Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo EDUARDO S. BARCESAT “Etica y política II”

En la primera parte de este ensayo buscamos caracterizar el porqué de la dominación y el sometimiento que insufla este modelo y cuáles eran, a nuestro entender, los pilares de un modelo alternativo que, aún, no se encuentra configurado como tal, ni el bloque social que pueda constituirse como portador/hacedor de dicho proyecto.

Anticipamos que no somos propiciadores de modelos aparentemente acabados, escritos en papel milimetrado y donde todo se encuentre previsto. Antes bien, participamos de la convicción de que los proyectos deben tener una textura abierta que admita la pluralidad de abordajes y de aportes, que actúe sobre la realidad, pero que sea moldeado por ésta.

Es con ese sentido de amplitud, de líneas abiertas y de intersecciones posibles, que debe interpretarse cuanto sigue.

El escenario actual de la política
Hay un ostensible desencanto en la sociedad respecto de la política y de los políticos. Es como que ética y política son dos esferas no sólo distintas sino, además, incompatibles. Se está en una u otra. El que es ético no puede ser político. El que es político debe olvidarse de la ética.

Y es comprensible ese desencanto. Había muchas más expectativas puestas en la transición democrática que satisfacciones y logros reales aportados por dicha transición.

Es más, tal vez configure una función de encubrimiento nominar a la etapa posterrorismo de Estado como “transición democrática”, porque, como habremos de ver, contabilizamos más continuidades que rupturas entre la dictadura militar y los gobiernos ungidos por la voluntad popular.

Esta insatisfacción, anticipamos, no es para precipitarnos en un charco, fangoso, de nostalgia respecto de las dictaduras militares o los regímenes fuertemente autocráticos. Bien por el contrario, lo que pretendemos es configurar realmente algo que merezca nominarse como “transición democrática”.

La inseguridad cotidiana, particularmente en las grandes ciudades y centros poblados, es cuidadosamente explotada por esos nostálgicos de la “mano dura”, que no vacilan en recuperar el perverso discurso de la muerte como panacea para conjurar esa inseguridad. Quieren más muertos, más represión, más dureza en el castigo. Que la segregación social sea como undique al que se arroje a todos los indeseables, para luego abrir las compuertas e inundarlos. Así, en medio de la muerte de los otros, los del lado del poder se sentirán seguros.

Desde luego –debe decirse– estos cultores del discurso de la muerte son parte del Estado terrorista; siguen expresando sus vivencias políticas en y a través de ese discurso perverso, y muestran también las falencias de esta transición democrática.

Examinaremos logros y fracasos de la denominada “transición democrática” en función de la necesaria ruptura que debió configurarse respecto del conjunto de las relaciones sociales, estableciendo tres niveles de examen: a) la instancia económica; b) la instancia jurídico-institucional; c) la instancia de las relaciones ideológicas y culturales.

En 1983, en vísperas de iniciarse esta transición democrática, propusimos en un ensayo, cual suerte de apotegma: para los países dependientes, la ruptura de la dependencia es condición “sine qua non” del Estado de Derecho.

Esto es, que no concebíamos la posibilidad de un Estado de Derecho que mereciera ser nominado como tal si éste no se configuraba en un proceso que, simultáneamente, deshiciera los lazos de la dependencia.

Hoy, entrando en el nuevo siglo y milenio, y tras más de 16 años de pretendida “transición democrática”, volvemos a sostener dicho apotegma.

Examinemos, entonces, logros y frustraciones performadas en estos 16 años, y el porqué de esa sensación de hastío y descreimiento respecto de la política que se expresa en el conjunto de la población.

Esa frustración se expresa en la totalidad de las relaciones sociales, en los tres niveles que hemos propuesto para el examen.

En el nivel económico, porque no ha habido un atisbo de ruptura entre el proyecto entreguista, de desarticulación de la clase obrera y de exclusión social impuesto por la dictadura militar en base al más brutal ejercicio de represión y terrorismo estatal, y la política económica de los gobiernos ungidos por la voluntad popular que sucedieron a dicha dictadura, los que han proseguido en forma incambiada, y tal vez con más eficacia, la desarticulación y entrega del patrimonio público de la Nación Argentina y el desvertebramiento del Estado expresado en aquel cliché, tan difundido en los años de la dictadura, que afirmaba: “achicar el Estado es agrandar la Nación”.

Los tibios balbuceos de diferenciación, escarceos retóricos del alfonsinismo respecto del establishment, fueron finalmente sepultados en lo que luego se denominó “golpe de mercado”, que lo obligó a dejar el poder antes de finalizar el término del mandato constitucional.

Los anuncios de revisión y control de legitimidad de la deuda externa, particularmente la proveniente del sector privado, fue abandonada a días de asumir el poder.

Recordemos que entre los “objetivos” del denominado “Proceso de Reorganización Nacional” obraba el de la extinción de la deuda externa, que en aquella época no alcanzaba los ocho mil millones de dólares estadounidenses. Pues bien, no sólo que no lograron esa extinción sino queademás la elevaron a la friolera de cuarenta y ocho mil millones al abandonar el poder. La gestión alfonsinista le agregó una modesta cuota dejando la deuda cercana a los sesenta mil millones de dólares.

Su sucesor, el menemismo, llegó, de antemano, coaligado y entregado al poder económico; ese poder establecería el plan y sus gerenciadores. Ni atisbos ni escarceos de diferenciación, autonomía o independencia; por el contrario, profundización del modelo, “relaciones carnales” con la dependencia y el sometimiento. La venta/entrega del patrimonio público de la Nación Argentina con el cacareado compromiso de extinguir la deuda externa y destinar los fondos a asegurar las cuatro funciones esenciales del Estado: seguridad, salud, educación y justicia.

El resultado fraudatorio está a la vista: ni se extinguió, ni se morigeró la deuda externa –que hoy ha superado la barrera de los doscientos mil millones de dólares–, y si algo se degradó y tiró por la borda han sido precisamente los denominados servicios esenciales e ineludibles del Estado.

El Estado se ha desprendido de toda responsabilidad en la prestación de los servicios de seguridad, salud, educación y justicia. Crecientemente estos servicios son transferidos al sector privado y allí adquieren la única forma de circulación que el modelo preconiza, esto es, como mercancías. Tienen servicios los que pueden comprarlos. Y los que no tienen quedan excluidos del acceso a toda forma de salud, educación, seguridad o administración de justicia. Se cumple la profecía bíblica: “... porque al que tiene se le dará y abundará; y al que no tiene, aún lo que tenga le será quitado...”

El incremento de las inversiones de capital extranjero, durante la gestión menemista –ahora se ha puesto en evidencia– provenía centralmente del lavado de dinero. Claro, ese capital no tiene exigencias; sólo reclama complicidad, silencio y encubrimiento. Lo tuvo, tanto bajo los diez años del imperio menemista como del principio de gestión de la Alianza. Sólo que el tema afloró en tierra extraña y se avecina, ahora, el colosal derrumbe del mito de la exitosa convertibilidad.

Parece un designio de nuestra nación que los sucesos más importantes, productivos y disparadores deban producirse en tierra extraña. En efecto, el juzgamiento y responsabilización penal condigna del terrorismo de Estado transcurre, fundamentalmente, por ante la Audiencia Nacional del Reino de España, y el develamiento de la estructura y personeros del lavado de dinero, en el Senado de los EE.UU.
Aquí, poco o nada
Pero también en esto se expresan diferencias. La jurisdicción universal ha sido denostada fervientemente por el menemismo, que hasta llegó a prohibir por decreto presidencial el prestar auxilio o brindar informes a los jueces extranjeros, y con simulaciones de soberanía jurisdiccional por parte del gobierno aliancista, que –igualmente– sigue aplicando el decreto mordaza de su antecesor.

Inversamente, no han mediado ladridos ni decretos contra la actuación e investigación del Senado estadounidense; antes bien, sumisos compromisos de “investigar hasta las últimas consecuencias”. Temblemos.
La carta abierta de la Alianza nada tenía de revolucionaria y casi nada de progresista. El eje fundamental de la Alianza fue derrotar a un menemismo ya derrotado por la sociedad al cerrarle paso a un nuevo intento reeleccionario.

Bien pronto se ha acreditado que no basta proclamar el no ser corrupto, o llegar al poder para combatir la corrupción, sin cambiar el modelo dominante. El modelo se come, en dos bocados, esas pretensiones.

Nuevamente la formulación marxista –así como actúan, así son– mostró su riqueza predictiva.

La diferencia es que ahora tenemos dos espacios de corrupción, el que conserva la estructura del justicialismo y el que aporta la Alianza.

El blindaje, bien lo ha demostrado el economista Daniel Mutchnik, sólo sirve para garantizarles a los acreedores externos que sus créditos extorsivos serán prontamente atendidos. Pero nada de ese blindaje ingresará al circuito productivo nacional. Si alguna ventaja puede aportar éste, queda reducida a que los nuevos créditos, que vuelven a incrementar el monto de la deuda externa, han sido obtenidos a tasa de interés más baja que los precedentes.

Nada posibilita fantasear, siquiera, un cambio de rumbo. Tampoco en el interior de la Alianza existe una puja franca, entre las fuerzas políticas que la integran, que configure una diferencia respecto de la propuesta económica vigente. Hasta se sondea, y coquetea, con la posibilidad de entregarle nuevamente las riendas de la economía a Domingo Cavallo, o -cuando menos– la conducción del Banco Central.

En el nivel jurídico institucional el deterioro es tan palpable como a nivel de la economía.

La gestión alfonsinista intentó –y fracasó– en sus dos megaproyectos jurídico-políticos: la reforma constitucional y el traslado de la Capital Federal al Sur.

Debemos decir que en cuanto a su proyecto de reforma constitucional, instado desde el Consejo para la Consolidación de la Democracia, no difería sustancialmente del que luego compondría el Pacto de Olivos. En efecto, en lo que concierne a la atribución de facultades al Poder Ejecutivo, la propuesta alfonsinista no era menos autoritaria que la que pudo consagrar el menemismo a través de la incorporación constitucional de los decretos de necesidad y urgencia, la delegación de facultades legislativas en el Poder Ejecutivo y la facultad de veto parcial de las leyes. En definitiva, que sólo será ley de la nación aquello que sea del gusto y paladar del Presidente de turno.

El alfonsinismo se doblegó con el Pacto de Olivos. El ex Frente Grande, que tuvo un airoso desempeño electoral en el año 1994 y fuerte influencia en la Convención Nacional Constituyente, mostró su compromiso al cierre de dicha Convención jurando la nueva Constitución Nacional bajo una objeción de conciencia: repugnaba todo lo referido a las facultades hiperpresidencialistas.

Poco después, el ex Frente Grande, ya convertido en Frepaso, inauguró la Convención Constituyente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobando como primera norma transitoria el facultamiento al Ejecutivo local paraemitir decretos de necesidad y urgencia. Esa es la coherencia férrea de este modelo necesariamente autoritario.

Y sobre mojado, lluvia y a cántaros, el jefe del Frepaso, ya convertido en vicepresidente de la Nación, en ejercicio de la presidencia, no vaciló en firmar decretos de necesidad y urgencia tan “progresistas” como la expropiación del salario de los trabajadores estatales y la desregulación de las obras sociales, no para defender el hospital público, ni el derecho a la salud, sino para asegurarles la salud económica a las prestadoras privadas de medicina prepaga. ¡Eso también es coherencia!

Cuando llegó el momento de revisar las dos normas más infames de nuestra historia institucional: el punto final (ley 23.492) y la obediencia debida (ley 23.521), las dos fuerzas políticas mayoritarias se coaligaron, unieron e identificaron, en sólo derogar estas leyes, en lugar de declarar su nulidad y repugnancia constitucional, que era lo que correspondía. Paradojalmente, vinieron a darle un postrer óleo de validez a esta basura normativa, porque en el derecho sólo se deroga aquello que es válido.

No obstante, estas dos leyes, que han sido el obstáculo principal para que la jurisdicción nacional juzgara condignamente las responsabilidades del Estado terrorista, están haciendo agua por los cuatro costados. En efecto, el señero pronunciamiento emitido por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, de mayo de 2000, en la causa “Astiz, Alfredo s/Delitos de acción pública”, declarando inaplicables estas leyes en la causa que se investiga la suerte personal y patrimonial de un desaparecido que estuvo en el centro clandestino de la ESMA, preanuncia que bien pronto algún tribunal nacional avanzará en la declaración de nulidad absoluta, total e insanable de estos producidos normativos obtenidos a punta de pistola por una banda armada: la rebelión carapintada.

Y el nuevo juzgamiento, necesariamente, se hará bajo la figura del genocidio. El juicio seguido contra los ex comandantes, al inicio de la gestión alfonsinista, limitó a la cúpula y con limitados casos el juzgamiento de las responsabilidades del Estado terrorista. Ahora se trata de dar cabida a un proceso judicial totalizador, que abarque todos los casos y bajo una figura que inhabilite, en lo futuro, la concesión de beneficios a los responsables; esto es, que sea insusceptible de amnistía, indulto, conmutación de penas, o del asilo político. El planeta Tierra debe ser inhabitable para los responsables de crímenes de lesa humanidad.

No interesa cuánto nos insuma en actividad ni los tiempos que requiera un proceso judiciario de esta naturaleza. Es indispensable como recaudo de la transición democrática. Allí es donde la ruptura, el hiato entre la “bestia institucional” de la que provenimos y el Estado de Derecho que pretendemos lograr, debe acreditar la brecha más amplia, constituirse en un punto de no retorno. Esa es, además, la función esencial del proceso judicial, impedir la repetición del horror.

Pero no es éste el único punto podrido en el nivel jurídicoinstitucional. Así como los límites se demarcan siguiendo las más altas cumbres, este ensayo expresa las frustraciones de la transición democrática a través, también, de las más altas cumbres, o –para ser más realistas– de los abismos más oscuros y profundos de lo jurídicoinstitucional.
Antes se sospechaba; ahora se sabe, que para aprobar ciertas leyes hay que “aceitar” el debate. Los legisladores necesitan de cierto tipo de “combustible” para funcionar, y no nos referimos, precisamente, a los de ingesta nasal.

Pero esa investigación debe desarrollarse, inexorablemente, por ante el Poder Judicial de la Nación, el que quedó integrado, al iniciarse el proceso de transición democrática, con el 90 por ciento de los jueces provenientes de la administración de justicia de la dictadura militar.

Como se advierte, no se puede ser muy optimista ni creyente de la democracia que supimos conseguir.

Afortunadamente, en el caso de la investigación sobre la conducta del gobierno nacional. Y decimos gobierno nacional y no Senado de la Nación, porque debemos tener presente que fueron ciertos miembros de la Cámara de Senadores los que recibieron los fondos, pero que determinar quién los entregó remite, inexorablemente, a la estructura del Poder Ejecutivo Nacional, sea que se trate de fondos de la nación, malversados, o de aportes de importantes empresas privadas, lo que sería aún más degradante.

Puede establecerse un paralelismo no edificante entre la administración de justicia del Estado terrorista y el Poder Judicial de la Nación en la transición democrática. Aquél fue funcional a la desaparición forzada masiva de personas y a tolerar el conculcamiento de la libertad individual de los detenidos a disposición del PEN. Este Poder Judicial de la Nación se ha acreditado funcional a la impunidad de los crímenes de lesa humanidad y de la corrupción económica. Como siempre, con escasas honrosas excepciones.

Finalmente, las relaciones ideológicas y culturales en esta denominada transición democrática.

Aquí se produjeron los efectos más importantes en la búsqueda de una diferenciación entre la “bestia institucional” y el Estado de Derecho.

Ensayos, obras y creaciones artísticas expresaron el horror del Estado terrorista y una necesaria revisión crítica de los argentinos sobre su pasado.

Pero ese fervor inicial se fue apagando. El modelo reinstaló, más pronto que tarde, la ideología que debe circularse para cementar el sometimiento y la dependencia.

Nuevamente la infiltración masiva sobre la idea de que este modelo es el único posible y el más ventajoso, para todos. Sostenido y alimentado por mitos de terror en cuanto a qué puede pasar si se pretende o intenta abandonarlo: que nos invaden los “marines”, que nos pegan un “bombazo”, que nos “boicotean”, que nos “embargan” como a Cuba, que nos apresan por “narcotraficantes”, etc.

En todo caso, el ejemplo más ostensible de hasta dónde llega la leyenda terrorífica, y hasta dónde la realidad, lo aportó el embajador de Estados Unidos, cuando vaticinó: “... pueden caer en incumplimiento o atraso de pago en la deuda externa... pero no pueden dejar de cumplir con ‘nuestra’ ley de patentes... ese incumplimiento es ‘casus belli’...”
Los grandes laboratorios medicinales se aprestan, en estos días, a iniciarle un magno proceso judiciario al gobierno de Sudáfrica, porque distribuye medicamentos para la población sidosa elaborados en base a las drogas básicas, con precios razonables, en resguardo del derecho a la vida de los afectados y como prevención para disminuir este mal. Aquí, claramente, se pone en juego el “alma” del modelo. O los seres humanos son respetados como tales, en cuyo caso debe prevalecer la política del gobierno de Pretoria, o el dios mercancía requiere de la continuidad de los sacrificios de seres humanos en resguardo de su imperio.

En nuestro país, también tendremos que definir, en algún momento, cuál es nuestra opción: si el imperio de las mercancías, o la salvaguarda y dignidad de los seres humanos.

A dilucidar esta opción destinamos cuanto sigue de este ensayo.
De aquí a un socialismo plural,
democrático y humanitario
No existe otra propuesta ni modelo social alternativo del existente que no sea el socialismo.

Pero bien valen los interrogantes: ¿Cuál socialismo? ¿Cómo se lo construye?

Propiciamos un socialismo que incida, fundamentalmente, en la variable distribución del ciclo productivo integrado por producción-distribuciónintercambio-consumo.

Es decir, políticas dirigidas desde el Estado para distribuir adecuadamente la riqueza que emerge de la producción de bienes y servicios.

Políticas que hagan más homogénea la distribución de los ingresos, posibilitando, para todos, el acceso y goce de los derechos humanos, particularmente los de contenido económico, social y cultural.

Desde luego, una política distributiva, o redistributiva, de los ingresos, requiere de una administración y control de gestión impecables. De allí que propiciemos la administración y control difusos, con participación de todos los sectores interesados.

Debemos prevenir que no propiciamos un gigantesco asistencialismo social, sino una etapa de recupero de la dignidad de la vida, la reinserción en el empleo, e igualdad por tanto en las condiciones materiales de existencia, para que cada uno desarrolle la desigualdad de su naturaleza y preferencias.

Este socialismo puede ser construido en la pluralidad y en el disenso.

Seguramente que, hasta aquí, todos de acuerdo.

Ahora bien, ¿cómo se construye ese socialismo?

¿Comporta la toma violenta del aparato de Estado y una etapa de dictadura del proletariado?
Sostendremos que nada de eso es necesario ni aconsejable. Que la construcción de ese socialismo debe lograrse por el consenso, en la disputa política, mostrando la necesidad de cambiar el modelo ahora hegemónico.

Y el cambio debe lograrse apoyándose en la normativa jurídica más avanzada. No contra las leyes, sino con las leyes.

Trataremos de acreditar que ello es posible.

La Reforma Constitucional del año 1994, a la que siempre hemos bautizado, en todo debate, como “La Bella y la Bestia”, tiene un lado oculto, el de la “Bella”, que es conveniente conocer y tomar para este proceso de recuperación ética de la política y construcción del socialismo.

A la “Bestia” ya la conocemos, son las facultades hiperpresidencialistas –el monarca republicano que se instaló en nuestro sistema institucional– y la moneda de cambio, que es el grosero reparto, hasta 2001, de las 25 nuevas senadurías, que nos han dado más de lo mismo.

Pero hay un arco de logros en el nuevo texto constitucional, que mira al pueblo y que es necesario divulgar y alentar de apropiarlo.

Se trata de la incorporación de los principales tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía de cláusula constitucional. Se trata de la incorporación de las vías jurisdiccionales tuitivas de esos derechos: amparo, hábeas data y hábeas corpus. Se trata de los nuevos derechos: medio ambiente y derechos de usuarios y consumidores. Se trata de la incorporación de mecanismos de democracia semidirecta, como la consulta e iniciativa popular. Se trata de la sabia diferenciación entre Estado de Derecho y usurpación del poder político (art. 36, C.N.). Y se trata, fundamentalmente, de la incorporación de la nueva cláusula del progreso, que imbrica en los conceptos de desarrollo humano y social.

Como todo pentagrama, puede resultar un jeroglífico inútil, o puede derivarse, para un intérprete astuto, en la más bella composición musical.

Por supuesto, el poder no sólo no se ha encargado de difundir estos logros de la reforma constitucional, sino que además intentó, en su momento, impedirlos. Recordemos que el ex presidente Carlos S. Menem calificó de “mamarracho” toda otra reforma que no fuera el paquete del Pacto de Olivos. Que más luego se intentó mutilar la acción de amparo a través del conocido como “Proyecto Rodolfo Barra”, y que se prosigue, cotidianamente, en la tarea de intentar reducir el aspecto positivo de la reforma constitucional, a través de la tarea de este Poder Judicial, empeñado en quitarles operatividad a los derechos humanos, muy especialmente a los de contenido económico, social y cultural.

Ninguna de las iniciativas que hemos propuesto en el punto 3 de la primera parte de este ensayo (revisión de la deuda externa; ruptura de la dependencia tecnológica; política fiscal que grave la riqueza y no el consumo) carece, por tanto, de sustento constitucional.

Muy por el contrario, se condicen, perfectamente, con la “Bella”.

Lo más arduo y urticante, para el pensamiento genéricamente denominado de izquierda, es abordar el tema de las vías de la transformación social,de la revolución, entendida como la modificación totalizadora del conjunto de las relaciones sociales.

Y cada vez, con más convicción y fortaleza, decimos que no es menester, ni aconsejable, cortar, abollar o enjaular cabezas, para esa transformación social. Porque una nueva fuerza o bloque político, portador de ese proyecto de trasformación social, debe acreditarse como un ejercicio anticipatorio de lo que hará en el poder. No puede igualarse, por tanto, con el jibarismo fascistoide, que sí ha cortado, abollado y enjaulado cabezas.

La revolución, volvemos a decirlo, no está signada ni asegurada por el acceso violento a la toma del poder.

La violencia no es sólo “partera” de la historia. Mucho más se ha acreditado como abortista o retardataria de la historia.

Para que el humanismo socialista sea creíble, debe acreditarse como tal en el proceso hacia la construcción y afianzamiento del nuevo modelo. Debe mostrar que puede construir respetando al diferente, al que es y piensa distinto. Nada, pero nada, aconseja que reproduzca, con inversión del signo político, el discurso de la muerte.

Una nueva ética de la política impone exhibir, con toda claridad y trasparencia, cuál es la propuesta, metas y objetivos, los caminos de consecución, el compromiso que se asume y que se llama a asumir.

Y si en algún tramo se exige disciplina y rigor es en respetar ese compromiso que se invoca y se llama para asumir. Decir lo que se va a hacer y hacer lo que se comprometió a hacer.

Decimos al pueblo de la Nación: ya se han probado todas las fuerzas políticas portadoras de este modelo. Y los resultados están a la vista.

Piense, cada uno, en qué sectores, en quiénes han sido los defensores de la vida digna y del acceso y resguardo a los derechos humanos.

La línea divisoria es tan clara como un meridiano geográfico.

Es tiempo de asumir el compromiso.

No sólo se trata de que otro país es posible. Es el caso que otro país es necesario.

La política es una tarea de todos. No debe aguardarse por líderes providenciales.

Tampoco es honesto vituperar a la política y abstenerse de todo hacer, de todo compromiso, como si la política fuera de los “otros”.

El pensamiento, el proyecto, es una útil guía para la acción, pero no sustituye a esa acción transformadora.

Al igual que los mapas, las propuestas muestran el camino, pero camino se hace al andar.

* Profesor titular en el Departamento de Teoría General y Filosofía del Derecho, y de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales. Facultad deDerecho, UBA. Docente invitado en la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo.

Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo Rectora: Hebe de Bonafini Director Académico: Vicente Zito Lema

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