El Plan Colombia no es, fundamentalmente, un plan antinarcóticos. Su cobertura o justificación, sí. Pero su propósito resulta contraevidente cuando se contrasta con las reales condiciones en que se desenvuelve el inmenso mercado global de las drogas. Las leyes de ese mercado, el del narcocapitalismo, manifiestan rasgos en los que se conjugan los gigantescos negocios clandestinos guiados por el ansia de ganancias extraordinarias, con el control antinarcóticos, la culpabilización de los países periféricos productores, que padecen terribles desequilibrios sociales asociados al atraso y la dependencia. El factor regulador que favorece las superganancias es la lógica prohibicionista que sustenta las estrategias de represión interior en los países consumidores y de intervencionismo militar como formas predominantes de control antinarcóticos. Además, el narcocapitalismo es funcional al proyecto de dominación global en curso, donde las pretensiones hegemónicas de los Estados Unidos intentan concatenar el control de los recursos económicos estratégicos del mundo con el ejercicio de un papel de policía mundial fundado en nuevas coberturas para la acción militar unipolar.
Si el negocio de la cocaína mueve anualmente entre medio y tres cuartos de billón de dólares estadounidenses, la participación colombiana se estima entre 46 y 50 millardos. 2,5 millardos retornan al país por distintas vías, vale decir, un 5 por ciento. Menos del 2 por ciento llegaría a los productores directos, el campesinado y los obreros agrícolas o “raspachines” de hoja de coca y a la insurgencia.
Ahora bien, el Plan Colombia, ya en ejecución, es un proyecto de fumigaciones masivas y de guerra contrainsurgente. En esta óptica, su blanco es sociopolítico y se reduce a aquella parte del tema narcóticos que copa menos del 2 por ciento del negocio y deja sin tocar lo que representa el 98 por ciento restante. Los circuitos financieros de los narcocapitales, el lavado masivo de divisas y los paraísos fiscales quedan por fuera de su radio de acción.
Este desenfoque no es casual. Obedece a que el plan es, en realidad, político y militar, dirigido a destruir el movimiento guerrillero, especialmente las FARC EP, y a disciplinar el país en una perspectiva ligada con el proyecto homogeneizante y globalizador del ALCA.

Una forma de control político
Se trata de suprimir el riesgo de un cambio no controlado de la situación política en Colombia y en la región andina proveyendo un tipo de reformas que haga compatibles las instituciones nacionales con la vigencia extraterritorial de las leyes norteamericanas (lo que es claro para elcaso del sistema judicial con la extradición de nacionales para ser juzgados en Estados Unidos, la legislación sobre enriquecimiento ilícito o los acuerdos militares y de inteligencia para el control de sobrevuelos y patrullaje marítimo) y las normas supranacionales de la Organización Mundial del Comercio, OMC. Un neoinstitucionalismo colonialista y coherentemente ultraliberal, favorable a la dolarización de las economías y a la superexplotación de la fuerza de trabajo nativa representa un escenario plausible y quizás ideal para la integración de “libre comercio” que persigue Washington.
Por eso, el plan intenta resolver, ante todo, un problema de gobernabilidad en Colombia. La sustentación de su carácter antiguerrillero se apoya en la idea de que la insurgencia tiene muy poco respaldo político medido en sondeos de opinión y que, en consecuencia, su peligrosidad dimana de su poder militar a su vez dependiente de su capacidad de autofinanciarse recurriendo a un sistema impositivo sobre el gran capital, transnacional y nacional, incluidos terratenientes y empresarios del narcotráfico, y a eventuales convenios con éstos para obtener armamentos. De este razonamiento, que intenta explicar el conflicto social y político colombiano por la reproducción económica del mediano plazo de la guerrilla, y no por sus causas históricas reales, corresponde una alta responsabilidad al Banco Mundial en sus más recientes análisis sobre los conflictos armados periféricos. Toda la estrategia de lucha antinarcóticos de los Estados Unidos y del Grupo de los 8 se desprende de allí. Su objetivo no es la droga misma, sino las guerrillas que pueden derivar de ella una fuente de financiamiento para su lucha contra el sistema. Es el control sociopolítico de la periferia lo que está en juego para el poder global.
A partir de esa lógica, los llamados componentes sociales del Plan Colombia representan sólo la parte complementaria del plan militar. Las víctimas, directas o indirectas, son sometidas a programas de apaciguamiento social, medidas asistencialistas y propuestas remediales que no tocan las raíces de la injusticia social, la exclusión política y, sobre todo, la arrogante concentración del ingreso y de la propiedad agraria. En lugar de reforma agraria que democratice la tenencia de la tierra propone alianzas estratégicas manteniendo la estructura inequitativa de propiedad existente. Asimismo, cambiar cultivos de coca por palma africana y otros monocultivos, según el denominado modelo malayo que promueven, actualmente, los organismos mundiales de crédito.
Si una consecuencia es la preservación del statu quo sociopolítico actual, sus efectos sociales son catastróficos. Las fumigaciones masivas de Round-Up reforzado, desde 600 metros de altura (en lugar de los 10 metros recomendados) y en concentraciones 26 veces mayores a las autorizadas para el uso de este producto en los Estados Unidos, afectan todas las condiciones fundamentales de calidad de vida en las áreas afectadas, incluidos la salud de las personas, los cultivos de alimentos, los animales domésticos, en general la flora y fauna que no son blanco de la acción antinarcóticos. El Ministerio de Salud y el del Medio Ambiente eluden proporcionar información sobre el seguimiento de los efectos sobre poblaciones campesinas y urbanas afectadas por el herbicida i. Las migraciones se han intensificado, también porque las fumigaciones han sido antecedidas, sistemáticamente, por la incursión de grupos paramilitares.

Un montaje militar agresivo
Conviene dar una mirada sobre los aspectos militares del Plan Colombia, cuya cobertura es la interdicción antinarcóticos, en la que cumplen unpapel principal los tres nuevos batallones entrenados por los asesores norteamericanos, los sistemas de espionaje electrónico terrestre, aéreo y satelital, así como el equipo aéreo compuesto, ante todo, de helicópteros. La traducción táctica de este conjunto son las llamadas fuerzas de despliegue rápido, uno de los flancos más ineficientes del ejército colombiano. Esperan los estrategas del plan revertir esta situación con el reentrenamiento de tropas y mandos mejor preparados, bajo supervisión del Comando Sur.
No obstante, lo más significativo está representado por la infraestructura interna y externa que soporta el despliegue aéreo del Plan Colombia. La creación de la Base de Manta, República del Ecuador, el establecimiento de un corredor aéreo entre Manta y las bases norteamericanas en Aruba y Curaçao, islas cercanas al litoral venezolano, pertenecientes al Reino de Holanda, país muy significativo de la Unión Europea, la interacción con otras bases de los Estados Unidos en El Salvador y Honduras, por una parte; por otra, el reforzamiento de la Base de Tresesquinas y la ampliación de la pista aérea de la Base de Larandia, en el departamento del Caquetá, señalan un montaje infraestructural en la alta Amazonia colombiana con capacidad de albergar transportes y bombarderos estratégicos de los Estados Unidos. En ambas bases operan mandos del Comando Sur. Esta situación inquieta a todos los ejércitos y gobiernos del área, quienes han hecho explícita su preocupación e inconformidad.
Pero causa inquietud en el propio Estados Unidos. El señor Henry Kissinger, bien conocido ex secretario de Estado, ha escrito recientemente: “En estas circunstancias el Plan Colombia carga con el mismo momento desesperanzador que condujo a América a involucrarse en Vietnam, primero un punto muerto y, después, la frustración: hacia fuera los Estados Unidos limitan su involucramiento al entrenamiento y al suministro de equipo militar vital –en este caso grandes helicópteros de ataque–. Pero luego de que los esfuerzos sobrepasan un cierto punto, los Estados Unidos, para evitar el derrumbe de las fuerzas locales en las cuales han invertido su propio prestigio y tesoro, serán llevados a tomarse el terreno por sí mismos. Cuando los intereses están a estas alturas es peligroso emprender la empresa sin el apoyo de, por lo menos, algunos de los principales países latinoamericanos. La cooperación hemisférica, sin embargo, ha sido dolorosamente escasa con respecto al Plan Colombia”. ii
Es la actitud de Brasil y Venezuela frente a la política de los Estados Unidos la que provoca desazón en los círculos pensantes del poder en Washington. La administración Bush ha optado por cambiar su enfoque y el nombre del plan por Iniciativa Andina en una más estrecha conexión con el proyecto del ALCA. Así, en la ayuda antinarcóticos prevista para 2002 para la región se incorpora a toda el área. Con una suma que sobrepasa los 900 millones de dólares, a Colombia le corresponderán casi 400. El resto se reparte entre Bolivia, Perú, Ecuador y Venezuela. A la ayuda a Colombia, en su mayor parte repuestos y suministros para el mantenimiento de los equipos militares y el entrenamiento, se agregan 100 millones más provenientes del presupuesto del Pentágono cuyo propósito no requiere de más explicaciones. El componente social de la ayuda sigue siendo mínimo y carente de los contextos reformistas de lo que fue el ya lejano pasado de la Alianza para el Progreso.

La Doctrina Monroe en la globalización
En consecuencia, la esencia del Plan Colombia continúa en pie. El peligro sobre el que alerta el ex funcionario Kissinger, tanto como numerosos medios periodísticos, corrientes democráticas, organizaciones de los derechos humanos, académicos, así como la izquierda norteamericana, debe entenderse como una amenaza real para el presente y el futuro de América latina, sobre todo para el subcontinente suramericano. Al comenzar el tercer milenio una variante de la Doctrina Monroe toma pie en un área sensible de nuestra geopolítica. Justamente el país puente entre el Caribe y los Andes, entre el Pacífico y la Amazonia, es el pretexto y el punto de arranque de un intervencionismo que se disfraza de fatalismo económico a la vez que de moralismo antinarcóticos. La globalización, para esta parte del mundo, tiene la característica de envolverse en la idea tan acariciada desde antiguo de una anexión-absorción de nuestras sociedades en el marco de un proyecto único y unilateral de integración que desvertebra todas las otras integraciones, sean ellas subregionales, locales, alternativas o liberadoras, como aquellas, por ejemplo, con que soñaron los Libertadores. Más allá de la forma concreta en que se presente esa idea su contenido es recurrente: es neocolonial. De un neocolonialismo absorbente, forzado en todo caso, pero también experimental, sujeto, por lo tanto, al ensayo y error, como todos los procesos históricos.
Así, por ejemplo, todos los macroproyectos de desarrollo concebidos por la banca transnacional liderada por Estados Unidos (Banco Mundial, BID, etc.) al sur del río Bravo en los últimos 15 años, pero más específicamente en la última década, dan curso a materializaciones prospectivas de la idea. Muchas son propuestas que miran en una cierta dirección del progreso: verbigracia, la interconexión fluvial suramericana; los sistemas de comunicación interoceánica, acuáticos o terrestres; las carreteras marginales de la selva amazónica; la conexión Atlántico-Pacífico, vía Amazonas-Putumayo; entre otras. Es el macroproyecto Puebla-Panamá, anunciado por los presidentes Bush y Fox, el que aclara mejor el sentido de los propósitos del largo plazo. La integración en el ALCA, que incorpora a todos nuestros pueblos y países, está pensada desde una óptica estadounidense. Es una adición del sur al norte pensada desde hace tiempo para minimizar el error e intentar acertar.
Naturalmente, en las actuales condiciones, es posible la integración económica vía dolarización o acuerdos bilaterales a través del TLCNA (NAFTA, por su sigla en inglés) aun cuando las experiencias argentina y ecuatoriana, guardadas sus respectivas proporciones, muestran las negativas consecuencias de ese rumbo. Pero es más complicado compaginar las incompatibilidades políticas realmente existentes. Cuba ha sido descartada desde el principio. Una experiencia socialista se concibe, de entrada, como extraña al enfoque del ALCA. Venezuela parece ofrecer un obstáculo, no sólo por su régimen político actual, sino también por las características de conjunto que presenta la crisis de estructura en la región andina. El proceso venezolano ha anticipado una de las salidas posibles, en tanto ha adoptado respuestas propias a la crisis. Pero ésta se halla lejos de tener una solución estable en Ecuador o Perú. Por su lado, Bolivia ha experimentado sacudidas sociales significativas. Y el caso de Colombia arroja incertidumbres mayores, dado el fuerte potencial de los movimientos revolucionarios que allí se fortalecieron en los últimos 40 años.
La anexión-absorción de todo esto, así, sin más, puede provocar indigestiones. Pero ¿cómo allanar este tipo de obstáculos,excepcionalmente complejos, cuando “una sola chispa puede incendiar la pradera”?
Todo indica, como lo hemos visto arriba, que ésta es, también, una preocupación de la cúpula de la globalización y de las cabezas pensantes del imperialismo. La cumbre del ALCA, de finales de abril de 2001, en Quebec, Canadá, deja algunas cosas en claro. Ante todo, el énfasis de los Estados Unidos en la denominada “cláusula democrática”, como una condición sine qua non, como el punto que define toda la perspectiva de pertenencia a lo que aparentemente pretende ser sólo un acuerdo de libre comercio.
Señala el documento: “Reconocemos que los valores y prácticas de la democracia son fundamentales para avanzar en el logro de todos nuestros objetivos. El mantenimiento y fortalecimiento del estado de derecho y el respeto estricto al sistema democrático son, al mismo tiempo, un propósito y un compromiso compartido, así como una condición esencial de nuestra presencia en esta y en futuras cumbres. En consecuencia, cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado del hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbres de las Américas. Tomando debidamente en cuenta los mecanismos hemisféricos, regionales y subregionales existentes, acordamos llevar a cabo consultas en el caso de una ruptura del sistema democrático de un país que participa en el proceso de cumbres”.
Este polémico punto, que provocó las reservas de Venezuela, recuerda a la OEA de comienzos de los sesenta, frente al fenómeno de la Revolución Cubana. ¡Cuán poco evoca el período de las dictaduras militares del Cono Sur, propiciadas por Estados Unidos!

Un debate de fondo sobre las formas de la intervención
Quizás los referentes puedan ser varios países. Pero el señor Kissinger no guarda silencio frente a lo que considera el riesgo más grave del momento. Escuchémoslo: “Una desintegración nacional en Colombia sería una bomba para el progreso económico de la región, generaría una oleada de refugiados que inevitablemente llegaría a orillas de los vecinos de Colombia y a los Estados Unidos y acabaría con las limitadas acciones de control al narcotráfico que existen actualmente en el país. Dejaría un gobierno radical marxista soportado, al menos temporalmente, por dinero del narcotráfico en la mayor y más tradicional nación de los Andes. Esta crisis es, en diferentes órdenes, mucho más seria que la inestabilidad en Haití que precipitó la malhadada intervención de la administración Clinton, o en Panamá, que llevó a una respuesta militar de la administración de George H. W. Bush”. iii
La “cláusula democrática” tiene, por lo tanto, un carácter preventivo. Es un filtro pero, además, una camisa de fuerza. Demarca el patrón de los regímenes sociopolíticos admisibles, lo suficientemente dóciles para aceptar el plato fuerte de la globalización neoliberal para el ALCA: las normas supranacionales de la Organización Mundial del Comercio, OMC, que constituyen el marco de regulación para ese acuerdo desde el punto de vista del capital transnacional y de los Estados Unidos. La lógica de esta normatividad regulatoria, que desnacionaliza los Estados-nación existentes y los convierte en súbditos de la voluntad de los monopolios transnacionales, es el hilo conductor que le da sentido al ALCA. Estados Unidos convierte, por vía de un acuerdo político, a América latina y el Caribe en el gran mercado de sus productos. Pero, sobre todo, en la granfuente de fuerza de trabajo de bajo costo, por medio de la maquila y de la inmigración. Y en los proveedores de recursos energéticos –en momentos en que la crisis energética afecta a importantes regiones del oeste norteamericano–, de biodiversidad para sus industrias de punta farmacéutica y de productos transgénicos, y de agua. América latina y el Caribe no deben esperar nada de esta forma de integración que la desarticula, que carece de todo contenido social constructivo o emancipador, que le cierra las puertas a su desarrollo libre, auténtico, creador, a sus posibilidades de innovación de la democracia y del socialismo.
Ahora bien, hay que reconocer que hay un debate en las alturas en relación con el rumbo futuro del Plan Colombia. El fondo del problema es la dificultad de mantener el diseño inicial que encubre la intervención político-militar bajo un marco antinarcóticos, cada vez menos creíble debido a las denuncias sobre la ineficacia y el carácter contraproducente de las fumigaciones: desplazan el problema, en lugar de resolverlo; agregan un mayor respaldo social a los movimientos guerrilleros; colocan a los Estados Unidos en un umbral en el que cualquier incidente más o menos grave puede desencadenar una vietnamización del problema. Por lo tanto, el cambio tiende a colectivizar el plan, descolombianizar el reparto de sus recursos, incorporar, en una perspectiva que mira hacia delante, es decir, hacia la posibilidad de un empeoramiento de la situación, la necesidad de hacer más franco el significado político del proyecto contrainsurgente y preparar las condiciones para una eventual “acción colectiva”, con la participación de los países de América latina y, sobre todo, de los vecinos, en un tipo de intervención que tendría una apariencia de legitimidad en su propósito de una eventual “defensa” o “restauración” de la democracia en Colombia.
Curiosamente, el debate más significativo tiene lugar en los círculos conservadores más cercanos a la administración Bush. Es muy importante seguir ese debate, del que depende, en cierta manera, el futuro de las relaciones de los Estados Unidos con América latina. El objeto no es la rectificación democrática del Plan Colombia. Por el contrario, se mide la conveniencia o inconveniencia de su actual orientación, de las medidas que lo materializan, de las implicaciones que tiene o puede llegar a tener hacia adentro de los Estados Unidos, tomando en consideración puntos sensibles para la opinión pública norteamericana, particularmente en lo relativo a los derechos humanos, el paramilitarismo y la destinación de los fondos de ayuda que provienen de los impuestos que pagan los ciudadanos. La discusión en las alturas es el indicio de que la sociedad estadounidense no es indiferente de ciertos desarrollos de la política exterior de los Estados Unidos en relación con América latina.
La Rand Corporation, por ejemplo, una entidad asesora del Pentágono, plantea el asunto de manera directa: “El Plan Colombia cojea porque aborda el conflicto desde una óptica antinarcóticos cuando el problema es militar y político”. Por lo tanto, recomienda, en primer lugar, el fortalecimiento del Estado, ante todo de sus fuerzas armadas, como el núcleo de la política norteamericana hacia Colombia. “El apoyo debe ser sostenido hasta que Colombia logre recuperar la iniciativa militar y política”. Para lograrlo debe dirigir su ayuda al mejoramiento de las condiciones de combate contra la guerrilla y en ese sentido militar especifica los objetivos contrainsurgentes a resaltar.
En segundo lugar, plantea reconsiderar la fumigación aérea, por las razones que antes hemos anotado y mientras no se vincule a programas de sustitución y desarrollo social.
En tercer lugar, plantea el énfasis en crear las bases “para un sistema de respuesta multilateral por si la crisis colombiana se sigue intensificando”. iv
Sería una ingenuidad pensar que estos criterios carecen de peso en los ajustes a la estrategia de los Estados Unidos. De hecho, coinciden los diagnósticos y las recomendaciones de los analistas que hemos citado con los delineamientos que ha expuesto, en diferentes momentos, el secretario de Estado, Colin Powell, sobre el Plan Colombia. Debemos esperar ulteriores reajustes que buscan perfeccionar la estrategia. Quiere decir, además, que el tema colombiano se torna en asunto que concierne a cada latinoamericano/a. No sólo como un caso de solidaridad externa con un pueblo hermano sino también como un complejo problema de política interior en cada país si partimos de la base de que los Estados Unidos seguirán ejerciendo presión sobre los gobiernos para lograr parcelas de adhesión a su línea intervencionista bajo las figuras de “acción colectiva” o “respuesta multilateral”.

La solución política en Colombia: una tarea continental
El proceso de diálogo y negociación que impulsa el presidente Pastrana encuentra, en este contexto, una explicación a su carácter contradictorio. El despeje del Caguán, el Acuerdo de Los Pozos, de febrero de 2001 que lo reafirma, los intercambios humanitarios recientes, por una parte, y los intentos por reanudar un proceso con el ELN que el gobierno no logró concretar para crear otra zona de distensión con este movimiento guerrillero, por otra, son la demostración de que en Colombia ningún desarrollo político realista puede hacerse sin tener en cuenta a los movimientos revolucionarios armados en tanto son, además, expresiones políticas de una crisis nacional en curso. La coincidencia en torno a la necesidad del diálogo y de la salida política es el resultado de la búsqueda de soluciones a esa crisis, y quizás una vía para promover cambios importantes en la esclerosada estructura social, económica y política del país. Pero es una búsqueda de ritmo lento que no depende tanto de la tozudez de la guerrilla cuanto de la expectativa del establecimiento de lograr una modificación, a su favor, de la correlación de fuerzas político-militar con la entrada en escena de la ayuda norteamericana a través del Plan Colombia. Dicha expectativa perversa es ya, ella misma, una consecuencia del plan. Por eso, todos los proyectos gubernamentales adoptaron el nombre de Plan Colombia. En ese volumen acumulado y en buena medida hipotético, por una cuantía de 7500 millones de dólares, el aporte militar de los Estados Unidos se minimiza y se crea la apariencia de que el plan es, en realidad, un gran proyecto de desarrollo del país.
Con base en esta falacia, el gobierno de Colombia dialoga con la insurgencia, pero, a la vez, pone en marcha, con el apoyo de las mayorías parlamentarias del bipartidismo liberal y conservador, los “ajustes estructurales” convenidos con el FMI, el más reciente de los cuales impuso una reducción por 6 años de la transferencia de recursos del Estado central a las regiones para educación y salud pública. Ha sido aprobada, igualmente, una ley de Defensa y Seguridad que otorgan funciones judiciales al ejército, establece jefaturas militares por encima del poder civil y autoriza al presidente para expedir un estatuto antiterrorista en los siguientes 90 días. Es claro que toda buena voluntad de diálogo seanula con esta política de negociación cero. Todos los avances alcanzados en las numerosas audiencias, todas las propuestas presentadas por las organizaciones sociales, sindicales, campesinas, académicas, culturales, juveniles, femeninas, ecológicas; todos los aportes de los organismos internacionales y gobiernos amigos, relacionados con la Agenda Común suscrita por el gobierno colombiano con las FARC, quedan “en el aire” con cada retroceso del Estado siguiendo las recomendaciones de los organismos externos incorporadas a la política del Plan Colombia.
La lucha por una solución política, por la vía del diálogo, la negociación y los acuerdos para una salida democrática con justicia social es un punto de coincidencia que acerca a crecientes sectores populares, de luchadores por la paz, los derechos humanos, de las corrientes democráticas, de los movimientos revolucionarios, de la opinión democrática internacional y de no pocos gobiernos en el mundo. El requisito esencial de que un proceso de acuerdo democrático pueda alcanzarse está en la capacidad de restablecer las condiciones de autodeterminación y de soberanía del pueblo colombiano para decidir su presente y su futuro, sin intervención militar externa. Pero también en la fuerza social, política y político-militar que se pueda congregar y unir en la necesidad de transformar estructuras caducas que apuntalan privilegios, concentración de riqueza y terrorismo de Estado como formas de dominación, definitivamente incompatibles con los sentimientos y aspiraciones de las mayorías nacionales.
Las posibilidades de un viraje de la situación en el corto y mediano plazo dependen de un cambio político en el país que se apronta a un proceso eleccionario para Congreso y presidencia entre marzo y junio de 2002. El creciente descontento social que se manifestó en el gran movimiento de maestros, padres de familia, estudiantes de secundaria y trabajadores de salud durante más de dos meses no logró detener la maquinaria parlamentaria que recortó la inversión en educación y salud. Pero ha dejado enseñanzas que alientan el reagrupamiento de las corrientes populares opositoras. El Frente Social y Político, que proclamará en agosto la candidatura presidencial de Luis Eduardo Garzón, actual presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, postula la alternativa de un viraje real para enfrentar la crisis por un camino distinto del neoliberalismo, lograr una solución política negociada que contribuya a la democratización del país y avanzar en una política de integración latinoamericana que valorice las fortalezas comunes de los pueblos hermanos.
La perspectiva de un Plan Colombia que se convierte en la garantía de la “cláusula democrática” y de la implantación sin obstáculos del ALCA, acallando por la fuerza la disidencia y el enfoque alternativo que nace de las realidades construidas por la lucha de los pueblos, se convierte, realmente, en un medio de agresión para la soberanía, no sólo de Colombia sino también de todos los países del continente. La Amazonia, que está en el foco de este proceso, es uno de los blancos perseguidos. El otro son los trabajadores y la juventud sometidos a un futuro de desvalorización del trabajo y presión desde el desempleo. Estos son dos de nuestros tesoros por los que vale la pena luchar, pelear, jugarse.
Por fortuna, estamos a tiempo de actuar para torcer el destino, fatal sólo en apariencia. Podemos contrarrestar el intervencionismo militar y político de los Estados Unidos. El logro de una solución política democrática, con plena soberanía y justicia social en Colombia podría frustrar la actual orientación de Estados Unidos hacia América latina y elCaribe, tanto en lo concerniente al intervencionismo militar y político como al anexionismo económico neoliberal.
Podemos reunir las voluntades y las fuerzas para labrar un camino de libertad y cambio social. Podemos trabajar por otra integración social, política, cultural, energética, científica y tecnológica. Tenemos los medios para conocer y juzgar a tiempo las estrategias con las que intentan envolvernos. El imperio se juega su defensiva estratégica, signo de su decadencia inevitable. Pero está en nuestras manos y sólo en nuestras manos hallar los instrumentos y la ruta para crear una integración plurinacional, pluriétnica y multicultural, democrática, socialista.
Ver, Collier, Paul, Economic Causes of Civil Conflict and Their Implications for Policy, Banco Mundial, junio 15, 2000, web site World Bank. Ver, Conclusiones de la reunión de ministros de Asuntos Extranjeros del G8 en Miyazaki, Japón, 13 de julio de 2000, G8 Research Group at the Univerity of Toronto, Internet.

i Ver, Nivia, Elsa, Rapalmira, Colombia, Las fumigaciones aéreas sobre cultivos ilícitos si son peligrosas. Algunas aproximaciones, en Conferencia “Las Guerras en Colombia: Drogas, Armas, Petróleo”, Universidad de California, Davis, Mayo 17-19, 2001.

ii Tomado de Kissinger, Henry, Does America needs an Foreing Policy?, capítulo reproducido por El Espectador, pg. 8, junio 10 de 2001, Bogotá.

iii Ibídem.

iv Diario El Tiempo, pg. 1-11, Sergio Gómez Masseri, síntesis del informe de Rand Corporation “El laberinto colombiano: la sinergia de las drogas y sus implicaciones para la situación regional”, junio 8 de 2001, Bogotá.

* Jaime Caicedo Turriago es profesor de la Universidad Nacional de Colombia y profesor invitado de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. Militante político, actualmente secretario del PC de Colombia.

Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo Rectora: Hebe de Bonafini Director Académico: Vicente Zito Lema

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