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 Un prestigioso periodista norteamericano que fue corresponsal de Newsweek y The Washington Post en la Argentina afirmó a Página/12 que está dispuesto a testificar ante el juez Carlos Liporaci o cualquier otra instancia de investigación sobre el presunto pago de coimas cuando se discutió la ley de patentes farmacéuticas en la Cámara de Diputados. Martin Edwin Andersen, el periodista, implicó directamente al ex presidente de la Unión Industrial Argentina y diputado menemista Claudio Sebastiani.Andersen describió a Sebastiani como �un íntimo allegado del ex presidente Carlos Menem� y atribuyó a �una picardía� la reciente afirmación del antecesor de Fernando de la Rúa sobre que en su gobierno nunca se sobornó a ningún senador para obtener la sanción de una ley. �Tal vez Menem quiso decir que no se pagaron sobornos en el Senado, pero dejó abierta la posibilidad de que algunos diputados hayan recibido dinero ilegal� dijo Andersen. El ex corresponsal en la Argentina dijo que Sebastiani, quien fue diputado nacional, le habría confesado su participación en un oscuro episodio de presunto pago de sobornos. �Se jactaba de haber sido uno de los individuos que repartieron 25 millones en coimas en la Cámara de Diputados durante el reinado menemista para sacar una ley de patentes favorable a la industria farmacéutica argentina� es la versión de Andersen. En los Estados Unidos, el antiguo corresponsal es conocido por haber denunciado graves irregularidades en la División Penal del Departamento de Justicia del gobierno norteamericano. Andersen realizó esas revelaciones mientras se desempeñaba como asesor superior de planificación en los programas de entrenamiento internacional de funcionarios de otros países. Ahora coordina una campaña nacional para dotar de mejores herramientas prácticas a los whistleblowers, o denunciantes de casos de corrupción, por encargo del Government Accountability Project (GAP, algo así como proyecto de transparencia gubernamental) en Washington DC. En su diálogo con este diario, Andersen aseguró que los hechos se desarrollaron así: �Sebastiani lo dijo en una conversación presenciada por tres personas en el Café de la Paix de la Recoleta, en junio del año pasado. �¿De qué hablaban? �Del problema de la corrupción. Yo le había comentado que estaba detrás de la información según la cual había sido pagados por lo menos 40 millones en coimas para sacar la ley. Sebastiani se burló de la cifra. Sabía que eran solamente 25 millones en la Cámara baja, dijo, porque él mismo era uno de los encargados de repartir los sobres de plata a los otros diputados. Dijo, también, que la tarea de dividir el efectivo se hizo �en la presidencia�. �¿En la Casa Rosada? �No sé, no dio más datos sobre el lugar ni quiso ser específico. Más tarde, fuentes fidedignas me aseguraron que la cifra original de 40 millones no era tan descabellada: faltaba agregar la suma repartida en el Senado. Andersen publicó la historia de su conversación en octubre, en el diario The Washington Times. �Quien había sido presidente de la Unión Industrial Argentina, además de diputado nacional, amenazó con hacerme juicio por injurias. Pero otro testigo de la conversación, el activista de los derechos de los consumidores Roberto Azaretto, ratificó el contenido de mi nota �recordó Andersen. En su momento también lo criticó Humberto Roggero, el poderoso presidente del bloque de diputados nacionales del Partido Justicialista. Según el ex corresponsal, Roggero �inventó la fábula setentista de que misdenuncias formaban parte de una campaña mediática de la embajada norteamericana en Buenos Aires�. �¿Y no fue así? �No. Se parece a una acusación de portación de ciudadanía yanqui, algo ridículo para alguien que, como yo, siempre invocó el derecho a la libertad de expresión para criticar a su propio gobierno. Además, no piso la sede diplomática de mi país en Buenos Aires desde 1993. �¿Alguna razón en especial? �No quería contagiarme alguna enfermedad que pudiera venir de las relaciones carnales entre George Bush, Bill Clinton y Carlos Menem. Andersen también atacó a Roggero como autor de una presunta �campaña mediática en contra del inexistente complot en el que yo supuestamente estaba involucrado�. Según el ex corresponsal, �Roggero hizo la extraña afirmación de que no hubo coimas en la votación sobre la ley de patentes�. Pero siempre de acuerdo con la versión de Andersen, Roggero no dijo �hasta donde yo sé no hubo coimas� o �no creo que fuera cierto�. Al revés: �Fue categórico en decir que no hubo sobornos, y punto. Siguiendo la lógica de semejante afirmación, parece que Roggero se autoatribuyó un conocimiento cabal de todos los aspectos de la situación de posibles coimas en la Cámara baja�. Además de ofrecerse como testigo ante la Justicia argentina, Andersen afirmó que es decisivo el papel de los empleados públicos en la denuncia de los presuntos fraudes de la administración. �Pero para cambiar la cultura, aun los de abajo tienen que estar comprometidos y protegidos en su derecho de denunciar el fraude, el desguace y otros malos comportamientos oficiales�, dijo, y elogió un proyecto de 1999 elaborado por el entonces senador Antonio Berhongaray, actual secretario de Agricultura. �Buscaba la protección laboral de los denunciantes de delitos e irregularidades contra la administración nacional.� �El anteproyecto tenía como fin la protección contra cualquier represalia de los trabajadores gubernamentales que osaran denunciar instancias de desguace, fraude o abuso de poder. Tom Devine, uno de los más renombrados abogados en la materia en los Estados Unidos, ya tildó la propuesta de Berhongaray, que necesita muy pocas modificaciones, como �un posible modelo para el mundo��, dijo Andersen. �Denunciar la corrupción gubernamental mientras uno trabaja en el aparato estatal es unirse a un puñado de patriotas que lucha para el mejoramiento del país con las únicas armas de la verdad y la honestidad�, dijo el ex corresponsal en la Argentina. �Es librar una revolución sin disparar un solo tiro ni hacer flamear ninguna espada. Es luchar con palabras y un trabajo arduo y trasparente. Pero para que alguien ejerza sus derechos en favor del bien publico la denuncia no debería convertirse también en una autocrucifixión profesional y financiera.� Para Andersen, sancionar una ley de protección a quien denuncia sería una buena forma de que el Congreso envíe a la sociedad una señal positiva de que quiere autodepurarse �mientras el pueblo espera que la Justicia, necesariamente más lenta, deslinda responsabilidades en la situación actual�.
Opinion
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