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Quince días después de que las centrales obreras le hicieran el primer paro general a Mauricio Macri, la Unidad de Información Financiera (UIF) propuso dedicarse a hacer inteligencia sobre los sindicatos para ver si lograba detectar operaciones que pudieran ser denunciadas ante los fiscales o los jueces mientras el entonces presidente tildaba a referentes gremiales “mafiosos”. Como parte de esa tarea, el organismo que estaba a cargo de Mariano Federici relevó información sobre 148 asociaciones sindicales y 171 personas que fueron o podrían haber sido autoridades de los gremios con presencia nacional, según un informe al que accedió Página/12 y que figura en la causa de la llamada “Gestapo” antisindical, en la que se indaga en la vinculación entre funcionarios macristas, empresarios y servicios de inteligencia.
Mientras investiga si el macrismo se abocó a armarle causas al dirigente de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) platense Juan Pablo “Pata” Medina, el juez federal Ernesto Kreplak pidió información a distintas agencias estatales para reconstruir qué se hizo desde cada dependencia. Así fue como, días atrás, recibió un informe de la UIF en el que queda claro que los sindicatos se convirtieron en un blanco de persecución del macrismo al menos desde abril de 2017. En ese momento, más precisamente el 21 de abril de ese año, la UIF propuso investigar si los gremios o sus autoridades desviaban fondos.
El dictamen de la UIF se firmó exactamente quince días después de que la Confederación General del Trabajo (CGT) hiciera el primer paro general contra Macri, que contó con el apoyo de las dos líneas de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). Días antes de la medida de fuerza, Macri –desde la Casa Rosada– había hablado de “comportamientos mafiosos en sindicatos” y había prometido que iba a dar la batalla contra ellos. “Les vamos a sacar el poder a cada uno de esos mafiosos”, había dicho el entonces primer mandatario.
Dos días después del paro –con un altísimo acatamiento–, Macri volvió a protestar contra los gremios en una entrevista que le dio a la Deustche Welle al decir que representaban a un sector que quería volver al pasado. La semana se cerró con la represión a la carpa docente en la Plaza del Congreso. “Los paros se hacen desde hace más de diez años y ya se demostró que no sirven”, seguía destilando furia Macri.
El discurso público del entonces presidente evidentemente impactó en la actividad interna de los organismos a su cargo. El 21 de abril de 2017, la Dirección de Análisis de la UIF –a cargo de Lucas Reboursin– propuso investigar a los sindicatos. Un día antes, la CGT se había reunido para evaluar el paro del 6 de ese mes y había decidido que haría un acto en Obras Sanitarias para el 1 de mayo.
El rol de la UIF
La Dirección de Análisis de la UIF decía que había que mirar en los sindicatos porque podrían ser un factor de riesgo que no estaba contemplado. “Los antecedentes obrantes en esta Unidad respecto a las maniobras efectuadas por ciertas autoridades de distintas organizaciones sindicales, consistentes en transacciones económicas mediante las cuales, entre otras, se habría efectuado el desvío de fondos desde dichas organizaciones a personas físicas y/o jurídicas de sus entornos, en desmedro de los intereses de los propios afiliados, concluyendo que las operatorias desarrolladas resultaron sospechosas en los términos de la Ley 25.246 y modificatorias y efectuando la diseminación del análisis al Ministerio Público Fiscal y/o al Poder Judicial”, decía el dictamen que firmó Reboursin justificando husmear en los gremios, el enemigo público número 1 de Macri.
El escrito citaba una resolución de 2012 en la que las autoridades y los representantes legales de los sindicatos eran considerados Personas Expuestas Políticamente (PEP) y proponía crear una nómina completa y actualizada de sindicatos y referentes para su individualización. ”En esta oportunidad se sugiere efectuar tareas de recopilación de información de inteligencia en orden a poder identificar con tipo y número de documento a las referidas autoridades y a las personas físicas y jurídicas que se vinculen a las mismas”, podía leerse en el documento. Una vez que esa nómina fuera creada, buscarían a las personas en las bases de datos disponibles para la UIF y, si aparecía información sospechosa, iba a pasar a la presidencia del organismo, es decir, a Federici.
El dictamen de la dirección de Análisis pasó al área de Asuntos Jurídicos de la UIF. Allí, el director Carlos Nielsen dijo el 8 de junio de ese año que faltaba una resolución para que Análisis hiciera tareas de este tipo que podían ser motivadas por un pedido desde la Presidencia.
Federici se acordó de darle el visto bueno a la dirección de Análisis el 22 de agosto de 2017. Justo ese día movilizaban a Plaza de Mayo la CGT y las dos CTA. “En cuanto al curso de acción propugnado por la Dirección de Análisis (...) es compartido por esta Presidencia, por lo que presto mi conformidad a esa Dirección de Análisis para proceder de acuerdo al mismo”.
En noviembre, cuando se preparaban las movilizaciones contra la reforma previsional, apareció un informe hecho por la subdirección de Análisis Estratégico. El documento –titulado “proyecto estratégico”--contenía información sobre 148 sindicatos y 171 personas que eran o habían sido dirigentes de esos gremios. En ese reporte, la UIF decía que, en un futuro, sería importante contar con información de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sobre contribuyentes con actividad sindical.
En busca del “Pata”
La semana pasada, el exintegrante de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Leandro Araque reconoció ante el juez Kreplak que él siguió al “Pata” Medina. Según declaró, las tareas se las encomendó el entonces director operacional de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra, quien le habría dicho que investigaban un caso de “lavado” –el supuesto detrás del que estaba también la UIF–.
Las tareas de la AFI se iniciaron tres semanas después del dictamen inicial de la UIF y cinco días después de que el entonces ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, coincidiera en la Casa Rosada con Mauricio Macri y con el titular de la AFI Gustavo Arribas.
Para abril de 2017, estaba en pleno apogeo el llamado “Proyecto AMBA” de la AFI que se dedicaba a monitorear la conflictividad social en la provincia, con especial atención a los sindicatos. Entre los gremios que fueron observados por los espías estuvieron los docentes y la UOCRA.
Espionaje en el Hospital Posadas
El martes declararán trabajadores del Hospital Alejandro Posadas que denunciaron que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) desplegó tareas de espionaje allí durante el gobierno de Mauricio Macri.
En marzo de 2016, trabajadores advirtieron que los seguía un Volkswagen Voyage de patente NNV 682. Dos años después, ese mismo auto sería registrado mientras vigilaba a Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria. El rodado pertenecía a la flota de Contrainteligencia de la AFI.
La causa por el espionaje en el Posadas está en manos de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, pese a que ella entendió que debía investigarse conjuntamente con la del espionaje en el Instituto Patria. Capuchetti delegó la instrucción en el fiscal Carlos Stornelli, que el martes citó a tres de los denunciantes.
El espionaje en el Posadas fue denunciado en el macrismo por Mónica Macha, pero Stornelli --que también tuvo la denuncia y terminó luego procesado por sus andanzas con Marcelo D'Alessio-- no creyó que ameritaba una investigación.
