecen en las encuestas solo cuando las papas queman y ya es tarde para darles una buena solución.
López Murphy parece creer que alcanza con transformarse en un buen soldado. Y lo hace. Se convirtió en un soldado, pero un soldado a secas, y ya puede ser recordado como el ministro que militarizó la política de defensa. |
panorama
politico
|
