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Por
Horacio Cecchi
Después
de que este diario publicara en exclusiva ayer la denuncia presentada
por el Banco Mundial ante el Inadi, contra las autoridades migratorias
de Ezeiza por discriminación y maltratos a un funcionario del gobierno
de Mozambique, los responsables de la Dirección de Migraciones
y la Fuerza Aérea terminaron trenzados en una polémica.
El director Nacional de Migraciones, Angel Roig, aseguró que su
personal “estuvo sólo una hora en contacto con Mirasse y después
se lo entregó a la Policía Aeronáutica; nadie les
pidió que lo detuvieran”. Por otro lado, un vocero de la Fuerza
Aérea sostuvo que el pedido de detención “surgió
de boca de la gente de Migraciones”, negó que a Mirasse le
hubieran negado alimentos, agua y teléfono, y reconoció
que fue mantenido en una celda porque “recién hace 30 días
se puso una oficina sin rejas”. El Banco Mundial presentó
la denuncia el 27 de setiembre pasado. Al día siguiente, el Inadi
giró el expediente a Migraciones, pidiendo explicaciones y advirtiendo
por las derivaciones penales que configuraba el caso. Hoy, pasado un mes
sin respuesta, el titular del Instituto Contra la Discriminación,
Eugenio Zaffaroni, presentará una denuncia ante la Justicia federal
del fuero criminal para que se investigue el posible delito de abuso de
autoridad y privación ilegal de la libertad. En la mañana
de ayer, el ministro del Interior, Federico Storani, pidió el expediente
y aseguró que “ya se está investigando”.
El caso de Antonio Mirasse cambió ayer de color y de tono. El solo
hecho de que tomara dimensiones de escándalo internacional y que
el denunciante fuera nada menos que el Banco Mundial en representación
de uno de sus invitados movió a urgentes desmentidas del Poder
Ejecutivo: más específicamente, del ámbito de Migraciones
y de la Policía Aeronáutica Nacional, dependiente de la
Fuerza Aérea.
El director Nacional de Migraciones, Angel Roig, aseguró a este
diario que los oficiales a su cargo “hicieron lo que marca la ley:
recibimos una persona que llegó en un vuelo de la empresa South
African en tránsito hacia Bolivia. Como el vuelo llegó atrasado,
perdió su combinación. Se le pidió a South African
que obtuviera un vuelo inmediato, pero no había. El señor
Mirasse no tenía visa para entrar a Argentina, pero tampoco para
entrar a Bolivia. Lo que corresponde es que sea enviado de vuelta a su
país de origen. Tuvimos contacto con Mirasse sólo durante
una hora. Después, directamente procedimos a entregarlo bajo custodia
a la PAN a las 18.30.”
–¿Por qué pidieron su detención si no había
cometido ningún delito? -preguntó este diario.
–Nosotros no tenemos atribuciones para custodiar ni detener a nadie
-respondió Roig.
–¿Y quién dio la orden?
–No sé. Nosotros se lo entregamos a la PAN y recién
volvimos a tomar contacto cuando lo trajeron para el viaje de regreso,
al día siguiente. En el interín no sabemos qué pasó.
Además, según el informe del supervisor de turno Carlos
Edgardo Volpatti, nunca dijo que era del Banco Mundial.
Siguiendo la lógica del informe migratorio, de haber chapeado,
Mirasse habría evitado las consecuencias de su color de piel. El
mozambiqueño, en su denuncia, insistió en que no había
sido escuchado, y que los funcionarios “fingieron hacer un llamado”.
Tampoco la Policía Aeronáutica se hizo cargo de los maltratos.
Aunque el comodoro Avelino A. Menéndez, director general de la
PAN, y su segundo, Oscar H. Spat, prefirieron guardar silencio, un vocero
de la Fuerza Aérea salió al cruce de los descargos de Roig:
“La PAN es un auxiliar de Migraciones. Salvo en un delito in fraganti,
no tiene atribuciones para detener a nadie, y menos en un caso de visas.
El pedido vino de Migraciones y nosotros lo cumplimos. Y no es cierto
que no le hayan dado comida, agua y derecho a hacer un llamado”.
–¿Cuál es el trato que se debe dar a una persona que
no cometió ningún delito y no tiene visado?
–Se lo debe colocar en una sala, con custodia, hasta que parta el
vuelo que lo devuelva a su país de origen.
–Pero Mirasse fue encerrado en una celda.
–Es que recién hace treinta días se abrió una
oficina sin rejas para estos casos.
Mientras la polémica por las responsabilidades sobre el caso amagaba
con instalarse en el lugar común del “yo, argentino”,
la diputada aliancista Marcela Bordenave presentó un pedido de
declaración “del más absoluto repudio” por el
hecho y un pedido de investigación y sanción de los responsables.
Por otro lado, el interventor del Inadi, Eugenio Zaffaroni, consideró
como “gravísimo un hecho semejante. Estoy indignado con este
acto y espero que luego de las explicaciones y de las sanciones a quienes
correspondan, no sucedan más estos hechos”, sostuvo. “En
el pedido de explicaciones, que giramos al director de Migraciones al
día siguiente de recibir la denuncia del Banco Mundial, le advertimos
que podría surgir responsabilidad penal. De configurar delito,
hay abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad. Pero
no obtuvimos ninguna respuesta de Migraciones. Hoy voy a presentar una
denuncia en un Juzgado Penal Federal, como es la obligación de
cualquier funcionario en un caso semejante”.
De prosperar el caso en la Justicia, los responsables del maltrato a Mirasse
se las verán bien negras: les correspondería una pena de
1 a 5 años.
La
odisea de Mirasse
El ingeniero Antonio Mirasse es miembro de la Dirección
Nacional de Agua de Mozambique. El 23 de junio partió hacia
La Paz para participar de una reunión sobre Provisión
de Agua y Saneamiento organizada por el Banco Mundial. El avión
en el que viajaba se dirigía a Buenos Aires: aquí tomaría
otro vuelo hacia Bolivia. Pero por complicaciones climáticas
perdió la combinación. En el aeropuerto fue interceptado
por personal de Migraciones. Allí empezó su odisea:
sin permitirle hablar con nadie, fue encerrado en un calabozo del
sótano del aeropuerto, incomunicado, sin alimentos ni agua.
Durante un día y medio fue maltratado, insultado por oficiales
que lo apodaron “Saddam Hussein” y que hasta le cobraron
para ir al baño. Finalmente, fue deportado hacia Johannesburgo.
Luego presentó su queja: “Quiero dejar en claro que el
trato recibido en Buenos Aires por parte de la oficina de Migraciones
es una grave ofensa moral a mi persona y a mi dignidad. Llegué
a la conclusión de que fui tratado de ese modo por el color
de mi piel, y no por formalidades de ese país”. La titular
del Banco Mundial en Argentina, Myrna Alexander presentó una
denuncia en el INADI por discriminación. |
OPINION
Por Juana Kweitel *
El
extranjero como amenaza
El CELS ha denunciado reiteradamente la arbitrariedad
con la que actúa en nuestro país la Dirección
Nacional de Migraciones. La ley que rige el régimen migratorio
en Argentina ha sido sancionada durante la última dictadura
militar y refleja la doctrina de la seguridad nacional asimilando
al extranjero a una amenaza. Esta ley viola normas constitucionales
fundamentales y compromisos asumidos por nuestro país en
materia de derechos humanos.
La ley Videla faculta a las fuerzas que actúan como auxiliares
de la Dirección de Migraciones (Policía Federal,
Gendarmería, Policía Aeronáutica) a detener
sin orden judicial. Como en el caso del Sr. Mirasse los detenidos
son alojados en comisarías u en otros lugares sin intervención
de un juez que revise la legalidad de la medida. Generalmente
las personas detenidas no son informadas de las razones de la
detención, ni cuentan con abogado para defenderlas.
En escasísimos casos alguien presenta una acción
de hábeas corpus en favor de la persona detenida, pero
la Dirección de Migraciones ejecuta las expulsiones antes
de que la Justicia resuelva. De esta forma la Corte Suprema en
el caso De la Torre entendió que era abstracto analizar
la legalidad de este tipo de detenciones, desperdiciando una oportunidad
única para declarar la inconstitucionalidad de esta ley
y poniéndole un límite a la facultad de detención.
Esta ley es una de las pesadas herencias que nos dejó la
dictadura. Su modificación es una de las principales deudas
de nuestra democracia. Sin embargo los proyectos presentados ante
la Comisión de Población han perdido sucesivamente
estado parlamentario. Este es el momento de que nos demos cuenta
de que este tipo de normas debilita nuestra democracia, aunque
para ello haya hecho falta que se afectaran los derechos de un
funcionario del Banco Mundial.
* Coordinadora del Programa de Derecho Económico, Social
y Cultural del CELS.
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Historias
de una Argentina en la que ser negro no es nada fácil
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