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Por
Eduardo Videla
 La
cárcel de Caseros comenzó a transitar ayer el camino irreversible
hacia la demolición. El gobierno porteño se hizo cargo de
los trabajos para demoler el edificio, que fueron encomendados al Cuerpo
de Ingenieros del Ejército. El inicio de las obras fue consecuencia
de un acuerdo entre la Nación y la ciudad, según el cual
la administración porteña se hará cargo del 1,8 millón
de pesos necesarios para tirar abajo la mole de 25 pisos y parte de la
cárcel vieja. También se permitirá construir en ese
predio un edificio destinado a oficinas del Servicio Penitenciario Federal,
pero esto debe ser aprobado por la Legislatura porteña. Ese será
uno de los temas que se debatirán hoy en una audiencia pública.
“En ocho meses, el edificio estará demolido”, aseguró
a este diario la vicejefa de Gobierno, Cecilia Felgueras.
Tal como adelantó Página/12 hace tres semanas, el acuerdo
permitió destrabar el proyecto para las dos manzanas de Parque
de los Patricios, donde se emplaza el ex penal. Desde el 9 de agosto de
2000, cuando fue trasladado el último preso, el edificio “nuevo”
de Caseros está deshabitado, pero el proceso de demolición
quedó en suspenso por problemas presupuestarios. “Si nosotros
no poníamos la plata, la cárcel no se demolía”,
confió a este diario una fuente del gobierno porteño.
Las dos manzanas delimitadas por la avenida Caseros y las calles Pichincha,
Pasco y 15 de Noviembre de 1889, tienen su destino delineado en un proyecto
con media sanción: la mitad será destinada a la construcción
de edificios con una altura máxima de 24 metros (ocho pisos) y
en la otra mitad –ubicada sobre Caseros– se construirán
una escuela, un centro cívico cultural y espacios parquizados.
En este último sector, dice el proyecto, se conservará hasta
un 25 por ciento del edificio viejo, por su valor patrimonial. El proyecto,
que incluye además la apertura de la calle Rondeau, entre Pasco
y Pichincha, fue elaborado con el apoyo de los vecinos.
“A partir de hoy (por ayer), el Ejército tiene un plazo de
dos meses para hacer los estudios y determinar si la torre se va a demoler
por implosión o mediante métodos tradicionales”, dijo
Felgueras a este diario. “Mientras tanto, se irán haciendo
los preparativos necesarios en la base del edificio, un proceso que lleva
en total ocho meses”, agregó.
Estos preparativos incluyen la remoción de las calderas del edificio,
que contienen un material peligroso para la salud, el asbestos (o amianto).
“Un estudio realizado por la Comisión Nacional de Asbestos
del Ministerio de Salud realizó los estudios necesarios y aconsejó
el desmonte y disposición final del asbestos”, explicó
a este diario el secretario de Obras y Servicios Públicos, Abel
Fatala. Los cuidados apuntan a evitar que esa sustancia, de efectos cancerígenos,
se volatilice en el aire como consecuencia de la implosión.
“Además, la Secretaría de Salud está armando
un plan de emergencia, para evitar cualquier inconveniente en los hospitales
de la zona (el Garrahan, Udaondo y Muñiz) en caso de efectuarse
una implosión”, agregó Felgueras.
El convenio con el Ejército incluye el estudio de factibilidad,
la demolición y el traslado de los escombros. Todo a un costo de
1,8 millones de pesos. Por otra parte, los terrenos, que eran propiedad
del Ministerio de Justicia, ya fueron transferidos al Organo Nacional
Administrador de Bienes del Estado (ONABE), encargado de poner en venta
esas dos hectáreas. El comprador tendrá a su cargo, además
de la explotación inmobiliaria, la construcción de la escuela,
el centro cívico y el edificio para el SPF.
En el puntapié inicial de la demolición –se derribó
ayer una garita exterior– estuvieron el jefe de Gobierno, Aníbal
Ibarra, la vicejefa Felgueras y el secretario Fatala. También asistió
un grupo de vecinos, interesados en sacarse de encima cuanto antes esa
oscura mole de cemento. Muchos de ellos participarán hoy de la
audiencia pública que se celebrará en la Legislatura. El
diputado Marcelo Vensentini, titular de la comisiónde Planeamiento
Urbano, estimó que la norma será aprobada a fines de setiembre.
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