Por Adriana Meyer
 El juez que investiga el caso de los sobornos en el Senado ya recibió información suficiente como para investigar el presunto enriquecimiento ilícito de los once legisladores imputados. �Habría elementos para ello�, afirmó a Página/12 una alta fuente judicial. Las once casas de Eduardo Bauzá, los 2 millones de patrimonio de Emilio Cantarero y los viajes a Oriente de un grupo de senadores serían algunos de los elementos que utilizará Carlos Liporaci para avanzar más allá del asunto de las coimas. La semana próxima le dará intervención a la fiscalía para que amplíe su requerimiento inicial e incluya ese delito. Mientras las investigaciones sobre su propio presunto enriquecimiento ilícito avanzan, el magistrado puso primera decidido a fugar hacia adelante. Un botón de muestra: no descarta ampliar la lista de investigados.
Los colaboradores de Liporaci analizaron la documentación recogida por la Policía Federal en la AFIP y el Registro de la Propiedad, entre otros organismos, sobre las cuentas bancarias, los movimientos financieros, el patrimonio, los vínculos económicos y el ingreso histórico de los once senadores imputados: Augusto Alasino, Ramón �Palito� Ortega, Angel Pardo, Ricardo Branda, Eduardo Bauzá, Emilio Cantarero, Remo Costanzo, Raúl Galván, Alcides López, Javier Meneghini y Alberto Tell. Su atención quedó fijada en las declaraciones juradas que enumeran casas, autos, campos por decenas. Una mirada a esos documentos permite saber que Branda y Pardo tienes medio millón de pesos de patrimonio total, Alasino tiene doce propiedades, tres autos y un patrimonio de 1 millón de pesos, Tell posee nueve casas, Meneghini seis, y López, Galván y Costanzo cuatro viviendas.
En el juzgado también tienen datos sobre los viajes realizados por los legisladores, tanto los oficiales como los de placer. En particular, les resultó llamativa la derivación de un viaje oficial a Jordania que habría terminado con una gira por distintos países de Oriente, de la que participaron varios senadores. �Puede haber mérito para investigar otro delito�, aseguró a este diario una alta fuente judicial. Pero aclaró que sobre eso primero tienen que opinar los fiscales federales Freiler y Delgado.
En principio los representantes del Ministerio Público son cautos en cuanto a avanzar en la teoría del presunto enriquecimiento ilícito de quienes habrían cobrado sobornos para aprobar la Reforma Laboral. �Hay que comparar las diferentes declaraciones juradas, solicitarles que demuestren sus ganancias y recién cuando surja alguna explicación poco clara se los puede acusar por ese delito�, comentó un allegado a la fiscalía. Pero aseguró que �si hay elementos para avanzar en ese sentido los fiscales no dejarán de hacerlo�. La fuente aventuró que los elementos referidos al patrimonio de los senadores �pueden servir en esta investigación o dar pie para la apertura de nuevas causas�, en caso de que sea detectado un presunto enriquecimiento no vinculado al caso de los sobornos.
Freiler y Delgado habían recibido una denuncia del diputado provincial Juan José Laborde Ibarra contra el senador Alberto Rodríguez Saá para que la Justicia investigue cómo hizo para aumentar sus bienes de 20 mil a 20 millones de pesos en poco tiempo. Esa acusación podría ser acumulada al expediente de las coimas en el Senado.
Liporaci confió a Página/12 que está preparando su defensa y que la semana próxima se presentará en forma espontánea ante el juez federal Gabriel Cavallo. En ese juzgado tramita la denuncia penal por enriquecimiento ilícito en su contra a partir de la compra de una mansión en Vicente López, aunque la investigación fue delegada al fiscal Pablo Recchini. Liporaci acusó al Consejo de la Magistratura de ser �parte de la misma campaña� que �según él� quiere presionarlo para que abandone la causa. En particular, criticó la actitud del consejero Eduardo Orio. �No integra la comisión que me tiene que juzgar pero no dudó en salir a opinar sobre mi declaración jurada apenas dos horas después de haberla recibido�, se quejó el magistrado. Y agregó que �esos documentos personales que dejé en el Consejo ya están en Internet... tanta liviandad denota otro tipo de intereses�. Liporaci se preguntó �¿dónde está escrito que un juez no se pueda endeudar?�, en relación a los créditos que pidió para comprar su nueva vivienda.
El senador aliancista Pedro del Piero se manifestó contrario a la posibilidad de que aumenten las presiones sobre el juez y opinó que debe seguir al frente de la causa. �Si acá aparecen presiones más intensas que las habituales uno empieza a sospechar�, advirtió en relación a la �celeridad� del Consejo.
Por otra parte, una alta fuente del caso confirmó a Página/12 que �hay algunos elementos� en relación a la participación en el escándalo del secretario del senador justicialista Remo Costanzo. A pesar del hermetismo de los investigadores este diario pudo saber que algunas medidas ordenadas en ese sentido ya dieron resultados. La iniciativa fue de los fiscales federales Eduardo Freiler y Federico Delgado que intentan entregarle al juez una nueva pista de producción propia y más concreta que los demás elementos de prueba colectados hasta ahora. Según el anónimo, el secretario de Costanzo, Martín Fraga, se asustó tanto al verse involucrado como el presunto repartidor del dinero que no podía dormir. Por ese motivo su jefe lo subió a un avión y lo envió de vacaciones al Caribe junto a la mujer. Este diario informó ayer que los investigadores están tratando de determinar si ese viaje fue programado o repentino.
| Un pedido a De la Rúa
El juez Liporaci analiza la posibilidad de pedir al presidente Fernando de la Rúa que levante el secreto de Estado que protege la información sobre fondos reservados para poder rastrear si de esas partidas provino el dinero que habría comprado la voluntad de los senadores para la aprobación de la Reforma Laboral. Ayer declaró como testigo el subsecretario de Coordinación del Ministerio de Defensa, Jorge Sereno, y al igual que los anteriores funcionarios que fueron interrogados sobre el destino de las partidas secretas, se negó a dar detalles sobre los 27 millones de pesos que esa cartera maneja en forma discrecional. La razón del silencio: las leyes secretas y las cuestiones de seguridad nacional. El fiscal Eduardo Freiler opinó que �esas leyes no pueden ser secretas para la Justicia�. El funcionario de Defensa explicó que los 27 millones se reparten entre el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, y se destinan a los gastos del personal de inteligencia. Por otra parte, Liporaci obtuvo el compromiso de la Corte Suprema de Justicia para contar con el apoyo técnico de dos peritos contadores que trabajarán con dedicación exclusiva en el caso. |
EL JUICIO CONTRA EL JUEZ
Todo entre amigos
Por Susana Viau
El juez federal se acercó al deponente y le musitó en voz baja y tono cómplice: �Esto al Jefe no le hubiera pasado�. Según el relato, la situación habría tenido como actores al juez federal Carlos Liporaci, a cargo de la investigación de los supuestos sobornos en la Cámara alta, y al senador Jorge Yoma, convocado a prestar declaración testimonial. En cuanto al jefe al que habría aludido el magistrado, hasta un niño puede imaginar quién es. La anécdota, contada entre risas �dicen� por uno de los protagonistas no agrega nada nuevo al perfil de Liporaci, pero subraya con trazo grueso hasta qué punto se ha desdibujado la tan mentada división republicana del poder. Ilustra, además, acerca de cuál es la última ratio de la ingeniería judicial que, de costumbre, lleva al muere cualquier esperanza de aproximarse a la verdad. En este caso, la del presunto enriquecimiento ilícito de Carlos Liporaci, el juzgador juzgado.
Luis XIV y Federico El Grande depositaron esa última ratio en la fuerza de convicción de las armas. Al menos es lo que ambos, con ligeras diferencias, hicieron grabar sobre los cañones de sus ejércitos. Ni en el Palacio de Tribunales ni en Comodoro Py hay cañones. Pero la misión de imponer los designios del señor y defenderlo de sus consecuencias ha sido delegada y la �última ratio� preside, implícita, la instrucción de una multitud de sumarios. Así, la causa que investiga la casa espléndida de un juez sin fortuna ni herencia, hijo de un suboficial de la policía, conocido por el antiguo desaliño de su vestimenta y popular por una seguidilla de resoluciones absolutorias en beneficio de individuos calificados, está signada desde el inicio (al igual que la causa simétrica de los presuntos sobornos senatoriales) por la pringosa jalea de la connivencia entre los poderes del Estado.
Excusez-moi
Radicada en el juzgado federal de Gabriel Cavallo, el juez delegó la investigación del enriquecimiento ilícito en el fiscal Carlos �Pipi� Cearras, quien se excusó argumentando �violencia moral�. El fiscal, formado en tribunales, es famoso por haber detectado una tarde el aroma de marihuana que salía de atrás de un árbol y llegaba hasta su mesa en un bar de Recoleta. Sin titubear, llamó a la policía y ordenó la detención del pacífico fumador de porros.
¿En qué residía la �violencia moral� a la que temía enfrentarse el puntilloso miembro del ministerio público? En que Liporaci había sido su superior en la carrera judicial, su primer juez. En el código nada indica que el hecho invocado por Cearras derive en una excusación forzosa. Pero es cierto que en los ámbitos judiciales mantiene relativa vigencia la tradición de aceptar el criterio del excusado. El fiscal federal de Cámara, Germán Moldes, decidió entonces nombrar un reemplazante para Cearras. Moldes, no debe olvidarse el detalle, llegó a la función pública como secretario de Población de un Ministerio del Interior conducido por José Luis Manzano. Renunciado por el escándalo de la radicación del traficante multipropósito Monzer Al Kassar, Moldes estuvo un tiempo en el freezer y retornó por mandato de sus avales políticos a cumplir tareas en un territorio de alta sensibilidad: el Poder Judicial.
El puesto: fiscal federal de Cámara, es decir, acusador en la jurisdicción que corresponde a los delitos del poder. Para dar una pauta del carácter estratégico de su misión, baste decir que en el caso del proceso contra el banquero menemista Raúl Moneta y pese a la queja de su subordinado Guillermo Montenegro, quien acudió a todas las instancias jerárquicas para lograrlo, el fiscal de Cámara Moldes no interpuso ningún recurso a la resolución de invalidar la prueba colectada por el magistrado mendocino Luis Leiva. En cambio y demostrando cuál es su idea respecto de la dignidad del cargo, vale recordar que el fiscal Moldes y la defensa deCarlos Alderete coincidieron en interponer recursos de Casación contra la decisión que reconoce a la Oficina Anticorrupción como parte del proceso que celebra contra el ex titular de PAMI. Moldes lo fundamentó citando un párrafo de La Querella, del tratadista Guillermo Navarro. El párrafo no sólo era un absoluto invento del señor fiscal de Cámara sino que, además, le hacía decir a Navarro algo radicalmente opuesto a lo que sostenía en la obra citada.
Somos todos compañeros
Pues bien, vista la excusación de Cearras, Moldes nombró en su lugar a Pablo Recchini, un fiscal brotado de la más rancia estirpe menemista, ingresado en la Justicia, más precisamente en la secretaría electoral, con el madrinazgo de María Romilda Servini de Cubría.
Si a la luz de estos antecedentes no se modifica la decisión de delegar la investigación en el fiscal, el sospechado juez Carlos Liporaci habrá caído sobre el colchón más blando. Y se habría producido la paradoja trágica de que una institución del liberalismo (la investigación delegada en la acusación y el juez circunscripto a su rol de garantía en el proceso) sirva de excusa para obstaculizar el derecho republicano a la verdad.
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