Sin comida ni agua, ningún medicamento más que un suero en medio de la agonía. Antes de eso, vejaciones, maltrato a la identidad sexual travesti y amenazas para que hagan favores sexuales. En esa situación murieron Angie Velásquez (37) y Pamela Macedo Panduro (29), travestis detenidas en La Plata, según la denuncia Otrans. Angie y Pamela eran militantes de esa organización.

La muerte de Angie se produjo la semana pasada. Después de mucho lidiar con el sistema judicial, Otrans logró que su compañera fuera trasladada al hospital intramuros de la cárcel de Olmos. El 16 de marzo les informaron en la cárcel que había muerto y les mostraron el cuerpo. 

Catorce días antes, la organización de travestis y trans -con patrocinio de la abogada Luciana Sánchez- presentó un habeas corpus correctivo por el agravamiento de las condiciones de detención de Angie en la comisaría 11ª de Ringuelet. El juez de Garantías Nº 4, Juan Pablo Masi, lo rechazó y envió a la militante travesti a la cárcel de Florencio Varela. Mientras recibían el golpe de la muerte de Angie, Otrans seguía reclamando la entrega del cuerpo de otra compañera, fallecida el 1º de enero bajo condiciones de detención similares. A Pamela la trasladaron tres días antes de la cárcel de Florencio Varela al Hospital Mi Pueblo, donde murió. Una autopsia muy dudosa.

“El de Angie es el segundo travesticidio en La Plata en lo que va del año, en un contexto de hostigamiento y armado de causas. Se repite el modus operandi de jueces, fiscales, policía y Servicio Penitenciario Bonaerense”, dice Claudia Vásquez Haro, de Otrans. 

Elementos que unen estos casos: son travestis organizadas, migrantes y en prostitución. A todas les aplican “infracción a la ley de estupefacientes”. A Angie la forzaron a desnudarse en la calle y luego de una requisa la acusaron de llevar menos de dos gramos de cocaína. En ambos casos intervinieron el fiscal A  lvaro Garganta y el juez Masi.

Claudia visitó a Angie en la comisaría de Ringuelet. Tenía el cuerpo lacerado por herpes. Y un último pedido: “No tuve nada que ver. Me plantaron la droga. Me siento mal, esto me va a terminar matando. Por favor andá a mi casa, buscá mis estudios médicos y presentalos”. Claudia llevó al Juzgado 4 las constancias de la enfermedad crónica que padecía Angie, junto con el habeas corpus. La respuesta del juez Masi fue cambiar barrotes policiales por barrotes penitenciarios.