El abogado Mariano Federici fue elegido en diciembre de 2015 por el presidente Mauricio Macri para hacerse cargo de la Unidad de Información Financiera (UIF), uno de los principales organismos encargados de combatir el lavado de dinero. "Si algo ha caracterizado a la UIF en estos años es haber trabajado de manera autónoma", expresó este martes tras el cuestionamiento de la vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner ante el sesgado rol que asumió la entidad
en la causa sobre las obras viales en Santa Cruz. Su gestion al frente de la estratégica oficina de seguimiento de delitos financieros también quedó bajo la mira cuando, a fines de 2018, adoptó una curiosa decisión por la cual exculpó al Banco HSBC de una sanción y multa que había sido recomendada, por unanimidad, por el Consejo Asesor de la UIF. El expediente acusaba a la entidad de no haber reportado operaciones de lavado realizadas por un connotado narco colombiano, Jesús López Londoño, alias "Mi Sangre".
La decisión de inclinarse en favor del HSBC marcó, en aquel momento (diciembre de 2018), "un punto de inflexión en la relación entre la UIF y el Consejo Asesor, que había recomendado aplicarle una multa a la entidad y elevar un informe a la Justicia, donde ya existía una investigación sobre el proceder de la red de lavado a la que estaba presuntamente vinculado "Mi Sangre".
En su testimonio ante el Tribunal Oral Federal número 2, del dúltimo lunes, la ex presidenta y vice electa Cristina Fernández de Kirchner, volvió sobre la figura de Federici al señalarlo como vinculado al HSBC y rechazar las argumentaciones que prestó a la Justicia para involucrar a la ex presidenta en una adjudicación irregular de obras públicas. Este martes, el titular de la UIF usó los micrófonos de un programa radial matutino para contraatacar. "No se aprovechó ayer la oportunidad que ofrece la indagatoria en tanto acto de defensa, para rebatir las pruebas que a nuestro juicio son muy contundentes", expresó al referirse a la declaración de CFK en la causa donde se la investiga por las obras en la provincia de Santa Cruz. "Se la acusa a Cristina Fernández de liderar una asociación ilícita de carácter estable entre 2003 y 2015 y que tuvo como finalidad cometer múltiples delitos para apoderarse de fondos públicos", sostuvo el abogado durante una entrevista con Radio La Red.
Pero las críticas y reclamos al organismo por su accionar no se limitan a los políticos acusados como CFK. A lo largo de los últimos cuatro años, los reproches se extendieron entre jueces y fiscales. A contramano del relato sobre el supuesto compromiso oficial para enfrentar los delitos de lavado de dinero, la UIF es cuestionada por haber reducido sensiblemente la cantidad de reportes de operaciones sospechosas necesarias para la apertura de investigaciones penales, la flexibilización de normas, la negativa para analizar información financiera ante pedidos judiciales y los escuetos informes remitidos cuando las causas involucraron a funcionarios nacionales.
Antes de ingresar a la función pública en diciembre de 2015, Federici trabajó durante más de diez años en el Fondo Monetario Internacional. Su paso por el Departamento Jurídico del FMI solo se vio interrumpido entre 2005 y 2006 cuando se sumó como letrado en el Estudio Garrido.
A comienzos de 2017, el ex fiscal federal Federico Delgado remitió un informe a la ex procuradora Alejandra Gils Carbó donde advertía sobre las demoras en la entrega de información solicitada a la UIF así como las diferencias de profundidad y extensión entre los informes referidos a personajes vinculados al kirchnerismo y aquellos referidos a los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri. Aquel reporte remarcaba, por ejemplo, que en la causa por la presencia del mandatario saliente en los Panama Papers, la UIF demoró cinco meses para aportar escasa información vinculada a reportes de operaciones sospechosas que ni siquiera pudo sumarse a la investigación como objeto de prueba. La documentación que sí aportó Federici a la causa se conoció un mes después y fue aquella donde el organismo aseguró que no había indicios sobre el lavado de dinero.