Por Javier Lorca

”Ciencias Exactas no llega a fin de año”, aseguró a Página/12 el decano de esa facultad de la UBA, Pablo Jacovkis. Ante el recorte presupuestario oficial y el autoajuste recién aprobado por la universidad para no podar los salarios, la unidad académica donde estudian 4800 alumnos “se quedará, operativamente, sin recursos para funcionar”. “El achicamiento presupuestario que intenta imponer el Gobierno tendrá consecuencias análogas al avasallamiento universitario de la Noche de los Bastones Largos”, comparó Jacovkis.
Pese a sufrir el recorte en las partidas destinadas a salarios, la UBA no redujo ni reducirá los salarios de docentes y empleados. Con ese fin, el Consejo Superior de la universidad creó un fondo de afectación específica para compensar (a través de una “beca complementaria de capacitación”) los sueldos superiores a 500 pesos perjudicados por la tijera del 13 por ciento y, también, para subsidiar a la obra social de la UBA (Dosuba), que dejará de percibir recursos porque la compensación sólo alcanzará al neto de los salarios. El fondo se nutrirá con los recursos propios generados por las facultades, el Rectorado y demás unidades (escuelas, hospitales, CBC), así como por “excedentes de caja generados por diferimientos de pagos y otros ahorros”. La misma resolución del consejo encomendó a todas las autoridades renegociar “los contratos vigentes de prestación de servicios y proveedores” procurando obtener ahorros o diferimientos de pagos.
La decisión se tomó el jueves pasado después de analizar los efectos del ajuste salarial y las ya habituales demoras en la ejecución y envío del presupuesto. Los considerandos de la resolución (aprobada con la sola oposición del decano de Exactas) indican que “el Poder Ejecutivo ha transferido las partidas correspondientes a julio con una subejecución respecto del monto comprometido, situación que se repite respecto de la transferencia de agosto, lo que proyectado hasta el final del año significa una reducción sobre el presupuesto”. Ante esto, el consejo modificó la distribución de los fondos al interior de la UBA “habida cuenta de que es previsible que la subejecución se prolongue en el tiempo”.
Así, todas las unidades académicas contarán con menos recursos de los previstos para este año. La merma afectará a los incisos 2, 3, 4 y 5 del presupuesto universitario (es decir, a los recursos que se destinan a gastos de funcionamiento, gastos de mantenimiento, insumos y subsidios) en un 20,4 por ciento del total destinado a esos incisos. “En el caso de Exactas, se trata de 430 mil pesos menos”, detalló Jacovkis. Esa facultad cuenta con un presupuesto anual de 23 millones de pesos, sobre los 300 millones que recibe la UBA.
Ante unas 700 personas, entre docentes, estudiantes y graduados de Exactas, Jacovkis presentó ayer un informe sobre la crítica situación que atraviesa la facultad. “La disminución de gastos operativos a que nos obliga la resolución del Consejo Superior no permitirá siquiera pagar servicios básicos de luz, gas y teléfono... Esta reducción representa lisa y llanamente el colapso a corto plazo.” En diálogo con este diario, dio un ejemplo: “Si no pagamos la luz y la compañía nos corta el suministro aunque sea por tres días, en nuestros laboratorios se cortaría la cadena de frío y se perderían drogas y materiales biológicos por más de cinco millones”. Y agregó: “La resolución del Consejo Superior intenta paliar unos pocos meses de ajuste salarial, pero, a la vez, augura un futuro catastrófico... Lo correcto no es ajustar los gastos operativos ni los salarios, sino resistir el ajuste por todos los medios”.
Pese a que Jacovkis prefirió no hablar de cuánto podría colapsar la facultad, en los pasillos de Ciudad Universitaria ayer se decía que “en dos o tres meses habría que bajar la cortina”. Desde el rectorado de la UBA, un funcionario explicó el porqué de las medidas adoptadas: “Hacemos todo lo necesario para no afectar los sueldos, porque es la única manera de garantizar que la universidad funcione. Estamos difiriendo pagos para tener plata ahora y poder pagarle a la gente. Y, mientras, financiar las deudas esperando que se recomponga el presupuesto en los próximos meses”. En realidad, la esperanza del rector Oscar Shuberoff es que el Gobierno acepte condonar parte de las deudas que algunas universidades mantienen en concepto de aportes patronales. Como los montos que deberían haber pagado están trabados por la Justicia en depósitos bancarios (hay más de 110 millones), hoy no pueden usarlos ni el Estado ni las universidades. El acuerdo al que llegaron el Ministerio de Educación, Shuberoff y otros rectores consiste en concluir los juicios y que el sistema universitario reciba una porción de los depósitos como pago por los compromisos no devengados en los últimos dos años (88 millones). Un decreto en ese sentido espera la aprobación final del Poder Ejecutivo.

La infancia en la universidad

Para potenciar el desarrollo de políticas de infancia con el aporte académico y científico de la universidad, la UBA y el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (del Gobierno porteño) trabajarán en conjunto. Tras la firma de un convenio marco, la semana pasada comenzó a funcionar un comité consultivo integrado por los decanos de las facultades de Filosofía y Letras, Psicología, Derecho, Arquitectura, Medicina y Ciencias Sociales, y por autoridades del consejo. El primer objetivo es incluir la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en los planes de estudios de la UBA vinculados a la temática. También se pretende crear un instituto de investigación en políticas de la infancia.

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