La covid-19 puso de manifiesto inequidades de distinto tipo, ocultas en los subterfugios de muchas sociedades occidentales. Más importante aún, evidenció las presiones empresariales, expresadas en estrategias de tercerización, desresponsabilización y esencialización, que apuntan a minar la estructura de derechos laborales. 

En este escenario, “el conflicto laboral es algo inherente y necesario”, señaló en diálogo con Cash la investigadora Victoria Basualdo quien, junto a Pablo Peláez, viene estudiando el deterioro de las relaciones laborales en pandemia y, más precisamente, las tensiones crecientes entre los empresarios, los sindicatos y el gobierno de Alberto Fernández.

¿Cuáles son desafíos que afronta el gobierno en materia de relaciones laborales?

- Las relaciones laborales son un punto central en la agenda actual. Para entender el trabajo bajo la pandemia en la Argentina debemos mirar el legado de largo plazo del neoliberalismo y, más recientemente, el impacto regresivo de la etapa macrista. A la enorme participación del trabajo no registrado -que aún en los momentos de avance no bajó del 33 por ciento- se sumaron otras estrategias empresariales que minaron la estructura de derechos laborales, como la tercerización laboral y las transformaciones asociadas al cambio tecnológico.

¿En qué medida esas pérdidas de derechos laborales son parte de las estrategias empresariales en el marco de la pandemia?

- En cada etapa hay diversas estrategias empresariales con la intención de recortar derechos. Frente a una tercerización expandida y consolidada, que generaba trabajadores de primera y de segunda, algunos sectores apuntaron a combinar la lucha sindical con estrategias para desmontar la estructura legal instaurada durante la dictadura, pero eso lamentablemente no se pudo lograr. Durante el macrismo, en un contexto de cambio regresivo brutal en las políticas económicas y laborales, no sólo se expandió la tercerización sino que aparecieron fenómenos nuevos asociados al cambio tecnológico, como la economía de plataformas. En esa etapa se instalaron estas empresas en la Argentina, con un modelo de negocios que niega la existencia de empleadores y trabajadores. Desde la visión de las empresas, hay una aplicación que funciona uniendo partes que “voluntariamente” necesitan algo y proveen algo, lo cual desconoce absolutamente la relación laboral.

Esenciales

Del estudio realizado en el Área de Economía y Tecnología de Flacso sobre conflicto laboral, ¿qué conclusiones se desprenden relativas a la puja entre la estrategia empresarial y la resistencia de los trabajadores?

- En el trabajo que hicimos con Pablo Peláez vimos que desde el comienzo del aislamiento, entre 20 de marzo y el 2 abril, se planteó una disputa en torno a la esencialidad. Las grandes empresas intervinieron fuertemente en esta pelea, mientras que los trabajadores dieron una discusión alrededor de tareas que eran necesarias para la ganancia empresarial pero que ponía en gran riesgo su salud. La lucha de los trabajadores apuntaba a garantizar que efectivamente esas tareas fueran esenciales y, en caso de no serlo, que hubiera condiciones de trabajo para el desarrollo de esas tareas. Eso era fundamental para campos muy expuestos, como el de la salud, con una exposición dramática. Durante el primer período del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), las condiciones de trabajo fueron denunciadas una y otra vez como deficientes, incluso en grandes fábricas multinacionales. En el segundo y en el tercer período, que abarca todo abril, la presión empresarial se expresó en despidos, pese a que el decreto 329 lo impedía. Ese decreto fue muy importante para frenar el grueso de los despidos, pero por supuesto esto no comprende los despidos por cierre, y además hecha la ley, hecha la trampa.

¿En qué consistió concretamente esa “trampa”?

- El decreto consideró como una posible excepción los despidos comprendidos en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo que permite los despidos concertados con los sindicatos por razones de fuerza mayor, o falta o disminución de trabajo no imputable al empleador. El pacto UIA-CGT legalizó el acatamiento de suspensiones y baja de salarios a cambio del mantenimiento de las relaciones laborales, pero el conflicto siguió, aún en ese contexto. Y hay que destacar las excepciones a esa regla. Por caso, la Federación de Aceiteros y Desmotadores llevó a cabo una negociación salarial en ese momento y logró un 25 por ciento de aumento salarial. En ese escenario, el conflicto sindical empezó a coincidir con otras protestas y movilizaciones impulsadas, desde los barrios, por las organizaciones sociales.

¿Por qué se dio esa confluencia?

- Entre otras cosas, porque en esa etapa aumentaron los contagios en las villas. La dolorosa muerte de Ramona Medina en la villa 31 después de denunciar al gobierno de la Ciudad por falta de agua y atención básica, puso en agenda no sólo el impacto diferencial de la pandemia en sectores vulnerables, sino también la dimensión de género y el papel de las mujeres en la reproducción social, tanto en los hogares como en los territorios. Otro ejemplo importante de conflicto laboral fue el paro internacional de los trabajadores de plataformas. Por este conjunto de acciones y procesos, hay que reconocer que Argentina logró diferenciarse de otros casos extremos.

Presión de los grupos económicos

¿De qué casos se distingue la Argentina, específicamente?

- Del proceso de Bérgamo, en el norte de Italia, donde las empresas lograron imponer la modalidad business as usual. La frase rectora fue: “we stay open” ("nos mantenemos abiertos"), con un récord de víctimas directamente asociado a las decisiones empresariales. O de Estados Unidos, donde hubo millones de pedidos de seguros de desempleo en semanas, una cuestión que no se encaró colectiva sino individualmente. En Argentina, hubo una decisión del gobierno de sostener una política de aislamiento para reducir el contagio, preparar el sistema de salud y salvar vidas; un país en el cual el peso de la acción colectiva, con distintos formatos, sigue siendo fuerte. Trabajadores/as y algunos sindicatos discutieron la “esencialidad” de tareas, condiciones de trabajo y salarios, lograron frenar algunos avances del sector empresario, aunque claramente hay todo un sector de sindicatos muy renuentes a la confrontación. En este marco, el decreto de prohibición de despidos y suspensiones fue una medida que implicó un posicionamiento muy fuerte por parte del Estado, excepcional en términos internacionales, que fue acompañado por diversos sectores.

Más allá de la ventaja del decreto 329, ¿qué implicancias puede tener para futuras negociaciones laborales?

- Entiendo que el decreto está pensado para esta coyuntura crítica, pero es constante la presión de grupos económicos que buscaron diversas formas de descargar los costos en los trabajadores/as. No olvidemos que hubo un lockout patronal de dos semanas en Techint y la amenaza de Acindar de llevar un porcentaje significativo de la producción a otro país. Actualmente en siderurgia buscan imponer reducciones del 50 por ciento de los salarios, entre otras medidas. Casos extremos son, por ejemplo, el del Ingenio Ledesma en Jujuy que, con un récord de trabajadores contagiados y una creciente cantidad de fallecidos, pretende seguir funcionando con normalidad. Frente a esta enorme presión empresarial, la salida de esta crisis en materia de derechos laborales dependerá de la capacidad de respuesta sindical y, más aún, de que se logre construir una mirada global sobre estas problemáticas.

Con respecto al vínculo tercerización-tecnología, ¿qué efecto tuvo la esencialización de los trabajadores de plataformas en términos de precarización?

- Los trabajadores de plataformas, ahora esenciales y con más trabajo que nunca, no son reconocidos como tales, trabajan en condiciones de gran desprotección, con sueldos que varían de acuerdo a los premios y castigos que les impone “el algoritmo” (que es el empleador) en base a su rendimiento, pero nadie se hace responsable por algún accidente que pudieren sufrir. En este marco, el rumbo es organizarse, por ejemplo mediante la Asociación de Personal de Plataformas (APP, un sindicato pionero), para discutir la desresponsabilización de las empresas, evidenciar que existen empleadores que articulan todo el proceso y lograr que se cumplan normas que garanticen los derechos laborales.

Inequidades

Entre esos retrocesos, ¿qué nivel de visibilidad alcanza la inequidad de género en las relaciones laborales?

- Hoy tenemos más herramientas para mirar esta inequidad. Si algo bueno se logró durante una etapa tan regresiva como el macrismo fue un crecimiento exponencial del movimiento feminista, que contribuyó a cuestionar una serie de fenómenos que se instalaron y naturalizaron hace mucho tiempo, como las brechas salariales entre mujeres y varones, los techos de cristal para las mujeres y la presencia insuficiente de mujeres en puestos de poder en el trabajo, los sindicatos y las organizaciones, entre muchos otros. En lo que se refiere a la tercerización, se hizo visible que la división no es solo de clase entre un sector privilegiado y uno marginado, sino que muchas de las tareas consideradas “secundarias” son desempeñadas por mujeres. Por ejemplo, las tareas de limpieza no son identificadas como núcleo de la actividad económica, aun cuando si en una fábrica o establecimiento no hay servicio de limpieza el espacio no funciona.

Con la pospandemia se expandirán los sistemas de cuidado, que recaen fundamentalmente en trabajadoras mujeres. ¿Cree que ello ayudará a visibilizar las inequidades de género en el ámbito laboral?

- La pandemia recrudeció la urgencia de estos debates. La tarea docente -en algunos segmentos, altamente feminizada- es una de las más castigadas en la actualidad dado el peso de la virtualidad forzada en un contexto de falta de equipos y de espacios adecuados, con horarios y tareas interminables de sostén no sólo educativo sino social. Al mismo tiempo, la tarea de educar y atender a chicos y chicas todos los días, también en su mayoría, queda a cargo de las mujeres. Las tareas de reproducción social, que usualmente se naturalizan, se revelan fundamentales y se superponen con la pandemia. La jornada laboral mediante el teletrabajo, el mantenimiento de la casa y la educación de los niños y las niñas y su atención integral, hacen que muchos sectores -y más fuertemente en las mujeres- estén sosteniendo tres jornadas laborales en una.

¿Cómo prevé que sea posible regular la modalidad de teletrabajo?

- El teletrabajo es un área para mirar porque estamos hablando de jornadas notablemente más extendidas y de la (in)capacidad de fiscalización de las violaciones de esas jornadas hacia los derechos laborales. Además de la falta de lugar o equipamiento suficiente o de conectividad, hay que considerar la pérdida de sociabilidad central para el trabajo en equipo y de la pertenencia a un lugar de trabajo, lo cual facilitaría cuestiones tales como la organización gremial, la identificación, la movilización. La dimensión sindical también requiere estar en un espacio de pertenencia con otros. La ley de teletrabajo aprobada es un paso hacia la regulación de los efectos más nocivos, pero dejó muchos aspectos pendientes. Pese a eso, ha sido brutalmente atacada por sectores empresarios.

¿Cuál debería ser la estrategia futura desde los trabajadores?

 

- Es fundamental poner el foco en las relaciones laborales que están en fuerte disputa, entender el conflicto laboral como algo inherente y necesario. El contexto de pandemia, que transforma las posibilidades de acción colectiva obliga a pensar vías nuevas. El conflicto es vital en las relaciones laborales, expresa lo que no está funcionando, marca los impactos regresivos en el marco de la pandemia y defiende posiciones frente a la ofensiva empresarial.