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Por Victoria Ginzberg
 El dictador Jorge Rafael Videla sumará hoy un nuevo procesamiento por los crímenes cometidos durante la última dictadura militar. El juez federal Rodolfo Canicoba Corral tomará esa medida al considerar que fue �integrante de una asociación ilícita� formada por los gobiernos militares del Cono Sur, es decir por su participación en el Plan Cóndor. Este hecho complicará aún más la situación judicial de Videla, que pretendía salir de su encierro �domiciliario� gracias a un fallo de la Corte Suprema que de cualquier manera ya perdió consenso entre los ministros del máximo tribunal
(ver aparte).
En la causa en la se investiga la coordinación terrorista de las dictaduras argentina, chilena, paraguaya, uruguaya, boliviana y brasileña durante la década del 70, Videla también fue acusado de privación ilegal de la libertad y torturas pero el magistrado esperará a indagar nuevamente al ex militar antes de decidir su procesamiento por esos delitos. Esta nueva prisión preventiva implicará que más allá del desenlace de la causa de robo de bebés, el dictador seguirá preso. No sólo porque el expediente del Plan Cóndor deberá seguir los carriles normales y ser apelado ante la Cámara Federal antes de llegar a la Corte Suprema sino también porque en este caso Videla está siendo investigado por su responsabilidad política, es decir como �Presidente�. De acuerdo al argumento que defienden los ministros de la Corte Suprema que pretendían liberar al dictador �y refutado por jueces de primera instancia y camaristas� el hombre no podría ser perseguido penalmente por los hechos que se le podían atribuir por haber sido �Comandante en Jefe del Ejército�.
Dentro de las pruebas que Canicoba Coral y el secretario Oscar Aguirre acumularon para probar que el Plan Cóndor fue una asociación criminal destinada, entre otros delitos, a hacer desaparecer personas, están los memos del ex agente de la policía secreta pinochetista Enrique Lautaro Arancibia Clavel. Este hombre fue condenado el año pasado por el asesinato del general chileno Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert y por formar parte de una asociación ilícita. En esa causa, como en la del Plan Cóndor, fueron incorporados varias carpetas con informes de inteligencia que Arancibia Clavel mandaba a Chile y que fueron secuestradas en 1978, cuando fue acusado de espionaje a raíz del enfrentamiento entre Argentina y Chile por el Canal de Beagle.
Entre los memos del agente secreto chileno hay varios papeles que confirman sus fluidos contactos �y por ende el de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA)� con los militares argentinos. Uno de los informes más impresionantes mencionaba que �se tienen por computados 22.000 entre muertos y desaparecidos, desde 1975 hasta la fecha�. El documento estaba fechado en 1978 y aseguraba que la fuente de información era �el Batallón 601 de Inteligencia del Ejército�. El archivo de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep), en el que los colaboradores de Canicoba Corral registraron al menos 80 casos de personas que habrían sido secuestradas dentro del Plan Cóndor, es otro elemento de peso en este expediente.
Entre las víctimas de la coordinación represiva en el Cono Sur, Dora Marta Landi y Alejandro José Logruso, representan un �caso testigo�. Los dos argentinos fueron secuestrados en Paraguay en marzo de 1977 y un papel encontrado en los archivos del terror señaló que ellos, junto con un grupo de detenidos uruguayos, viajaron desde Asunción a Buenos Aires el 16 de mayo de 1977 en un avión de la Armada Argentina piloteado por el capitán �José Abdala� �el supuesto alias de Luis D�Imperio� y fueron entregados a miembros de la SIDE. Los abogados querellantes Alberto Pedroncini y David Baigún aportaron al juez Canicoba Corral un recorte del diario La Opinión que prueba que ese avión fue usado por el dictador Emilio Eduardo Massera un día antes para viajar a Santa Fe para participar en un acto por el Día la Armada. El juez Canicoba Corral reclamó en esta causa las capturas internacionales del dictador paraguayo Alfredo Stroessner �que vive en Brasil como asilado político�; del ex jefe de la policía secreta chilena, Manuel Contreras y de tres militares y un policía uruguayo. El Gobierno de Uruguay decidió no detener a los acusados, mientras que la justicia chilena ordenó de detención de Contreras, que ya estaba arrestado en su país. Videla se convertirá hoy en el primer procesado por su participación en lo que el agente especial norteamericano Robert Scherrer definió en septiembre de 1976 como �la recolección, intercambio y almacenamiento de información de inteligencia sobre los llamados izquierdistas, comunistas o marxistas, que se estableció entre los servicios de inteligencia de América del Sur�.
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