| Por Cledis Candelaresi
 Nicolás Gallo no comparte el optimismo sobre la desregulación telefónica. Aseguró que ésta sólo beneficiará a un selecto sector de la población y que, para el común de los usuarios, la anhelada rebaja tarifaria puede ser �inexistente�, aun en el mediano plazo. En un esfuerzo por preservar la aparente armonía de su equipo, el ministro de Infraestructura negó diferencias de criterio con su secretario de Comunicaciones, Henoch Aguiar. Sin embargo, la norma con la que habría soñado introducir competencia en este mercado poco tiene que ver con el reglamento que diseñó esa dependencia oficial. En diálogo con
Página/12, este ministro tan cercano a los afectos del Presidente, admitió estar trabajando en un recorte presupuestario para el 2001 de entre el 13 y 15 por ciento. �Como todos los ministerios�, aclaró.
�Hay un fuerte debate en el Congreso respecto del reglamento para desregular el servicio telefónico.
�No veo objeciones muy fuertes. Tal vez lo que aún está en duda es cuál será la autoridad de aplicación del nuevo régimen (la propuesta de Comunicaciones fue que quedara en manos de Aguiar, pero el reglamento definitivo, reservó esa potestad a Infraestructura). Una clave para regular esto es si la telefonía es servicio público. Si lo es, regularlo es responsabilidad primaria del Estado. Pero en la franja de actividad comercial, como Internet, el Estado sólo debe vigilar que no haya ejercicios monopólicos que afecten al
consumidor.
�Se habló mucho de sus presuntas diferencias de criterios con el secretario de Comunicaciones, quien sería más proclive a facilitar el ingreso al mercado de nuevos prestadores, básicamente de origen norteamericano. Usted, en cambio, se mostró como un defensor más firme de los intereses de Telefónica y
Telecom
.�Eso es de una falsedad total. Quien más ha empujado la desregulación del servicio, y una desregulación mucho menos regulada que la que salió, fui yo. El problema es, precisamente, el exceso de regulación. Mi sueño era un decreto escueto, con cuatro artículos. El primero debía establecer el cargo de interconexión de 1.1 centavo para todo el mundo. El segundo, para constituir un fondo que garantice la prestación universal; la administración puede estar reservada a un privado, pero el Estado debe reservarse una acción de oro y el poder de veto. El artículo tercero debería dejar en manos de dos secretarías, no una sola, la redacción de los reglamentos operativos, que son cambiantes. Y el cuarto debería definir un perfil básico del licenciatario, que debería tener un compromiso mínimo de inversión.
�¿Por qué esta condición, que no existe en el reglamento enviado a
Comunicaciones?
�Porque inversión no es una simple computadora colocada en la calle Florida que sirva para prestar un servicio a cuatro o diez manzanas a la redonda. Así, no me interesa. Eso no mejora la competitividad de la economía, sino todo lo contrario. Contrariamente a lo que se dice, yo soy un verdadero desregulador. Quiero que haya un servicio básico universal para todo el mundo. El resto de las prestaciones deben estar desreguladas, pero sacando muchos artículos de esos reglamentos que después son difíciles de
cambiar.
�¿La desregulación, tal como está planteada ahora, qué impacto va a tener en las tarifas?, ¿habrá rebajas?, ¿cuándo?
�No. En forma inmediata no habrá rebajas. El impacto en el ciudadano común, que usa mucho las comunicaciones locales, va a ser muchísimo más reducido, inclusive inexistente en el mediano plazo. Para el que usa mucho larga distancia o los llamados internacionales, el beneficio será mayor, ya que en los próximos doce meses puede ser que haya alguna rebaja en este segmento. Pero un usuario normal, que utiliza el 95 por ciento de sus pulsos para hablar localmente, difícilmente opte por otro prestador que le dice �No. A eso no lo vamos a cambiar así nomás. Pero al 5 por ciento restante (pulso larga distancia) sí�. El cliente duda. Habría que ver cuántos clientes cambiaron Telefónica por Telecom y viceversa. No es tan fácil. Diferente es la historia para una empresa industrial, que tiene la mitad de la facturación afectada a servicios de larga
distancia.
�¿Quiere decir que los principales beneficios estarán limitados al sector de la población con mayor poder
adquisitivo?
�Definitivamente sí.
�¿Qué otros efectos tendrá la desregulación?
�Básicamente, nuevos productos. Fundamentalmente ligados a
Internet.
�¿Estas tarifas deben estar controladas por el Estado?
�No. En el servicio telefónico, el acceso a las comunicaciones locales, de larga distancia e internacional debe estar garantizado y sus tarifas, reguladas. Porque se trata de un servicio público. Pero el acceso a Internet queda en duda. Tal vez en cinco años se transforme en un servicio básico. Pero por ahora no. Sus tarifas, por lo tanto, pueden ser
libres.
�En los últimos días corrió fuerte el rumor de que usted también mantiene fuertes diferencias de criterio con su secretario de Transprorte, Jorge Kogan. ¿Esto es así?
�De ninguna manera. Kogan es un funcionario muy inteligente que está haciendo un excelente trabajo. Debe ser el mismo tipo de rumor que me puso a mí del lado de las telefónicas. Nosotros no hacemos operativos de prensa, pero hay gente a la que le gusta
hacerlos.
�¿Por ejemplo a quién?
�Yo aparezco en la tapa del diario La Nación como investigado por una causa que yo mismo promoví. Y eso ocurre el mismo día que el país se conmovía por las noticias de la muerte de (René) Favaloro. Resulta que cuando anunciamos un plan de infraestructura ante setecientos empresarios, ese diario lo publica en la segunda página de su sección Economía. Me pueden decir que yo estoy un poco paranoico. Pero es
llamativo
�¿Y a quién atribuye esa operación de prensa?
�De alguien a quien no le gusta que yo sea frontal, directo, claro. Que no le gustará cómo administramos. O querrá estar en mi sillón. A alguien tal vez le gustaría ocupar mi lugar.
| Recortes y planes de obra
Después del último e impopular recorte de gastos, anunciado a fines de mayo, José Luis Machinea prefiere eludir los anuncios sobre otras podas. Sin embargo, la reducción de partidas ya es un hecho cierto en todas las áreas del Estado nacional, que están trabajando con miras al proyecto de Presupuesto del año próximo.
�¿Tiene previsto algún recorte de gastos en el Presupuesto del
2001?
�Sí. Todos mis secretarios están trabajando para recortar entre un 13 y un 15 por ciento. Como todos los
ministerios.
�¿Y qué cosas van a recortar en Infraestructura?
�En el caso de Obras Públicas, vamos a mantener las que están en curso, pero limitaremos muchísimos las nuevas. Para eso viene bien el Fondo de Garantía: podremos tener obras nuevas desde el año próximo, pero con pago diferido, a partir del
2002.
�¿Qué bancos están dispuestos a prestar, y a qué tasa, para financiar los proyectos que avale ese fondo (con él se garantizaría un tercio del Plan de Infraestructura de 20 mil millones en cinco años)?
�Estuvieron presentes en la presentación del miércoles (Río y Galicia). Y las tasas surgirán del mercado, de la demanda. Por eso es bueno que los proyectos sean sólidos. El banquero no sólo le presta a la empresa porque tiene solvencia patrimonial. Como el Estado es quien garantiza ese pago, los proyectos deben ser socialmente aceptados y aplaudidos. Si un proyecto tiene muchísimas objeciones de parte de la sociedad, es posible que el Congreso Nacional finalmente no apruebe la partida correspondiente, y el banco tendrá que accionar sobre la garantía. Nadie quiere eso.
Claves
 Según el ministro, esta desregulación telefónica sólo beneficia a los
ricos.
Las tarifas urbanas, 95 por ciento del uso que le da al teléfono la mayoría de la gente, no bajarán ni en el mediano
plazo.
Los futuros competidores de Telefónica y Telecom deberían tener inversiones
obligatorias.
Las tarifas postales de los que son �servicios públicos� se deben
regular.
�El Correo Argentino y OCA podrían unirse si aceptan esa regulación.�
�El canon anual de 105 millones que paga el Correo es difícil de
pagar.�
�El contrato del Correo está lleno de articulitos que no se pueden
cumplir.�
�Para mí, los concesionarios son todos
iguales.�
�Aeropuertos tiene un grado de cumplimiento razonablemente
bueno.�
Sospecha: hay operaciones de prensa en su contra.
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Un casamiento autorizado en
el Correo,
si se acepta la regulación
LAS DIFERENTES PROPUESTAS PARA
DESREGULAR
La batalla por los teléfonos
Por C.C.
A pesar del empeño en disimular que libra con su secretario de Comunicaciones, Henoch Aguiar, una batalla sobre cómo desregular la telefonía, Nicolás Gallo no puede ocultar que entre ambos hay profundas diferencias de criterio. El decreto desregulatorio que hubiese anhelado el ministro se distancia de la propuesta que finalmente elaboró el Poder Ejecutivo y que esta semana dividió a la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, ubicando al radicalismo en el rol de opositor.
Como cabeza de Infraestructura, Gallo es, en definitiva, responsable de la propuesta desregulatoria girada al Parlamento, previo paso por la Sindicatura General de la Nación. Sin embargo, el mismo texto que no contenta a Telefónica y Telecom, tampoco parece seducir demasiado al ministro. Pero, en esta partida, Fernando de la Rúa lo habría dejado solo.El equipo de Infraestructura se habría fragmentado irremediablemente en la visita a Estados Unidos, hace poco más de un mes. Durante el viaje del Presidente para capturar potenciales inversores en telefonía y otros rubros, Gallo y Aguiar se consagraron como de bandos opuestos. El ministro, por su presunta defensa de las adjudicatarias de ENTel que a partir de fin de año deberán enfrentar a nuevas competidoras. El secretario de Comunicaciones, como supuesto benefactor de las empresas norteamericanas, interesadas en sumarse al negocio.Según aseguró ante
Página/12, Gallo aprueba el previsto cargo de interconexión de 1,1 centavo el minuto. Se trata del peaje que deberán pagarle a las licenciatarias telefónicas las empresas que desde noviembre compitan con ellas, pero usando su red fija. Este valor es muy inferior al que existe actualmente y al que Telefónica y Telecom pretendían cobrar. Después, las
diferencias.
Todas estas empresas deberán aportar el 1 por ciento de su facturación a un Fondo que servirá para garantizar la universalidad del servicio, es decir, para costear obras en lugares no rentables. Según la propuesta oficial, será administrado íntegramente por las empresas privadas, aunque la Comisión Nacional de Comunicaciones podría definir las prioridades de inversión. Para el ministro, el Estado debería intervenir en esa administración, reservándose con una acción de oro la última palabra con respecto al destino de esos millonarios
recursos.
El Ejecutivo previó un detallado articulado con las normas para regular el ingreso al mercado de los futuros operadores, cuyo control será competencia de Comunicaciones. Para Gallo, el reglamento debería ser mucho más limitado, dejando a potestad de �dos secretarías� la definición de cuestiones operativas menores. Dos secretarías y no una es una manera de acotarle el poder a Aguiar, quien tendría que consensuar con otra esas
definiciones.
Según prevé el reglamento de servicio propuesto por el PEN, cualquiera podrá competir en el mercado desregulado, sin restricción patrimonial ni obligación de invertir. Es la plataforma para que prosperen los intermediarios que compran y venden pulsos, casi sin equipamiento. Tanto el ministro como los técnicos de la Comisión Nacional de Comunicaciones advierten riesgos en una norma tan laxa: que las multimillonarias inversiones prometidas queden en propuestas.
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