“Siendo las 13.50, el Tribunal resuelve absolver y ordenar la libertad de la señorita Luz Aimé Díaz y que se le retire el dispositivo electrónico. Lo inmediato y elemental es que le saquen la tobillera. Señorita Díaz, que siga bien”. Fueron las palabras del juez Alejandro Sañudo, presidente del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 8, integrado en esta oportunidad por dos jueces procedentes del TOC9 (Ana Dieta y Luis Salas). Palabras breves, tajantes, que corroboran la injusticia de la acusación que debió soportar Luz Aimé Díaz, la joven trans salteña, estudiante del bachillerato trans Mocha Celis. Fueron más de dos años que debió soportar un proceso a raíz de una causa armada por la policía, la mirada escrutadora de un tribunal al principio integrado por dos jueces transfóbicos que desafiaron la ley y le negaron su identidad de género, y que gracias al inmenso trabajo de la defensa encabezada por la abogada Luciana Sánchez, fueron recusados.

A Luz Aimé la acusaron de “homicidio triplemente agravado en grado de tentativa” y la condujeron a la cárcel de Ezeiza solo por ser una chica trans, migrante, pobre, racializada y en prostitución. Un fiscal, que también dejó el caso, la acusó de ser la jefa de una banda criminal que golpeó hasta dejar casi muerto a un hombre gay. No existían pruebas. Las únicas evidencias que esgrimían para acusarla eran una cámara de seguridad que mostraba a Luz saliendo de un edificio con dos hombres a los que no les prestaba la menor atención (inmediatamente se les ve tomando caminos separados), y un preservativo donde había poco arrastre de material epitelial en la parte externa, que correspondía a Luz, en el lugar de los hechos.

Luz se cansó de decir que es casi ciega, que dos hombres la llevaron para tener sexo por dinero a un departamento de la calle Güemes y que ni siquiera los recordaba. Luz nunca dejó de concurrir a su parada para encontrar clientes, sencillamente porque jamás pudo enterarse de que, esos dos hombres, antes habían golpeado salvajemente a un varón gay que estaba en otro cuarto del departamento al que la hicieron subir. De ser culpable, no hubiera regresado nunca al mismo lugar. Y el hombre víctima de la agresión declaró que no la vio a Luz Aimé en ningún momento y que lo atacaron dos hombres que se llevaron la llave de su casa. Dos hombres de contextura grande que la policía jamás buscó ni investigó. Porque la culpable tenía que ser Luz Aimé. Luz Aimé tenía que pagar por ser una chica trans llegada de Salta, con el único sueño de ganarse la vida de la única manera que podía mientras estudiaba en Buenos Aires. A quién se le ocurre que se puede ser trans o travesti y vivir libre de ser acosada por la policía.

La ceguera parcial de Luz Aimé fue corroborada en el juicio tanto por el perito de parte como por el oftalmólogo del cuerpo médico forense. Su campo visual efectivamente no fue capaz registrar al hombre gay atacado por “pirañas” o “fisuras” (como se conoce a los hombres que acechan a la población lgbti para sacar ventaja económica), que se encontraba desmayado y atado a la vuelta de un pasillo mal iluminado, en un cuarto contiguo.

Todos los elementos de prueba material indican que Luz siempre dijo la verdad. Y hoy, en su alegato final, la fiscal actual del caso, María Luz Castany, honró esa prueba material y comenzó la audiencia declarando: “Este Ministerio Público Fiscal, luego de analizar toda la prueba, llega a la conclusión de que no tiene elementos para acusar a la señorita Díaz”.

Fueron más de dos años de sufrimiento para Luz Aimé Díaz. De soportar el maltrato y la violencia de género de policías y agentes penitenciarias, de no poder atenderse la vista que siguió perdiendo en prisión. Porque Luz estaba en tratamiento cuando la llevaron presa. De no poder seguir estudiando, porque eso también le negaron, y recién pudo recuperar las clases a causa de la pandemia, por zoom. Más de dos años de estar con una tobillera que la lastimaba y le impedía ir más allá de la puerta del Gondolín, el hotel donde siempre fue abrazada y acompañada por sus hermanas travestis y trans, y donde gracias al recurso interpuesto por su defensa y la aceptación del tribunal pudo cumplir prisión domiciliaria en el último tramo de su injusta detención.

Estas son palabras urgentes. Palabras escritas al calor de los alegatos que pusieron fin a la injusticia de una sociedad que castiga solo por su identidad a las personas que se apartan de lo que en tiempos arcaicos se llamaba “moral y buenas costumbres”. Al calor de una administración de Justicia que parece partida en dos tiempos históricos: el tiempo de los grilletes y la tortura física y psicológica propia de la Inquisición, y el tiempo de la Justicia del siglo XXI, donde empiezan a tener cabida las garantías constitucionales y la vigencia de algunos de los derechos humanos más elementales, como el derecho a la identidad. A Luz le tocó conocer ambas caras de la administración de Justicia en la Argentina.

Pero la absolución de Luz Aimé Díaz no surgió por obra de gracia de los Tribunales. Fue obra del trabajo gigantesco de la defensa. Del ejercicio del derecho por una abogada lesbiana determinada a dejar sentada jurisprudencia para derribar los procedimientos que llevan a la criminalización estructural de travestis y trans. Las palabras de la abogada Luciana Sánchez fueron contundentes en su alegato de cierre: “Ahora podemos contar con un precedente que impide que a las identidades travestis y trans, las trabajadoras sexuales y las personas en situación de prostitución se les atribuya la comisión de un delito por su identidad”.

Y sobre todo fue el resultado de un acumulado de luchas, desde que el colectivo travesti-trans decidió organizarse y luchar contra la opresión estructural a la que es sometido. Las luchas de Lohana Berkins y Diana Sacayán, y tantas otras militantes. La batalla judicial dada por la Campaña Justicia por Diana Sacayán, que logró que otro fallo judicial reconociera la categoría específica de travesticidio, atendiendo a las condiciones de violencia a las que están expuestas las travestis y su expectativa de vida no mayor a 35/40 años. Y ahora a la larga batalla emprendida por la Campaña Absolución para Luz Aimé.

Al declarar que “corresponde que el Tribunal dicte la absolución de Luz Aimé Díaz”, la fiscal María Luz Castany no solo valoró la prueba material sino la gran cantidad de prueba aportada por la defensa acerca del estado de vulnerabilidad no solamente de Luz Aimé sino también de todo el colectivo travesti-trans. Y reconoció que la administración de Justicia muchas veces viola el trato digno a las personas trans. Por ejemplo cuando no se las trata por su nombre. E hizo hincapié en la violencia institucional a las personas que pertenecen al colectivo trans y que “históricamente ha sido así”: abusos a personas trans en situación de prostitución, extorsión muchas veces a cambio de favores sexuales, uso excesivo de la fuerza, hacerlas desnudarse en público, abusos verbales, requisas vejatorias y otros actos de violencia institucional en contexto de encierro.

Cuando el Tribunal número 8 llamó a deliberar para dictar la sentencia, ya sabíamos cuál iba a ser el fallo, porque lo anticipó la fiscal. Luciana Sánchez tenía los ojos llenos de lágrimas. Quienes asistimos a la audiencia a través de la transmisión en vivo en Facebook de la Campaña por la Absolución de Luz Aimé, también. Es un paso más en el largo camino hacia la justicia para personas que históricamente han sido privadas de todos sus derechos, sobre todo del derecho a la vida.

Son las 6 de la tarde. Todo es festejo en el Gondolín. Luz Aimé espera que la administración de Justicia le retire la tobillera para volver a ser libre y retomar la vida que le impidieron por más de dos años. En breve conoceremos los fundamentos de la sentencia.