Claves

El juez Jorge Urso procesó, dictó prisión preventiva y embargó por tres millones de pesos al ex presidente Carlos Menem por comandar una asociación ilícita que vendió armamento ilegalmente a Croacia y Ecuador.
Hizo lo mismo con Erman González y Martín Balza, a quienes calificó como organizadores de la banda.
La figura que impuso a Di Tella y Gómez Sabaini fue la de miembros de dicha organización, por lo cual mantendrán su libertad.
Paralelamente, endureció las condiciones de reclusión del ex presidente en la quinta de Don Torcuato.
Según el magistrado, la banda estaba formada por Menem, Emir (que no aparece en este fallo), Erman, Balza, Di Tella, Gómez Sabaini y Sarlenga, y abre interrogantes sobre la actuación de Alberto Kohan y Karim Yoma.
La versión completa del fallo del juez Urso puede leerse en nuestro web site: /

Hecho judiciable o no

Por E. T.
Cuando Carlos Menem declaró por primera vez frente al juez federal Jorge Urso respondió que la venta de armas se insertaba en las relaciones internacionales que su administración llevaba adelante. Por lo que se estaba frente a un hecho político no judiciable. En su fallo de ayer el magistrado dedica unas cuantas fojas de su resolución a rebatir las argumentaciones del ex presidente. Entre los fundamentos doctrinarios tenidos en cuenta por Urso hay citas de las Salas I y II de la Cámara Federal porteña, fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, refrendados curiosamente por Mariano Cavagna Martínez, hoy defensor de Menem, trabajos del constitucionalista radical Jorge Vanossi y hasta jurisprudencia norteamericana y francesa. “Es un error suponer que cada caso o controversia que toque las relaciones internacionales está fuera de conocimiento judicial”, cita Urso recurriendo a un fallo del máximo tribunal de los Estados Unidos. Sin hacerlo explícito, el juez refuta la condición de preso político de Menem, que insistentemente repiten sus seguidores ya que sostiene que en la causa se estudian “delitos comunes” que necesariamente deben ser instruidos “por un magistrado judicial”. El magistrado concluye que de predominar la concepción de que se está frente a un “hecho político no judiciable”, no sólo se abortaría el accionar de la justicia, sino que también se instituiría un verdadero “fuero personal para quienes actuaron bajo el resguardo de una función en el poder”.

Una indefensión buscada

Por E.T.
La remanida frase “los jueces hablan por sus sentencias” podría ser utilizada para analizar el capítulo “respecto del alegado estado de indefensión” que integra el fallo de Jorge Urso. En este capítulo el magistrado rebate el discurso, repetido hasta el cansancio por los seguidores de Carlos Menem y amplificado generosamente por algunos comunicadores, de que al adelantarse la fecha de su citación judicial, se le vulneró al ex presidente su derecho a la defensa. Luego de recordar que el Código habilita a los abogados defensores a consultar el expediente tres días antes de asumir oficialmente la representación de sus defendidos, Urso menciona que el 18 de mayo fueron designados Oscar Roger y Mariano Cavagna Martínez como los letrados actuantes. Es decir que pudieron haber consultado el expediente veinte días antes de la primera declaración de Menem. El juez no lo dice pero es sabido que, a esa altura, la defensa discurría más por el andarivel político que por el expediente. El magistrado recuerda que la causa no era desconocida para Menem, ya que durante su presidencia instruyó al entonces Procurador del Tesoro Rodolfo Díaz para que se constituya como querellante en las actuaciones judiciales. Urso recuerda que el imputado puede “ser escuchado cuantas veces quiera”. Si hubo una voz ausente en las indagatorias fue la de Menem. Ante un expediente tan abrumador como éste, el ex presidente se limitó a presentar algunas cuartillas.

Un fallo muy duro de roer

“Me encerraron entre estas cuatro paredes blancas
donde vienen a verme mis amigos
de vez en vez
de dos en dos
y de seis a siete”.
Joan Manoel Serrat “De cartón piedra”.
Cárcel VIP Muchas personas del común piensan que Carlos Menem no está cabalmente preso. Que mora en una prisión VIP o sea en una prisión que no es tal. El criterio mide bien la bronca que ha acumulado en la sociedad quien fuera “abanderado de la esperanza”, promotor del salariazo, dueño durante más de seis años de un voto por cada dos argentinos. Pero induce a no ser riguroso: aunque aliviado por un principio garantista que tutela a las personas de cierta edad, Menem está preso.
Si alguien lo sabe es él. Está incómodo, “violento” dijo uno de sus abogados, Oscar Roger. Y lo que, para tantas personas de a pie es un palacio, para él es cabalmente una celda. Está habituado a pasearse, a jugar al golf, a viajar. “La quinta –explica uno de sus allegados –es una buena construcción pero también vieja. Tiene más de setenta años, ventanas chicas, paredes altas, un poco lóbrega. Para peor... los paños verdes que pusieron por doquier para evitar ser fotografiados. Se siente encerrado, bajoneado. Le duele la ausencia de su hija Zulemita.”
Preso está y –coinciden sus abogados, sus laderos políticos, sus amigos– le importa bastante más quedar libre que probar su inocencia. Por decirlo con un eufemismo, ésa es su ambición de mínima.
La contradicción principal: Para plasmarla debe, antes que nada, aniquilar el cargo de asociación ilícita. A eso se han enderezado casi todas sus movidas jurídicas: los técnicamente endebles escritos que prepararon sus defensores, los artículos periodísticos (si no rigurosos, punzantes) de su operador jurídico Rodolfo Barra. Para ellos, tanto como para los medios adictos como Ambito Financiero la asociación ilícita ha pasado a ser lo que Mao Tsé Tung hubiera llamado la contradicción principal y Saddam Hussein bautizado madre de todas las batallas.
Esa cruzada cuenta con un aliado no menor, el ex presidente Raúl Alfonsín quien viene goteando sus críticas desde hace rato. Ya anunció que se estaba haciendo asesorar por juristas amigos, luego buscó al garantista Raúl Zaffaroni (cuyo pensamiento crítico conocía a priori) y pregona ante cada micrófono su disconformidad. La unidad entre dos ex presidentes es un previsible corolario del Pacto de Olivos que, más allá de incluir la reelección, era un complejo entramado de división de poder (y en parte de impunidad) entre los dos partidos mayoritarios. Una serie de acuerdos explícitos e implícitos en una clase política totalmente alérgica a renovarse. La reelección era un dato esencial, congruente con el resto, para nada el único. La idea de que “los políticos” puedan ser juzgados por hechos cometidos en el Gobierno subleva a los integrantes de la corporación. Y habrá más.
En campaña: El menemismo ya la ha lanzado y voces afines al alfonsinismo se irán sumando en los próximos días. Una campaña mediática intenta instalar que la aplicación del tipo “asociación ilícita” a los integrantes de un gobierno, columna vertebral de la decisión dictada de Jorge Urso, es un disparate.
Los ultramenemistas dicen a los cuatro vientos que su jefe es un preso político “del radicalismo”, un argumento digno de la prehistoria argentina que, entre otros errores, soslaya la total falta de poder y de decisión del actual gobierno y la existencia del Pacto de Olivos.
Los menemistas más racionales eligen un discurso más sutil, más factible de ser adoptado extramuros del PJ, cuyos pilares son:
Urso y Stornelli no tienen presiones del Gobierno y obran por la libre
pero...
Son bastante precarios y hasta chantas en conocimientos legales. Sus decisiones técnicamente berretas.
La aplicación al caso de la asociación ilícita es un disparate.
Este razonamiento ha impregnado el pensamiento de algunos formadores de opinión quienes han reducido a la caricatura los razonamientos de la justicia y –tras cartón– se indignan con la caricatura. El argumento periodístico es que “un gobierno no puede ser una asociación ilícita”. Desde ayer esa gente y sus simplificaciones publicitarias están en problemas.
El fallo. La decisión de ayer y el dictamen precedente del fiscal Carlos Stornelli desmienten una de las premisas de los operadores jurídicos del ex presidente. “Es mucho más serio de lo que pensábamos”, confesó ante Página/12 días atrás tras leer a Stornelli un renombrado penalista que fue interesado en la defensa de Menem. Y agregó que los letrados del ex presidente “van a tener que laburar más que Cavagna Martínez y Roger”.
La pieza de Urso, como describe bien la nota central, será un hueso duro de roer. A riesgo de ser monótono, sinteticemos. Urso define que “... no es necesario que la asociación se constituya inicialmente como asociación criminal, la finalidad delictiva puede agregarse a una asociación preexistente...”. Tras cartón cita a un clásico de la doctrina penal argentina, Núñez, para explicar “existe una asociación ilícita, si tres o más personas han acordado (pactado o concertado) cooperar en la comisión de delitos. (...) El acuerdo existe cuando los individuos interesados han manifestado, expresa o implícitamente, su voluntad de obrar concertadamente para cometer delitos, prestándose cooperación al efecto. El acuerdo implícito puede resultar incluso de actividades delictuosas realizadas en común por las mismas personas”.
O sea, una asociación ilícita puede existir dentro del seno de otra organización, no necesita un acuerdo expreso (mucho menos escrito), puede ser implícito, resultante de los propios hechos. Traducido a lenguaje llano y al caso concreto: no hizo falta que Menem, sus ministros, y su jefe de Ejército se hayan dedicado full time al tráfico ilegal de armas, hayan pactado con antelación hacerlo o se hayan reunido en una habitación para urdir su modus operandi. Puede haber asociación ilícita si, con rasgos de estabilidad y permanencia, se dedicaron a delinquir organizados como banda.
La prueba de la asociación ilícita, cita Urso un precedente judicial, “se realiza a través del método inductivo, es decir, partiendo desde los casos delictivos realizados hacia atrás. (...) Las ‘marcas’ o ‘señas’ de la asociación quedarán expuestas en evidencia en la medida que se analice su modo de operar”.
El magistrado, por ende, aplica el método inductivo y eslabona su interpretación a partir de los hechos. El primero: la designación de Alfredo Carim Yoma (en adelante Carim, como solían nombrarlo los amigos). El juez infiere que “desnuda el plan la marca que deja en primer lugar, el establecimiento –dentro de la estructura estatal– de la injustificada Secretaría de Asuntos Especiales, al frente de la cual fue designado Alfredo Carim Yoma, cuya única misión conocida (merced al aporte de los testigos que a su respecto declararon en la causa) fue la de inmiscuirse en las transacciones que implicaran material bélico, poniendo especial atención en las comisiones que ellas traían aparejadas, como sucedería en adelante”.
Carim, postula Urso (y no será fácil refutarlo) fue designado pensando en cualquier cosa menos en una política exterior. ¿O acaso –si se permite mezclar razonamientos jurídicos con otros más barriales, de autoría de este columnista– Carim era un egresado del INAP? ¿O acaso Luis Sarlenga fue designado y luego defendido por el propio Menem –vía Esteban Caselli- por ser medalla de oro en Administración de Empresas? Sus designaciones tuvieron un (único) sentido, idéntico a los decretos y a las añagazas urdidas con material bélico. Todas las conductas fueron necesarias para concretar el tráfico ilegal de armas. Hubo acuerdo, al menos implícito, según se infiere de los propios actos, concluye Urso tras una minuciosa revisión de la prueba.
“Los camaristas van a revocar el fallo, ellos son serios. No van a avalar cualquier verdura”, se cansaron de proclamar los hombres del ex presidente. Cuando terminen de leer el frondoso fallo de Urso no dirán otra cosa pero probablemente lo piensen. Deberán pedir a sus abogados más esmero... o cambiarlos o enriquecer el staff (ver asimismo página 4).
Y seguramente será la hora del Plan B: las presiones políticas, la recidiva del Pacto de Olivos, las apelaciones a la gobernabilidad. Mientras tanto, Menem estará preso, entre amplias paredes verdes y -aunque no sea situación calcada de la del personaje de Serrat– sus amigos también irán a verlo por tandas y con horarios fijos.