La tarea imprescindible de la gestión económica a cargo de Sergio Massa es estabilizar la inflación, que se viene incrementando a un ritmo riesgoso en un contexto donde los precios relativos de la economía se encuentran descompaginados, lo que contiene en sí la posibilidad de una inflación mayor a futuro.

En sus dos meses iniciales de gestión, el actual equipo económico dejó en claro su mayor poder de definición sobre cuestiones que venían siendo debatidas, pero no zanjadas, dentro del Gobierno. Eso se pudo ver en el caso de las tarifas, en donde se optó por aplicar un mayor aumento del que estaba inicialmente previsto en la segmentación. De cara al último año de la gestión, el Frente de Todos entronizó en el Ministerio de Economía a un político con peso propio para conseguir mejor coordinación a la gestión y comunicación.

La llegada de Massa dio cierto respiro a la incertidumbre macroeconómica, luego de que el incremento de los dólares paralelos a raíz de la corrida cambiaria se llevara puesto a dos ministros de Economía, Martín Guzmán y Silvina Batakis. Si bien la economía venía creciendo y generando empleo, quedó claro que ese avance no podía sostenerse con el nivel de reservas internacionales que tenía el Banco Central.

De cara al urgente problema inflacionario, es interesante volver sobre el planteo que Guillermo Vitelli hace en su libro Cuarenta años de inflación en la Argentina. Allí resalta que existen cuatro precios claves que ayudan a entender la dinámica inflacionaria en Argentina: el tipo de cambio, los salarios, la tasa de interés y las tarifas públicas.

Tarifas I: idas y vueltas

Desde el inicio del actual Gobierno, las tarifas aparecieron como uno de los mayores desafíos. Por un lado, se sabía que uno de los requerimientos del FMI para poder cerrar un acuerdo iba a ser la reducción del déficit fiscal por pago de subsidios energéticos. Por otro lado, se argumentó a lo largo de la campaña que no iba a haber tarifazo, dado que esto implicaba una mayor inflación y un problema distributivo importante. 

Esa discusión se fue ampliando, dado que la propia política del gobierno durante la pandemia combinó un incremento de más del 30 por ciento en el tipo de cambio oficial, de 60 pesos por dólar en diciembre 2019 a 90 pesos por dólar en diciembre 2020, manteniendo al mismo tiempo las tarifas congeladas. La ampliación de la diferencia entre el dólar y las tarifas fue un detonante de las discusiones por ese tema en el interior de la coalición gobernante. 

Martín Guzmán quiso aumentar las tarifas, pero no hubo solución hasta el acuerdo político que pareció darse con la segmentación atada al ingreso, a la que Massa le agregó otra segmentación ligada al consumo energético. Los efectos distributivos de esa medida aún pasaron desapercibidos y recién en los próximos días, con la llegada de las primeras boletas de luz y gas con quita de subsidios, se comenzarán a sentir. De todos modos, habrá que ver el impacto en el humor social, dado que en los niveles inflacionarios actuales, uno o dos puntos más del IPC son como una gota de agua en medio de la inundación.

Tarifas II: atraso

No obstante, hace rato que ya pocos sostenían la bondad de un congelamiento de tarifas con un nivel inflacionario como el actual, que retrotrajo el monto real de las tarifas a los valores más bajos de los últimos años, con perspectiva de llegar rápidamente a pisos mínimos insostenibles.

Según un informe de la Secretaría de Energía referido a la implementación de la segmentación de subsidios de energía, la incidencia del gasto en energía en los sectores asalariados ha ido disminuyendo desde 2019, hasta encontrarse actualmente en niveles similares a 2010. 

En 2019, el gasto en energía representaba 5,4 por ciento del salario medio de los asalariados registrados. En 2022, esto representaría menos de la mitad, un 2,5 por ciento. Si se compara el gasto en energía con el haber mínimo jubilatorio, aquel representaba un 15,6 por ciento en 2019 y ahora está en el 8,3 por ciento del haber, un nivel similar al que tenía en 2009. 

La evaluación respecto del salario mínimo vital y móvil (SMVM) arroja una caída del peso del gasto en energía del 12,9 al 7,2 por ciento. Son niveles altos en relación a las últimas dos décadas. La gran diferencia en la relación entre las tarifas y el salario medio y el mínimo radica en el nivel excepcionalmente bajo del SMVM, mientras que los salarios registrados han recuperado sus niveles prepandemia a fines de 2021 e incluso resisten en este 2022 el incremento del ritmo inflacionario.

Salarios

Los medios de comunicación se hicieron eco de un fenómeno raro: se llenan los restaurantes de las ciudades argentinas. Sin dudas eso remite a una situación de dualidad en el mercado de trabajo en la cual existe una capa de asalariados que le puede empatar a la inflación y seguir con sus pautas de consumo habituales. 

Otra porción de los trabajadores no llega a fin de mes, un fenómeno que se ha denominado como “trabajadores pobres”, ya que el salario no alcanza para cubrir la canasta básica, calculada por el Indec en casi 120 mil pesos en agosto. Estos trabajadores empobrecidos, con pautas de consumo más básicas y de escaso componente importado deberían ser el sujeto de las políticas oficiales, si el Gobierno quiere mejorar sus chances electorales el año que viene. 

Actualmente, el SMVM se encuentra muy rezagado y es un elemento clave para empujar hacia arriba el salario de los trabajadores no registrados. En 2015, el SMVM representaba el 70 por ciento de la canasta básica total utilizada para calcular la pobreza de una familia tipo. A valores de agosto, quiere decir que el SMVM debería estar en 84 mil pesos, mucho más de los casi 50 mil pesos en donde se ubica.

Gran parte de la brecha creciente entre trabajadores se originó en el gobierno de Mauricio Macri, en el cual las sucesivas devaluaciones generaron una crisis social de amplitud afectando a todos los asalariados, pero más que nada a los trabajadores no registrados. 

La pérdida de los salarios en relación a la inflación empezó en la crisis de 2018, con la devaluación de 20 a 40 pesos por dólar. En ese momento, la caída de los salarios fue pareja entre todos los tipos de asalariados, de alrededor del 10 por ciento entre julio y noviembre de ese año. A lo largo del 2019, los trabajadores registrados vieron caer sus salarios otro 5 por ciento, mientras que los trabajadores no registrados cayeron 15 puntos más. Por lo tanto, en diciembre de 2019, los trabajadores registrados ganaban 15 por ciento menos que en 2018, mientras que los no registrados estaban 25 por ciento abajo.

Desde entonces, los asalariados registrados siguen en los mismos niveles, luego de recuperar parte de lo perdido durante 2021 y empatar la mayor inflación en este 2022. El dato de los trabajadores no registrados todavía no se conoce, dado que se obtiene de la EPH del INDEC, que tiene seis meses de rezago. Sin embargo, se puede intuir que los no registrados desmejoraron su situación en 2022, fruto del incremento de la inflación y del atraso del Salario Mínimo Vital y Móvil.

Tasa de interés

El manejo de las tasas de interés en una economía inflacionaria con restricción de divisas supone una gran complejidad. Por un lado, está la necesidad keynesiana de facilitar el acceso al crédito para fomentar el consumo y la inversión. Por otro lado, esos consumos e inversión tienen alta una proporción de importaciones, lo cual amplifica las dificultades en el frente externo.

En efecto, gran parte del consumo que se financia son bienes de consumo durables, como celulares, automóviles y televisores, o maquinaria para las empresas, ya sea a través de cuotas accesibles del estilo Ahora 12 o a partir de préstamos blandos de la Secretaría de Pyme, con tasas del orden del 30 por ciento anual. Si las tasas de interés son menores a la inflación anual, la ventaja de financiar las compras es importante, lo cual es un fuerte incentivo para el consumo y la inversión.

Similar al caso de las tarifas, el ímpetu keynesiano del gobierno se topa con la realidad de la restricción externa. En julio pasado, la tasa para préstamos personales era del 37 por ciento frente a una inflación que en el lapso de la devolución del préstamo podía superar el 70 por ciento anual. Se estaban ofreciendo tasas negativas de 3 o 4 puntos, lo que resulta descompensado incluso en términos históricos.

Aquella situación se puede explicar de dos maneras complementarias. En primer lugar, Guzmán pretendía licuar la cantidad de dinero ofreciendo tasas de interés negativas, con una perspectiva teórica en la cual la inflación tenía cierto sustento monetario, especialmente saliendo de pandemia, donde se había incrementado notablemente la monetización. Por otra parte, la política tiene cierto recelo en anunciar incrementos de tasas de interés, dado que aparecen ante la opinión pública como malas noticias.

Otra de las consecuencias de la inflación es que obliga a las familias y a las empresas a prestar más atención a la cuestión financiera, lo que se podría encuadrar en una de las definiciones de la financiarización. En las empresas de cualquier rubro, el movimiento financiero adquiere relevancia porque el dinero que se deja en una caja de ahorro no remunerada pierde 1 o 2 por ciento por semana. Eso implica la necesidad de cierto conocimiento en el manejo de fondos de inversión y mercados de capitales para poder resolver cuestiones que sin inflación no deberían encerrar mayores inconvenientes. En suma, la inflación "financiariza" a la sociedad argentina.

Tipo de cambio

La cuestión financiera está ligada al incremento del tipo de cambio paralelo que empezó en junio de 2022. Como lo explica Andrés Asiain en una nota publicada en este suplemento, como las empresas tienen el dinero colocado en bonos hasta último momento antes de hacer una compra, el desprendimiento de esos papeles puede tener un fuerte impacto en un mercado financiero chico. 

Es lo que pasó con la firma IEASA (ex ENARSA), empresa pública dedicada a la compra de GNL que tuvo que desprenderse de bonos para pagar el servicio y que por falta de coordinación esa operación no pudo ser compensada por algún banco público o por el propio Banco Central. En un contexto bastante complejo desde lo político y lo económico, eso generó una secuencia en cadena en la cual los privados se desprendieron masivamente de bonos CER (atados a la inflación) y se refugiaron en los papeles dolarizados, incrementando de esa forma el dólar Contado Con Liqui (CCL). 

Aquel incremento del dólar financiero no pudo ser frenado e incluso terminó impactando en los precios. Las dudas del Gobierno aumentaron el grado de intranquilidad en la sociedad. Esa corrida financiera redundó en la asunción de Massa como ministro de Economía.

El buen desempeño del dólar soja, que permitió liquidar la cosecha stockeada a un tipo de cambio preferencial de 200 pesos, permitió recuperar calma cambiaria. Sin embargo, la medida tuvo impactos reales fuertes, que ya están implicando reacciones en otros niveles, como la reapertura de paritarias.

Conclusión

Los desafíos económicos que enfrenta el Gobierno son grandes. Una forma de mostrar el tamaño de ese reto es repasar la complejidad que tiene el manejo de los cuatro grandes precios de la economía argentina. 

El precio más relevante, sin dudas es el tipo de cambio, que experimentó una devaluación financiera con efecto sobre los precios de la economía real. Hay economistas que piden una devaluación como si eso fuera a resolver algo de la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo, cuando lo único que haría es desplazar los tipos de cambios. Las sucesivas declaraciones de Massa respecto de que no habrá devaluación son importantes para alejar esos fantasmas, cuyo único efecto sería empujar los precios hacia arriba y desmejorar los ingresos populares.

Conseguir reservas internacionales y estabilizar el tipo de cambio real, los objetivos de Massa desde el comienzo de su gestión, son tareas importantes. Sin embargo, deben entenderse dentro de una dinámica inflacionaria que ya tomó autonomía, lo que algunos economistas llaman “inercia”, que se monta además sobre el movimiento de los precios importados en alimentos y energía producto de la guerra entre en Ucrania. 

Por eso es necesario también enfocar el análisis sobre el resto de los precios clave de la economía argentina y la relación entre ellos, de forma conseguir coherencia y evitar los incentivos a importar o a especular sobre el tipo de cambio.

La gran pregunta política es qué lugar ocupan los salarios en la resolución de los dilemas macroeconómicos. ¿Quedarán nuevamente rezagados?, ¿el ajuste es el único camino para morigerar los precios? Desde una perspectiva heterodoxa, esto no tiene por qué ser así, ya que existe más de una opción frente a cada problema y siempre hay espacios para soluciones progresistas a los desafíos económicos.

* Investigador del Área Estado y Políticas Públicas de la FLACSO Argentina