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Por
David Cufré
 La
situación fiscal de la provincia de Buenos Aires es tan delicada
que el gobierno se vería obligado a ampliar la emisión de
patacones para pagar sueldos, jubilaciones y a proveedores. Hasta fin
de año, la administración de Carlos Ruckauf obtuvo autorización
de la Legislatura para imprimir hasta 600 millones de patacones. Pero
en la gobernación circulan algunas proyecciones alarmantes. Una
de ellas indica que si la recaudación sigue en picada, como advierten
informes de consultores privados, sería preciso elevar la cantidad
de patacones en circulación a 800 millones. En ese caso, ya no
cobrarían con esos bonos los empleados que ganan más de
700 pesos, como en la actualidad, sino que habría más bonaerenses
con patacones en sus bolsillos.
Ante ese panorama, en La Plata suena a provocación que Domingo
Cavallo pretenda desconocer el último Pacto Fiscal para restringir
los envíos de coparticipación. “El escenario fiscal
de la provincia es pavoroso. Cualquier reducción adicional de la
coparticipación desataría un tremendo conflicto social”,
describió ante este diario un economista con llegada a Ruckauf,
quien advirtió que el gobernador está dispuesto a pintarse
la cara para defender los recursos que la Nación se comprometió
a enviarle.
Para Cavallo la ecuación es distinta. Después del acuerdo
con el FMI, su única opción es cumplir con la regla de déficit
cero a como de lugar. Página/12 publicó ayer un informe
de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia que alerta
sobre las formas en que Cavallo alcanzaría su objetivo. Una de
ellas sería podando entre el 38 y el 50 por ciento los salarios
de empleados públicos y las jubilaciones. Semejante alternativa,
como resulta evidente, generaría tal resistencia social que la
tornaría inaplicable. Los economistas del Bapro dijeron entonces
que el ministro recurriría a recortes en las transferencias a las
provincias, al incentivo docente o a los gastos universitarios. De ese
menú, el mediterráneo ya adelantó su (primera) elección:
cortará los desembolsos de coparticipación
en función de lo que se recaude.
El Pacto Fiscal que selló José Luis Machinea en noviembre
de 1999 –y que fue ratificado por ley– dispuso que las provincias
recibirán una suma fija de 1364 millones de pesos, sin importar
la evolución de los ingresos tributarios. Ahora Cavallo aduce que
la norma de déficit cero supera en jerarquía a aquel acuerdo,
porque la realidad la impone. Pero en Buenos Aires desconocen ese argumento.
Ruckauf anticipó que no tolerará cortes en la coparticipación,
al igual que otros gobernadores justicialistas (ver aparte). Más
allá de la razón que le asista por lo que sería la
violación de un Pacto Fiscal, el mandatario bonaerense se resiste
a un tijeretazo en las partidas que debe remitirle la Nación porque
se encuentra tan o más arrinconado que Cavallo.
En la provincia que administra, el déficit fiscal de enero a julio
consumió el 87,5 por ciento del desequilibrio que se había
pautado para todo el año. La meta original era de 1421 millones
de pesos, pero ante la caída de 5 por ciento en la recaudación,
ya se estima que el déficit trepará a algo más de
1800 millones. El impuesto a los Ingresos Brutos registra una baja de
8 por ciento en lo que va del año. En el Ministerio de Economía
provincial sostienen que la situación fiscal está “bajo
control”, y que los 600 millones de patacones que estaba previsto
emitirse para cubrir el financiamiento serán suficientes. Sin embargo,
otras fuentes con llegada a la gobernación admiten que las emisiones
deberían extenderse a 800 millones, ya que la recaudación
seguiría cayendo.
Para disponer de más patacones para pagar sueldos, jubilaciones
y a proveedores, Ruckauf necesitaría la autorización de
la Legislatura. Y, además, recomponer su acuerdo con la Nación,
ya que se dispuso que en unos 60 días, los patacones serán
reemplazados por los bonos nacionales Lecop. Pero sólo en la suma
de 600 millones. Una vía de negociación entre Cavalloy Ruckauf
podría ser que la Nación le asignara a Buenos Aires tantos
Lecop como necesite, a cambio de un recorte en las partidas que debe remitirle
la Nación.
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