Como si las subas de hasta el 300 por ciento que el Gobierno aplicó a la tarifa de agua desde abril del año pasado no fueran suficientes, desde Aysa solicitaron un nuevo incremento de entre el 22 y el 30 por ciento para todos los usuarios, incluidos los beneficiarios de la tarifa social. Si bien, la propuesta aún debe ser aprobada por el ente regulador, las autoridades confirmaron que preparan un plan de “racionalización” del consumo de agua que, además del incremento, incluye la colocación de más medidores y cambios en la forma de calcular la tarifa.
“Hoy tenemos un sistema regulatorio muy antiguo donde la tarifa está relacionada con el tamaño de la vivienda y no con el consumo. Buscamos modificar ese sistema por uno más moderno, que premie el uso racional del agua”, confirmó a Página/12 Pablo Bereciartua, subsecretario de Recursos Hídricos. Según el funcionario, el plan que estudia el Gobierno busca reducir el consumo de agua “irracional”.
En la mayoría de los hogares de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano la factura del agua se calcula en base a una tarifa plana según la superficie del inmueble y no la cantidad de litros consumidos ya que el 88 por ciento de los usuarios no tienen medidor.
En caso de aprobarse la propuesta de Aysa, a partir de marzo ese monto fijo aumentará un 22 por ciento para todos los usuarios, incluidos los beneficiarios de la tarifa social.
Con ese incremento porcentual, la factura media pasará de los 297,60 pesos actuales a costar 387,30 pesos para los hogares aún subsidiados y de 446,70 pesos a 545 para los demás, siempre entre los que no tienen medidor.
Para quienes tienen el medidor, en cambio, las subas serán de hasta 30 por ciento. En caso de continuar con el mismo consumo pasarán de 492 pesos a 640,30 si estaban subsidiados y de 754,90 a 921 si no tienen subsidio.
Además, un millón y medio de usuarios sufrirán un impacto extra porque perderán el subsidio del 25 por ciento de la factura que hoy reciben por vivir en determinadas zonas.
Según la explicación del funcionario, el objetivo del plan que aplicará el Gobierno es conectar al agua potable a cinco millones de usuarios que hoy no tienen acceso y encarar grandes obras para extender la red cloacal, que hoy alcanza al 50 por ciento de la población. Todo acompañado por la “racionalidad” del consumo del agua a partir de la incorporación de más medidores, que hoy alcanza al 13 por ciento de los hogares y esperan extender al 50 en los próximos años.
En cuanto a la tarifa, para Bereciartua tener medidor no implicará una factura más costosa ya que dicha tarifa se fijará a partir de un nuevo cálculo. “El ajuste tarifario real del agua ya se hizo y fue exitoso. A partir de ahora los únicos incrementos serán para actualizar el costo según la inflación”, confirmó el subsecretario.
