La AFIP pondrá en marcha la próxima semana o, a más tardar, antes de fin de año, una medida que tiene en vilo al poder económico. Se trata de la creación de un régimen de información de planificaciones fiscales, es decir, de todos los instrumentos que utilizan las empresas y los particulares para disminuir el pago de impuestos. A partir de la puesta en marcha de la medida, que se anunció en octubre y desató una corriente de presiones cada vez más intensa a medida que se acerca la fecha de inicio del nuevo registro, personas físicas y jurídicas estarán obligadas a transparentar los trucos contables que les permiten achicar su contribución impositiva.

“Por más lobby que hagan no lograrán frenar la medida. El gobierno seguirá adelante con una política fundamental para que dejen de evadir o eludir impuestos aquellos que más pueden pagar”, aseguran en el gabinete económico.

Los intentos por voltear la resolución de la AFIP sumaron esta semana un hecho inédito: los 24 Consejos Profesionales de Ciencias Económicas del país se unieron para reclamar la derogación. Elevaron una nota a la titular del organismo, Mercedes Marcó del Pont, con esa solicitud y la advertencia de que si el pedido no fuera atendido, los profesionales contables acudirán a la Corte Suprema “en defensa de los derechos que consideramos transgredidos”.

La respuesta del Gobierno, como se indicó anteriormente, es que no cederá a la presión. Esta semana, de hecho, se activará el sistema informático para empezar a recibir la información en la AFIP. Como mucho, señalan fuentes oficiales, se podría demorar unos días, pero el registro estará operativo antes de fin de año. De ahí en más, hasta el 29 de enero, los contribuyentes que hayan hecho uso de planificaciones fiscales en 2019 y 2020 estarán obligados a informarlo al organismo. En 2021, la información habrá que entregarla hasta diez días después de iniciada una planificación fiscal.

Así se estableció en la Resolución General 4838 de la AFIP del 19 de octubre pasado. Allí se explica que “la utilización de determinadas estrategias de planificación fiscal permite a la empresas aprovechar la complejidad del sistema tributario, así como las asimetrías existentes en éste, a fin de minimizar la carga tributaria de cada sujeto”. Toda empresa o persona que recurra a un convenio con otro país de doble imposición, utilice sociedades en el exterior, eche mano a los distintos artilugios legales para organizar su patrimonio, deberá declararlo ante el organismo. Los contadores deberán entregar información “clara, precisa y suficiente” para que la AFIP comprenda por qué se hace esa planificación y descubra si existen maniobras de elusión o evasión.

Los estudios contables y jurídicos que atienden a las compañías más grandes y a las familias más ricas del país alcanzan mayor prestigio y mayores retribuciones cuanto más impuestos consiguen eludir o evadir. Los regímenes de información como el que está por arrancar y la transparencia, juegan en contra de sus intereses. Todo lo que entorpezca su accionar le baja el precio al servicio que brindan al establishment.

Es la primera vez que el país tendrá un registro semejante. Pero la Argentina no será el primer país en implementarlo. Estados Unidos lo materializó hace cinco años y marcó una línea por la que también transitan el Reino Unido, Irlanda, Portugal, Canadá, Sudáfrica, México y Chile, entre otros países. La OCDE, que reúne a algunas de las naciones más poderosas, también recomienda aplicar sistemas de información para acotar las posibilidades de evasión o elusión.

No hay una estimación exacta de cuánto podría recaudar la AFIP al cortar canales por donde se esquiva el pago de impuestos. Pero, a juzgar por la reacción que están mostrando contadores, abogados y empresarios del establishment, se advierte que no deben ser cifras despreciables.

“Es derecho del contribuyente tener una atención profesional que coincida con sus intereses sin colisionar con el interés del Estado”, manifestó Fernando Frávega, director ejecutivo del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Fue en declaraciones al diario La Nación, uno de los medios que en los últimos días transparentó el lobby del poder económico contra la obligación de informar las maniobras tributarias a la AFIP.

“Con el pretexto de que los contribuyentes utilizan complejas estrategias de planificación fiscal para aprovechar asimetrías a fin de minimizar la carga tributaria se impone una norma imperativa que desconoce, como primera medida, que el artículo 19 de la Constitución Nacional establece que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados, y que ningún habitante de la Nación estará obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”, sostiene el comunicado del Colegio de Abogados porteño que también llegó a las oficinas de Marcó del Pont. Las cartas, notas y reclamos de contadores y abogados se acumulan en el despacho de la funcionaria.

“Las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales también son regímenes de información, y los contribuyentes las presentan”, responden en el Gobierno a ese comunicado. “No se está pidiendo nada raro. Es casi una confesión de que están evadiendo o eludiendo impuestos que no quieran presentar la información. Si no tuvieran nada que ocultar no habría ninguna queja”, razonan.

“En nombre de todos los profesionales en Ciencias Económicas que reúnen los Colegios de Graduados que integran esta Federación, venimos a comunicar nuestra preocupación y el más absoluto rechazo a esta norma”, consideró, en cambio, la Federación de Graduados a nivel nacional.

“Es una resolución a todas luces irrazonable, que invocando facultades inexistentes, incurre en un manifiesto exceso de exigencias no solo a los contribuyentes y responsables sino a sus asesores tributarios, violando flagrantemente la adecuada relación de medios a fines que deben existir en toda norma tributaria”, agregan.

“Esta resolución pretende inducir al profesional a la violación de su obligación de guardar secreto profesional, prevista en todas las normas que reglamentan el ejercicio de nuestra actividad, exponiéndolo no solo a sanciones éticas y profesionales sino también penales”, completa.

La resolución de la AFIP habilita a los contadores y asesores tributarios a ampararse en el secreto fiscal si no quieren entregar la información, pero deberán notificarlo al organismo y la obligación de la presentación de los datos recaerá directamente en los contribuyentes.

La planificación fiscal que se investigará será la que se concreta en el país y a nivel internacional. Se considerará esto último, indica la resolución, “cuando se utilicen sociedades para el aprovechamiento de convenios para evitar la doble imposición” o “se encuentren involucradas jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación”. Es decir, las guaridas fiscales por donde las mayores fortunas canalizan la fuga y la evasión.

El Gobierno, con el nuevo régimen, avanza sobre las bases estructurales de la evasión. La presión para evitarlo muestra que no es una cuestión menor.