Sin documentos ni acceso a trabajo formal y a educación, perseguidas por ser peruanas y ecuatorianas, criminalizadas porque no les queda otra salida que prostituirse, con todo lo que implica: aguantar la noche entera, expuestas a robos y violaciones, obligadas a vender drogas. Ese es el juego que la mayoría de las travestis y mujeres trans tienen que jugar en la ciudad de Mar del Plata.

La mayoría proviene de pequeñas poblaciones en la selva peruana. No solo huyen de la pobreza sino del odio más acérrimo hacia los cuerpos trans, que no ha cedido ni un milímetro en su tierra natal, a pesar del trabajo de las agrupaciones lgbt del Perú. Llegan a la Argentina porque saben que hay leyes que las amparan. Una vez aquí, se encuentran con que hay mucha letra, pero se cumple poco.

En cuanto llegan a Mar del Plata, las mujeres trans y las travestis peruanas y ecuatorianas entran directamente al circuito de la prostitución y de ahí a la criminalización. Por falta de documentos y porque se ven obligadas a vender drogas. Es una de las formas del circuito de trata de personas, del que travestis y mujeres trans son víctimas.

Así lo reconoce el fallo del juez federal Santiago Inchausti sobre el operativo Tacos Blancos, donde se corroboró que 23 mujeres trans peruanas y ecuatorianas eran víctimas del delito de trata. El operativo se realizó el mes pasado, en Mar del Plata.

La investigación es llevada a cabo por el fiscal federal Nº 2 de Mar del Plata Nicolás Czizik. Hubo 13 detenidxs por esta causa: solamente lxs acusadxs de trata de personas y comercialización de estupefacientes. Quedaron libres las 23 travestis y mujeres trans, porque se las consideró víctimas de trata. Si el procedimiento lo hubiera realizado la Justicia provincial, lxs 36 habrían quedado detenidxs por venta de estupefacientes. Porque la Justicia de la provincia de Buenos Aires considera delincuentes a las travestis y mujeres trans en prostitución y obligadas a vender drogas. Esa es la gran paradoja: bajo competencia federal son víctimas y bajo competencia provincial son consideradas delincuentes.

El narcomenudeo es un delito de competencia provincial. La trata de personas es un delito de competencia federal. Y el operativo Tacos Blancos se inicia a partir de una llamada anónima a la línea 145, donde se denuncia la presunta explotación sexual de personas trans, con posible connivencia policial. Pero estos operativos por trata de personas no son lo habitual. Lo que ocurre muy a menudo es que la policía bonaerense requisa y detiene a travestis y mujeres trans en prostitución, y les abren causas por venta de drogas. Es que la Justicia provincial entiende en estos casos desde agosto de 2005, cuando por ley se desfederalizó la competencia penal en materia de drogas, para la venta de dosis directamente al consumidor.

Esta madrugada, caminando sobre el asfalto resbaladizo de Mar del Plata y rogando que pare un auto para no sentir tanto el frío, está la mayoría de las 23 travestis y mujeres trans del operativo Tacos Blancos. A la sociedad le gusta que se persiga el delito de trata, pero no hace nada para proteger a las víctimas ni para ayudarlas a reinsertarse socialmente. Las deja libradas a su suerte. Por eso vuelven a estar en prostitución.

Y cuando aquellas se desploman de cansancio después del amanecer, muchas de las criminalizadas por la Justicia provincial y que están en prisión domiciliaria, se levantan a preparar las comidas que venden para subsistir. ¿Qué va a ocurrir con las ya criminalizadas? ¿Son víctimas o son delincuentes?

Las que no están judicializadas tienen miedo de salir a la calle y trabajan como peluqueras en sus casas. Pero no es mucho el dinero que logran reunir. Pagan entre 3 mil y 4 pesos de alquiler, por viviendas al borde de lo indigno. Son solidarias y envían dinero por correo a sus familias. Visitan a las compañeras que caen presas.

En la Unidad 44 de Batán está alojada la mayoría de las travestis y mujeres trans criminalizadas, en un pabellón especial con celda abierta entre las 7 de la mañana y las 19. Les permiten ingresar ropa femenina. La Comisión Provincial de la Memoria presentó un habeas corpus colectivo y la jueza de Garantías 6, Lucrecia Bustos, le hizo lugar. Gracias a este habeas corpus, pueden ingresar maquillaje.

De todas maneras, en ese penal persisten otras violaciones de derechos a la población travesti y trans. No les permiten ingresar hormonas, cuando la Ley de Identidad de Género les garantiza el derecho a recibirlas. “Tampoco se les garantiza el acceso a la salud o es deficitario -señala Carolina Ciordia, abogada que junto con María Florencia Ocampos representa legalmente a travestis y mujeres trans criminalizadas en Mar del Plata-. Se cansan de pedir ir al médico y en lugar de eso las ve un enfermero. No les gestionan los turnos en el hospital extramuros, y cuando tienen turno, lo pierden. No reciben los tratamientos de salud con la regularidad que necesitan. Y ni siquiera tienen talleres o acceso a educación en la cárcel. Esto se encuentra visibilizado en la causa Nº 7813 del Juzgado de Ejecución Nº1, que se ocupa de garantizar las condiciones de detención del complejo Batán”.