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Lo hayan buscado o no quienes lo propusieron, el proyecto de creación de un fondo para la cancelación de la deuda con el FMI logró, en menos de 24 horas, cambiar el eje de discusión en el frente económico y, también, al interior de la fuerza gobernante. Por sus características políticas y económicas, pero también simbólicas, la propuesta de exigir "un aporte" a los titulares de bienes en el exterior no declarados para pagarle al FMI unifica el debate en torno a quiénes deben cargar con las consecuencias de esa deuda y adónde se debe ir a buscarlos. Por otra parte, los proyectos complementarios avanzan sobre las barreras de protección, como el secreto bancario y bursátil o el secreto fiscal, que encubren delitos financieros y le impiden a organismos del Estado investigar sobre los mismos.
Esto es lo que surge del análisis del texto de los proyectos de ley pero, además, de la consulta con especialistas en la materia. Todos ellos han tenido activa participación, en diversas etapas, en el estudio y elaboración de propuestas para combatir uno de los principales males de la economía argentina, pero del que muy pocas veces se hablaba: una fuga de divisas vinculada en su origen a la evasión tributaria y, en sus consecuencias, a los peores ciclos de endeudamiento externo del país. El proyecto de ir en busca de esos fondos ocultos en el exterior le apunta al nudo principal del problema.
El proyecto, si bien es una suerte de blanqueo para capitales fugados al exterior sin declarar, no es un régimen de beneficios a la regularización espontánea sino que genera instrumentos para "salir a buscar" a los capitales fugados. Fundamentalmente, dotando a los organismos de control (Banco Central, AFIP y UIF) de instrumentos actualmente vedados a través de las reglas del secreto bancario y bursátil, que preserva a las operaciones financieras de diversas formas de investigación.
Otra novedad del proyecto es que incorpora al Congreso Nacional como sujeto de investigación y control, a través de una ampliación de facultades a la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa. E incorpora la figura del "colaborador" o denunciante de delitos financieros y fiscales. Al apuntarle, con el aporte exigible, exclusivamente a los propietarios de bienes fugados sin declarar (es decir, que ya están por definición en infracción por el delito al menos de evasión), el proyecto invalida hasta los argumentos que son lugares comunes de una derecha antiestado o supuestamente "promercado".
Opinión de expertos
Magdalena Rúa, investigadora, autora del ensayo Fuga de capitales: el rol de los Bancos Internacionales y el “caso HSBC”, señaló como aspectos destacables del proyecto la incorporación de la figura del "colaborador" a la legislación argentina y las modificaciones propuestas en materia de secreto bancario, fiscal y bursátil. "Serían pasos de avance importantes para el accionar de los organismos de control" que los habilitaría para hacer más eficaz su tarea. Además, remarcó el hecho de que el Congreso Nacional (a través de la comisión bicameral de seguimiento de la deuda) "podría acceder a información financiera e impositiva que hoy está restringida por el secreto bancario, que impide investigar casos de dolarización y fuga".
Jorge Marchini, economista e investigador de economía y finanzas en el país y en organismos internacionales, valoró la importancia del debate que generó el proyecto, ya que "la sociedad argentina no conoce el origen de la deuda vinculado a la fuga de capitales, que a su vez tiene origen en la evasión; lo cual resalta la significación de poner el eje en la discusión de quiénes fueron los beneficiarios de estos mecanismos".
"Existe un debate a nivel internacional sobre que uno de los impactos de la globalización, en especial la financiera, fue un debilitamiento de los Estados para contener la fuga de divisas. Ello le da más sentido a este tipo de respuestas, así como al reclamo a otros países para que colaboren en la tarea de detectar esos recursos fugados. Exigirle al FMI colaboración en este aspecto, es también consistente con la preocupación de ese organismo por el nivel de recaudación fiscal. Argentina tiene una estructura impositiva muy regresiva, y lo más saludable es dar una respuesta de este tipo".
Por otra parte, Marchini elogió que la propuesta brinde "una perspectiva distinta y clarificadora" del tema de la deuda y la fuga de divisas.
Antecedentes y proyección política
"Es un proyecto que no tengo dudas en calificar de extraordinario, en lo económico, en lo político pero también en su aspecto simbólico", respondió el exvicepresidente, también ex ministro de Economía, Amado Boudou (gobiernos de Cristina F. de Kirchner), a la consulta de Página/12. "En lo económico, tanto en el plano de la equidad como de la legalidad; al avanzar sólo sobre los que fugaron recursos del país evadiendo sus obligaciones fiscales, nadie puede estar en contra desde el punto de vista de la justicia fiscal", sostuvo.
Además, agregó, "define que quienes deben hacerse cargo de pagar la deuda son los ganadores del modelo anterior, que se abusaron de esa condición llevándose la plata afuera". "También es un cambio en lo simbólico, porque rompe ese eje de que la deuda es resultado de una mala gestión o una desgracia natural, y corre el velo mostrando que hubo actores económicos detrás, que se beneficiaron en ese proceso", agrega Boudou, para finalmente referirse al valor político de la propuesta: "Viene a llenar de sentido el concepto de unidad, porque la ordena en torno a algo concreto, la justicia distributiva. Le da respuesta, definiendo un rumbo, al debate sobre la unidad".
"Es un tema en discusión hace tiempo, la falta de regulaciones para combatir la evasión, la fuga de divisas, y el rol de los organismos de control frente a esta situación: la Unidad de Información Financiera (UIF), el Banco Central, la AFIP. La pregunta es si tienen elementos suficientes para resolverlo", relató y abrió el interrogante Felisa Miceli, ex ministra de Economía (gobierno de Néstor Kirchner) en conversación con este diario.
"Este proyecto apela a instrumentos como la nueva figura del denunciante o colaborador, que existe en la legislación de muchos países pero no el nuestro. Todos los países del G20 vienen impulsando normas y leyes para combatir este tipo de delitos. También a un blanqueo que, a diferencia de otros anteriores, sale a perseguir a los evasores y no se queda simplemente en esperar su presentación voluntaria", puntualizó.
"Argentina tuvo una política muy frágil en el control de estos delitos, por algo hay tantos capitales fugados", dijo, recordando que Argentina ocupa, para el Banco Mundial, el tercer lugar en el mundo en volumen de capitales fugados por sus residentes, por detrás solamente de Rusia y Gran Bretaña.
