Por Irina Hauser y Victoria Ginzberg Juan Antonio Del Cerro alias �Colores� y Julio Simón, conocido como �El Turco Julián�, �decidían sobre la vida, la muerte, los tormentos y las demás vejaciones a los que eran sometidos los detenidos, sin necesidad de esperar órdenes concretas de sus superiores�. Es lo que aseguró el juez federal Gabriel Cavallo a través de la resolución con la que dictó ayer el procesamiento de ambos represores. Los responsabilizó de la �sustracción, retención y ocultamiento� de la menor Claudia Victoria Poblete, hechos que, en base al derecho internacional, calificó como �actos de genocidio�. A su vez, a partir de la declaración de una ex detenida, el juez ya empezó a juntar datos sobre otro caso de robo de bebés: el de la hija de Lucía Tartaglia. El 28 de noviembre de 1978 un grupo de hombres uniformados secuestró de su domicilio de la localidad de Guernica a Gertrudis María Hlaczik y su beba de ocho meses. El padre de la niña, José Liborio Poblete, desapareció el mismo día. La familia fue llevada al centro clandestino de detención El Olimpo, que se montó en la división de Automotores de la Policía Federal. José, un técnico tornero chileno que había perdido sus piernas en un accidente siete años antes de su desaparición, había formado en 1971 el Frente de Lisiados Peronistas (FLP). A partir de una denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo, en febrero de este año el juez estableció que, luego de haber estado unos días en El Olimpo, Claudia había sido apropiada por un teniente coronel de apellido Landa. Del Cerro está detenido desde el 6 de octubre; Simón fue arrestado once días después, mientras caminaba como si nada por el microcentro a pesar de que su captura había sido ordenada dos meses antes. Junto con el procesamiento, ayer el magistrado dispuso un embargo en sus bienes por cien mil pesos a cada uno. Cuando declararon a mediados de octubre, los dos represores negaron su vinculación con el caso de Claudia, consecuentes con su vieja práctica de mentir. En El Olimpo, a Gertrudis le habían dicho que se quedara tranquila, que su beba iba a ser entregada a los abuelos. �Del Cerro y Simón, junto con otras personas que por el momento no fueron individualizadas, colocaron de propia mano las condiciones necesarias para ocultar a Claudia Victoria Poblete de su familia�, señaló el magistrado en la resolución y aclaró que, como miembros del grupo de tareas, eran conscientes del �destino probable de los menores�. En base al derecho internacional, el magistrado concluyó que los delitos cometidos por �Colores� y el �Turco Julián� son �de lesa humanidad� y como tales, imprescriptibles. Con cita de la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas, añadió que se trata de crímenes �permanentes�. Pero entre las numerosas menciones a tratados y pactos internacionales, lo más novedoso de esta resolución es la mención al genocidio en la misma forma que lo hizo la Audiencia Nacional de España al confirmar la jurisdicción del juez Baltasar Garzón para investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas por las dictaduras argentina y chilena. �Es un acto de justicia porque se trata de represores reconocidos. Hay que seguir investigando porque ellos son cómplices de otras apropiaciones�, aseguró Estela Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. El magistrado ya pidió datos al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y a Abuelas de Plaza de Mayo sobre el caso de Lucía Tartaglia y su beba, que habría nacido en el Hospital Militar. OPINION |