La Auditoría General de la Nación (AGN) dictaminó que la Revisión Tarifaria Integral que firmó el gobierno de Mauricio Macri con Edenor y Edesur “benefició a las distribuidoras en detrimento de los usuarios ya que se aprobaron costos operativos mayores a los reales”. El organismo precisó que los costos que avaló el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), cuando Juan José Aranguren era ministro de Energía, fueron un 54 por ciento superiores a los reales en Edenor y 61 por ciento mayores en Edesur, lo que derivó en ingresos adicionales para esas empresas equivalentes a 2193,9 millones y 2027,21 millones de pesos, respectivamente.
El informe también detalla que la fórmula para determinar las bonificaciones que debían otorgarse a los usuarios por cortes de suministro los perjudicaron con respecto a la situación previa y agrega que se detectaron desvíos de los planes de inversión comprometidos por parte de las distribuidoras, lo que llevó a que en los dos primeros años del quinquenio persistan esos cortes.
La AGN está compuesta por seis miembros, propuestos por el Senado y Diputados, y por un presidente del cuerpo que postula el partido opositor con mayor presencia en el Congreso, es decir, la Unión Cívica Radical, que designó al ex diputado nacional, Jesús Rodríguez. De esos siete miembros, los cuatro que responden al oficialismo avalaron el informe (María Graciela De la Rosa, Juan Ignacio Forlón, Gabriel Mihura Estrada y Francisco Javier Fernández), mientras que los tres que representan a la oposición votaron en contra (Miguel Ángel Pichetto, Alejandro Nieva y el propio Jesús Rodríguez).
El informe completo, de unas 165 páginas, fue girado ayer a la Oficina de Actuaciones Colegiadas y luego de que todos lo firmen estará disponible en la página web de la AGN.
“La AGN no tiene poder de Policía. Es un organismo técnico que asesora al Congreso. También hace recomendaciones al Poder Ejecutivo Nacional para que mejore la gestión. Si hay una causa judicial, creo que en este caso no la hay, se envía el informe a la Justicia y si se encuentra un presunto delito, también se denuncia”, aclararon fuentes del organismo al ser consultados por PáginaI12 sobre si las conclusiones de esta auditoría podrían derivar en algún tipo de sanción contra las empresas.
Las conclusiones
Costos. Comparando los costos presentados por las empresas con sus Estados Contables, el equipo auditor de la AGN determinó que el ENRE aprobó costos operativos un 54 por ciento superiores a los reales para Edenor y un 61 por ciento para Edesur lo que representó montos adicionales para las distribuidoras equivalentes a 2.193,91 millones de pesos para Edenor y 2.027,21 millones de pesos para Edesur a ser solventados por los usuarios en sus tarifas. Uno de los componentes que impacta en el valor de la tarifa de electricidad está dado por los denominados “costos propios de distribución”. Por lo tanto, cuanto mayor sean estos costos, mayor es la tarifa final que debe pagar el usuario.
Rentabilidad. A partir de la documentación suministrada por el ENRE, la AGN aclaró que no pudo constatar que la tasa de rentabilidad aprobada guardara relación con el grado de eficiencia y eficacia operativa de las empresas.
Derechos de los usuarios: El informe sostiene que los derechos de los usuarios no fueron atendidos de manera prioritaria por el ENRE ya que el monto y la temporalidad de los incrementos tarifarios, que llegaron al 2300 por ciento en agosto de 2018, se contrapone con la exigencia de metas de reducción de cortes de suministro eléctrico. Según la AGN, el criterio utilizado por el ENRE para definir los senderos de calidad fue en dirección opuesta a lo establecido por la Ley 24.065 que define entre sus objetivos “proteger adecuadamente el derecho de los usuarios”. Además, aclara que el aumento tarifario solicitado por las empresas e instruido por el gobierno de Macri se fundamentaba en la búsqueda de una mejora de la calidad del servicio que disminuya los cortes de suministro.
Bonificaciones ante los cortes de luz: La AGN concluyó que las modificaciones realizadas a los componentes de la fórmula utilizada para el cálculo de las bonificaciones (curva de carga y costo de energía no suministrada), resultaron perjudiciales para los usuarios, en comparación con las que se encontraban vigentes con anterioridad a la RTI. “Estas modificaciones reducen el incentivo de las empresas a destinar sus recursos en favor de disminuir los cortes de suministro a los usuarios durante los primeros años de vigencia de la Revisión Tarifaria Integral, perjudicando económicamente al usuario”, agregan.
Tarifas justas y razonables: El informe denuncia que el ENRE no evaluó el impacto del incremento tarifario en base al principio del artículo 40 de la Ley 24.065, que establece que las tarifas deben ser justas y razonables. “En Argentina, el peso de los servicios públicos sobre el salario mínimo vital y móvil se incrementó significativamente a partir de 2016 hasta alcanzar en el año 2018 un peso equivalente al 21 por ciento del salario mínimo, porcentaje superior al peso que tuvieron países como Brasil, Ecuador, Perú, Colombia y Uruguay”, detalla la auditoría.
