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Por Fernando Cibeira
 El presidente Fernando de la Rúa espera que la comisión parlamentaria que comenzará a sesionar hoy sea quien le facilite la remoción del presidente del Banco Central, Pedro Pou, con un dictamen incriminatorio por el escándalo de lavado de dinero. Tanto en la Rosada como en la conducción de los bloques legislativos de la Alianza insisten en que la salida de Pou es inexorable y que la principal preocupación del oficialismo pasa hoy por conseguir un método indoloro. En principio, no hay plazos, pero De la Rúa no quiere que la indefinición se extienda demasiado, cuestión de no inquietar a los mercados financieros, el cuco de esta historia.
De la Rúa mantuvo ayer un almuerzo con el ministro del Interior, Federico Storani, y el presidente de la Cámara de Diputados, Rafael Pascual, en el que el destino de Pou se convirtió en el principal tema de conversación. Quienes participaron de la comida ratificaron su convencimiento acerca de que el Presidente le bajó el pulgar al titular del Central. Pero también que extremará los recaudos para mostrarse frente a la cuestión todo lo ajeno que le sea posible. Fiel a un estilo apegado a los legalismos, De la Rúa quiere que la comisión recolecte los argumentos que deberán dejar a Pou en la calle.
Según la carta orgánica del Banco Central, el Presidente puede decidir el despido del titular de la entidad por mal desempeño de acuerdo a lo que averigüe esta comisión integrada por cinco legisladores, que debe elevarme un informe con sus conclusiones. En la integración actual, la Alianza cuenta con una mayoría en la comisión de 4 a 1.
La preocupación del Gobierno es el calificativo de �tribunales populares� que la city y hasta �sorprendentemente� el ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, lanzaron ante la formación de la comisión y las declaraciones de dirigentes políticos que reclamaron una renuncia. Enseguida, Pou hizo suyo el argumento y ahora él también se considera por anticipado víctima de un tribunal que lo prejuzga.
En Gobierno evaluaron ayer que no era necesario que la comisión que encabeza el presidente previsional del Senado, Mario Losada, viaje a Washington para obtener in situ la información recolectada por los legisladores norteamericanos. Pero sí aclaraban que la comisión no tenía plazos para la obtención de pruebas y dar su veredicto. Incluso, podía extender su trabajo hasta pasado el 28 de febrero, fecha en que el subcomité del Senado de los Estados Unidos dará a conocer su informe definitivo sobre lavado de dinero. De acuerdo a la recomendación presidencial, la comisión andará con pie de plomo y cumplirá todos los pasos necesarios para que Pou no pueda argumentar que no lo dejaron utilizar su derecho a defensa. El único inconveniente es que, de esta forma, la definición se demorará.
Naturalmente, el tema Pou produjo una división entre los miembros del oficialismo. Un ala �técnica� que conforman el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, el ministro de Economía, José Luis Machinea, y López Murphy considera que es primordial que el Gobierno tenga en cuenta el termómetro de la city para definir el proceso. Es más, tal vez si los dejaran decidir, coincidirían en que lo mejor para todos sería que Pou siguiera, como garantía para los inversores y los grandes bancos que lo tienen en buena estima. Para este sector, el arreglo ideal �que, por indicación presidencial, gestionaron� sería que Pou diera un paso al costado por las suyas y se alejara en buenos términos, algo que el presidente del Central ya confirmó que no hará.
Enfrente, un �ala política� más numerosa considera que cada día que el Gobierno mantenga en su puesto a un funcionario que fue contemplativo con manejos de dinero sucio está pagando un costo, por lo que exigen una solución inmediata. Para más al ser menemista y un entusiasta de la dolarización, los enemigos de Pou son mayoría dentro de la UCR y el Frepaso. En este sector se ubican el titular de la UCR, Raúl Alfonsín, eldel Frepaso, Carlos �Chacho� Alvarez, el ministro Storani y el jefe del bloque de diputados de la Alianza, Darío Alessandro.
De la Rúa intenta una opción intermedia. Si bien quiere la salida rápida de Pou, no se salteará ningún paso legal hasta firmar la medida. Para entonces quiere tener resuelto el nombre de un sucesor que no provoque rechazos. Un integrante del gabinete sostenía ayer que la jugada cerraría perfecta con un reemplazante que sea garantía de continuidad en la política económica. Con ese criterio, el primer lugar en cualquier lista que circula en la Rosada lo ocupa López Murphy. Hasta ahora, el ministro de Defensa se mantiene firme en su negativa. Como sustitutos, entonces, aparecen dos funcionarios de Machinea: el secretario de Hacienda, Mario Vicens, y el secretario de Finanzas, Daniel Marx.
La danza de los nombres
El ex fiscal federal norteamericano Charly Entriago, especialista en temas de lavado de dinero, consideró que en las sesiones públicas que el subcomité del Senado de ese país tiene previsto realizar desde fines de febrero se ventilarán �cuentas y nombres de políticos argentinos�, entre los que no descartó que figure el del ex presidente Carlos Menem.
�Es probable que se vayan a revelar cuentas de oficiales (por políticos) en Argentina y en otros países�, señaló Entriago en declaraciones a Radio Del Plata. Y aunque aclaró que no conoce �el rango de los políticos cuyas cuentas serán reveladas�, dijo saber, en cambio, �que están corriendo rumores de que se han determinado ciertas cuentas del ex presidente Menem�.
Entriago �un ecuatoriano con residencia en los Estados Unidos, donde se desempeñó como fiscal� consideró por otra parte �vergonzoso� que a un año de haberse sancionado en Argentina la ley contra el lavado no se la haya reglamentado todavía, hecho que vinculó con �la corrupción�. |
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