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La
voz de alarma
Hace dos semanas, este diario
dio a conocer la primera encuesta realizada entre ginecólogos sobre el
aborto. El 65,3% de ellos lo consideraba el problema de salud pública
más relevante. Un paso adelante en la responsabilidad social de los médicos.
Por María
Moreno
Las buenas noticias recogidas
en catorce años pueden ser de hace apenas una semana. En la nota
“Los médicos dieron la alarma”, firmada por Marta Dillon
y publicada por este diario el 14 de mayo  de
2001, se registran los datos de una encuesta realizada por el equipo de
Area Salud del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES): ocho de
cada diez médicos que hacen sus prácticas en hospitales
públicos de Buenos Aires están de acuerdo en que la despenalización
del aborto reduciría la mortandad materna. El 65,3 por ciento de
los 500 profesionales interrogados considera que el aborto es el problema
de salud pública más relevante del país. El apoyo
a la despenalización se registró en un 38,5 por ciento de
los casos. La voz de los profesionales resitúa una experiencia
que, cuando sale a luz, suele hacerlo pivoteando entre dos extremos: la
comprobación alarmante de la estadística y la especulación
filosófica encuadrada en el marco jurídico. Laura Klein
muestra en su ensayo “El aborto en cuestión”, publicado
en el número 3 de la revista La Gandhi argentina, la dificultad
de encuadrar al aborto en el marco de los derechos humanos. A pesar de
reconocer que en este país la resonancia de la expresión
“derechos humanos” hace que cualquier intento de cuestionarlos
pueda ser leído como un argumento a favor de la justificación
del genocidio, es decir que equivalga a “hablar a la esfinge”,
Klein advierte la imposibilidad de anudar libertad política y libertad
sexual y cómo el recurso a los derechos humanos implica compromisos
que el aborto rehúsa soportar. Al aborto le quedarían chicos
la noción de “persona”, “libertad”, “propiedad”
que le exige la medida jurídica. Los que se oponen a la legalización
afirman que la vida es sagrada, que el feto es un ser humano, por lo tanto
el aborto es un crimen.
Los defensores del aborto legal dicen que el feto no es un ser humano
desplazando el valor vida a la de las mujeres. “Son hipócritas
quienes dicen defenderla condenando a las mujeres que abortan, prefiriendo
la vida potencial a la real, condenado infelices a nacer, apoyando la
pena de muerte, bendiciendo guerras y genocidios”, glosa Klein, quien
concluye que “perseguido por el fantasma de violar los derechos humanos,
el aborto deja de ser el acto en el cual una mujer decide no tener un
hijo para convertirse en el meollo donde se juega la de definición
de “ser humano”.
Para Klein, cuando no se calla sobre el aborto se habla de él desplazándolo:
de poder a derecho (“Se habla del derecho de las mujeres a abortar
como si no tuviésemos ese poder...”). El aborto es ilegal,
abortar es delito penal y las mujeres abortan igual. No tienen el derecho,
pero tienen el poder (desigualmente), requisando cómo los defensores
de la vida se comprometen en actos de muerte, llevándolo hacia
atrás –nadie llamaría armas mortales al forro o el
diafragma– hasta bautizarlo “último recurso anticonceptivo”
o especulando en qué momento cronológico empieza el valor
“humano”.
La agrupación Coordinadora por el derecho al aborto reniega de
la escolástica y no requiere de más precisiones (como dice
una de sus integrantes, la activista feminista Mabel Bellucci, “no
levanta un discurso acorde con lo que quiere escuchar el poder: derechos
reproductivos, salud reproductiva, anticoncepción previamente chequeada
por la Iglesia”).
Klein interrumpe sus objeciones para dejar claro que en los países
donde el aborto es legal no mueren menos cigotos sino menos mujeres, que
el aborto prohibido no es el embrión protegido, que el Estado que
prohíbe abortar no defiende –y da constantes pruebas de esto–
la vida sino el derecho a la vida.
La experiencia de la que los médicos encuestados por el CEDES son
testigos y en la que deben intervenir –55.000 mujeres se internan
cada año por complicaciones derivadas del aborto clandestino–
acaba con el idealismo y vuelve el aborto a su lugar: el de un poder impotente
que desangra a las mujeres fuera de la ley. La función técnico-política
de los médicos es fundante en la Nación Argentina: fueron
médicos –entre otros José Ingenieros, José María
Ramos Mejía, Francisco de Veyga– los que definieron al ser
nacional a la manera de un modelo psicopatológico que criminalizaba
a la inmigración al mismo tiempo que sostenía su sueño
europeísta; sus intervenciones iban de la universidad al hospital,
de los fueros de la policía a los del ejército, de la vida
cultural a la banca en el Congreso. Fueron también médicos
los que regularon los deseos femeninos a través de la figura de
la histeria y generaron el pase del diván al sillón –la
expresión es de Jorge Balán– en el espacio psicoanalítico
primero que extendió luego singularmente su dominio en todas las
esferas de la vida social y política de los argentinos. Como fue
necesaria la presencia de miembros de la corporación médica
para regular la vida y la muerte en los campos de exterminio: de sus manos
salía tanto el cadáver comprobado como el botín de
guerra. Las palabras dichas a las encuestadoras de CEDES, fuera de la
presión a la denuncia policial y en el respeto del anonimato, no
son actos, pero la buena noticia es que pueden indicar un compromiso con
éstos: que los médicos se pronuncien para hacer menos impotente
un poder fuera de la ley, desagregar a la dimensión trágica
del aborto la alternativa de desangrarse en una autogestión mortal
o aborto clandestino. Como escribe Laura Klein, “Las mujeres ejercen
un poder al que no tienen derecho: tienen el poder de infringir la ley.
En él reside la fuerza que hace valer la lucha por su legalización”.
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