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Por
Laura Vales
 El
expediente lleva el número 11.510. En él, el frepasista
Alejandro Mosquera autorizó a una asesora de la Legislatura bonaerense
a gastar 101 mil pesos. El dinero lo usó Osvaldo Mércuri
(PJ) para una supuesta Jornada sobre Discapacidad. Un puntero de San Martín
fue contratado para hacer todo: diplomas, la impresión de 5 mil
libros exclusivos para el evento, folletería a cuatro colores,
sonido, instalar de pantallas de tv gigantes y, de paso, brindar el servicio
de lunch. Por cada uno de estos ítems le pagaron hasta el doble
de los precios de mercado.
La empresa de la fortuna se llama Falú Hermanos-Sociedad de Hecho.
Vista desde la calle, no impresiona como una firma hiperdiversificada,
capaz de ofrecer a su clientela desde ediciones de lujo a saladitos y
arreglos florales. Más bien parece un depósito de mercadería;
un almacén de persianas metálicas y frente pintado de rosa
furioso. Es una de esas cuadras donde todos duermen la siesta, en un barrio
sin pretensiones de San Martín. A las dos de la tarde las persianas
del negocio están bajas y no hay carteles que lo identifiquen.
El timbre suena sin respuesta.
Diez minutos más tarde, una de las cortinas del primer piso se
levanta a medias, con un chirrido. Un muchacho asoma la cabeza; lleva
una remera blanca en la que se lee Duhalde Presidente.
–Busco presupuesto para una fiesta– dice Página/12.
El muchacho mira, pero no dice nada.
–Me dijeron que acá me pueden hacer precio. ¿Esto es
Falú Hermanos?
Por adentro, Falú tampoco tiene mucho que ver con lo esperado.
Casi se podría jurar que es una unidad básica. Apenas se
avanza dos pasos ya hay un afiche gigante de Eduardo Duhalde abrazando
a Chiche. Un poco más atrás se ve una gran sala con tablones
acomodados sobre caballetes y más afiches sobre las paredes. Todos
son de Duhalde.
–No es una unidad básica –corrige el empleado– pero
le hicimos muchos actos al gobernador. Casi todos. Así que a todo
esto lo tenemos de recuerdo.
Los diputados bonaerenses cuidan con celo todo lo que haga a la publicidad
de sus cuentas.
 No presentan declaración
jurada de bienes.
No dan a conocer la lista de
sus empleados, ni los de planta ni los políticos.
No difunden la nómina
de los beneficiarios de becas y subsidios.
Se manejan igual con las partidas
millonarias que cada año se van en contratos de obra y de servicios.
No es por falta de iniciativa; en los últimos tiempos se multiplicaron
los proyectos de ley para dotar de transparencia al funcionamiento de
la Cámara, pero hasta ahora ninguno pareció despertar suficiente
pasión como para ser aprobado.
La Jornada de los 101 mil dólares se realizó el 26 de abril
del año pasado, cuando Mosquera era presidente de la Cámara
de Diputados y Mércuri el vice. El evento tuvo un título
de varias líneas: “Primer Jornada Legislativa Bonaerense sobre
el Rol de las Organizaciones No Gubernamentales ante la entrada en vigencia
del Sistema Unico de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad”.
Ese día, la Legislatura le pagó a Jorge Tabarez, copropietario
de Falú, 61.120 pesos por 5 mil libros de tapa dura y letras doradas,
impresos para la ocasión, pero de los que no es posible encontrar
un solo ejemplar en la Biblioteca de la Legislatura. Este diario pidió
a una editorial de primera línea un presupuesto de características
idénticas: cinco mil ejemplares, 512 páginas cada libro,
papel obra de 80 gramos, cosido a hilo, con tapa dura y tinta dorada.
El precio fue de 32 mil pesos, casi exactamente la mitad. Tabarez embolsó
otros 3218 dólares por 20 mil folletos, suma también muy
por encima de lo razonable. Y 27 mil seiscientos pesos por un servicio
de lunch para mil personas, con 30 mozos, mantelería y ornamentación
del salón. En este caso, los precios ofrecidos por dos firmas dedicadas
al rubro para un servicio de lunch generoso destinado a la misma cantidad
de invitados, con 17 platillos diferentes, bebidas gaseosas y agua mineral,
vinos, champagne, mesa de dulces y 36 mozos fueron de los 15 a los 20
mil. Otra vez, mucho menos que lo que pago la Legislatura.
El resto del dinero –otros siete mil pesos– se fueron en el
alquiler de equipos de sonido, de dos video walls, diplomas y carpetas.
Jorge Tabarez es un puntero del PJ muy conocido en San Martín.
La especialidad de su empresa es la pintada de paredones y la pegatina
de afiches electorales. Trabaja sobre todo para el justicialismo, pero
a veces también lo contrata algún candidato de la Alianza.
Negocios son negocios.
En las planillas de control interno de la Cámara, la salida de
los 101 mil pesos figura como un subsidio otorgado por Mosquera a la jefa
de asesores de la Vicepresidencia. Cada año, los diputados manejan
una partida millonaria en subsidios:
Los rasos disponen de 40 mil
pesos por año para repartirlos. Como hay 92 legisladores, el paquete
suma 3 millones seiscientos mil pesos.
Los funcionarios de ley –los
secretarios administrativo y legislativo, por ejemplo– tienen a su
vez otro paquete para otorgar subsidios. Su monto trepa a los dos millones
doscientos ochenta pesos.
El presidente de la Cámara
también tiene su partida extra, superior al millón de dólares.
En 1999, por ejemplo, el monto total de los subsidios que salieron de
Presidencia fue de 1.254.950 pesos.
Los diputados los entregan en base a una ley que se hicieron a medida.
Se trata de la 10.334, que se aplica única y exclusivamente a los
subsidios que se dan en la Cámara Baja bonaerense.
Funciona de la siguiente manera: cada año los legisladores tienen
que mostrarle al Tribunal de Cuentas cómo asignaron subsidios y
becas. Pero a los efectos de esta rendición, solamente deben entregar
–dice la ley en su artículo 15– “el formulario de
solicitud (del subsidio) y la recepción del respectivo cheque por
parte de cada diputado, emitido a la orden del beneficiario”.
–¿Qué significa esto en concreto? –preguntó
Página/12 a uno de los contadores del Tribunal de Cuentas.
–Que no podemos saber si el dinero se usó correctamente o
fue desviado –fue la respuesta.
“Suponga que se da un subsidio de 30 o 50 mil dólares a una
fundación -explicó el consultado–. Como no están
obligados a decir en qué va a usar la fundación ese dinero,
nosotros no tenemos forma de controlar si efectivamente fue a una obra
de bien público o todo se usó como una pantalla. Los diputados
son los únicos en la provincia que tienen una norma de estas características.
Todas los demás están obligados a explicar en detalle el
uso que se le da al subsidio.”
En agosto, este diario reveló que la Cámara manejaba “fondos
especiales” de 36 millones de dólares al año por afuera
del presupuesto y en secreto. La existencia de esa caja negra fue derogada
tras la publicación de la nota, pero desde entonces las autoridades
de la cámara se niegan a decir en qué usaron el dinero.
No son los únicos documentos que prefieren mantener bajo llave.
Los detalles de la Jornada de los 101 mil dólares quedaron registrados
en un expediente que se guarda en el archivo de la Cámara, pero
no es de consulta publica. Si alguien pide verlo –a este o a cualquier
otro expediente vinculado a subsidios o gastos de la Legislatura–
recibirá como respuesta que necesita de una autorización
del diputado que lootorgó, como si se tratara de una cuestión
de su vida privada. Si se solicita la norma que así lo dispone,
los empleados aducen cumplir órdenes verbales de no mostrar nada.
Un mes atrás, después de un primer intento fallido de acceder
a esta carpeta, un grupo de legisladores rasos aceptó hacer personalmente
el trámite. Obtuvieron la misma negativa. Uno de ellos hizo valer
entonces su calidad de miembro de la Cámara y elevó un pedido
por escrito, con lo que tuvieron que entregarle una copia. De allí
en adelante, el archivo se volvió más cerrado y directamente
ya no fue posible ver ningún otro papel.
En estos días los referentes de los tres bloques mayoritarios negocian
el presupuesto con el que el Cuerpo legislativo deberá manejarse
el año que viene, y que en teoría debería bajar a
98 millones de pesos. En el PJ y el radicalismo se inclinan por aumentarlo.
El argumento central es que, sin los 36 millones de fondos especiales,
el dinero no alcanza. En reuniones reservadas, los caciques de la Cámara
hablan incluso de la posibilidad de despedir gente. La medida es esgrimida
como la salida preferencial para poder cumplir con el ahorro prometido.
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