La información necesaria para la investigación del escándalo de los sobornos está llegando al juzgado de Carlos Liporaci con extrema lentitud. Hace tres semanas, el magistrado solicitó a la Policía Federal que investigue la evolución patrimonial y los viajes recientes de los legisladores imputados, y hasta ayer no habían aportado ni siquiera un papel. Además, Página/12 pudo saber que los fiscales del caso, Eduardo Freiler y Federico Delgado, le pidieron el lunes al juez que ordene el allanamiento a una dependencia del Poder Ejecutivo, pero Liporaci aún no se decide. Los movimientos de dinero en las cuentas de la SIDE complicaron la situación del jefe de los espías, Fernando de Santibañes, en el expediente. 
Cuando el juez decidió investigar �además del cohecho cometido a través de los presuntos sobornos� la posibilidad de que los mismos senadores acusados también se hubieran enriquecido en forma ilícita, ordenó a la División Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal que busque información en la AFIP y el Registro de la Propiedad, entre otros organismos, sobre las cuentas bancarias, los movimientos financieros, el patrimonio, los vínculos económicos y el ingreso histórico de los once senadores imputados. Quería saber lo mismo con respecto a los familiares y a los empleados de estos legisladores. 
En el juzgado también pidieron datos sobre los viajes recientes realizados por los senadores, tanto los oficiales como los de placer. Poco y nada es lo que han recibido los investigadores. Según comentó a Página/12 una alta fuente del caso, el senador Alberto Tell habría viajado recientemente a Suiza. El viaje oficial a Jordania que habría terminado con una gira por distintos países de Oriente, de la que participaron varios senadores, estaba en la mira. A los investigadores les llamó la atención los gastos de la tarjeta de crédito del senador José Genoud durante ese paseo. Pero por ahora sólo cuentan con estos datos aislados. Para imputar a los senadores por enriquecimiento ilícito, Liporaci se basaría más bien en los datos que arrojan las declaraciones juradas de los imputados, que empezarán a desfilar por Tribunales la semana próxima. �Hubiera sido importante contar con esos datos para las indagatorias�, se lamentó la fuente. 
El juez no se cansa de repetir que tiene �preguntas de cargo� para hacerles a los senadores. Esto es: �¿Usted cobró una coima, como señala fulano de tal?�. Son las preguntas obvias y esenciales de un interrogatorio de este tipo, pero el problema al que se enfrentan los funcionarios judiciales es la falta de elementos sólidos de prueba para sostener la acusación de cohecho al momento de dictar un eventual procesamiento.
Otro de los elementos necesarios para avanzar en la causa es la conformación del equipo de peritos, cuya financiación ya habría sido autorizada por la Corte Suprema. Pero esto tampoco se ha concretado aún. Los investigadores siguen acumulando carpetas con los datos de los movimientos de fondos del Estado, en el marco del rastreo de la supuesta ruta que siguió el dinero de las coimas, pero no pueden descifrar esa información sin ayuda técnica. De hecho, ayer Liporaci recibió documentación que acredita una merma de 6 millones 200 mil pesos, registrada entre el 12 y el 13 de abril en una de las cuentas que tiene la SIDE en el Banco Nación. Al día siguiente, el Gobierno anunciaba que las negociaciones por la Reforma Laboral se habían destrabado.
�Esas planillas no son claras y el traspaso de dinero no cierra, como tampoco la explicación oficial�, comentó la fuente consultada. Por eso es inminente la citación de algún funcionario de la SIDE para que aclare la situación, pero los investigadores estiman que sería conveniente que algún perito contador especializado en manejo de fondos del Estado la analice previamente. Ese funcionario podría ser el director de Finanzas de laSIDE, Juan Gallea, para una ampliación de su declaración como testigo. O el propio Fernando de Santibañes, jefe de los espías. 
En la búsqueda de la �ruta del dinero�, los fiscales pidieron �por ahora en forma infructuosa� la realización de un operativo �en una dependencia del Ejecutivo que no es la SIDE�, comentó la fuente, fiel al estilo adivinatorio que marcó este caso desde su inicio, cuando el senador Antonio Cafiero empezó a señalar al senador A, B y C. 

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