Desde Lima

El escándalo Odebrecht sigue pasando facturas. Esta vez le ha tocado el turno al ex presidente Ollanta Humala y a su esposa, Nadine Heredia, quien fue una primera dama de alto perfil político y blanco predilecto de los rivales de Humala. El juez Richard Concepción Carhuancho -el mismo que hace cinco meses dispuso la detención del ex mandatario Alejandro Toledo, hoy prófugo en Estados Unidos, por un caso de soborno también ligado a Odebrecht- ordenó ayer la prisión preventiva por 18 meses de Humala y su esposa, a pedido de la fiscalía, que argumentó un “peligro de fuga”. Ambos fueron procesados por lavado de activos. Se les acusa de haber recibido tres millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht para la campaña electoral de 2011, tras la cual Humala llegó al poder, y aportes del gobierno de Venezuela para la campaña de 2006.   

Aunque el ex presidente y su esposa habían concurrido a todas sus citaciones judiciales, el juez, dándole la razón a la fiscalía, consideró que existe “un alto grado de probabilidad que se eluda la acción de la justicia” y que “perturben el proceso”, por lo cual, dictaminó que esto, sumado a “la gravedad del delito imputado”, ameritaba dictar la prisión preventiva.  

Al momento del envío de esta nota, minutos después de esta decisión judicial, Humala y su esposa abandonaron su domicilio a bordo de una camioneta y, seguidos por policías y periodistas, se dirigieron al juzgado de Carhauncho para ponerse a disposición de la justicia. Hasta entonces habían seguido por televisión la larga lectura de la decisión judicial -tomó más de cinco horas- que ordena el arresto de ambos.

Antes de conocerse la decisión del juez, el ex presidente había calificado como “sorpresivo” y “abusivo” el pedido de arresto hecho por la fiscalía, que también se conoció ayer. Humala había dicho ser víctima de una “persecución política”, pero negó que buscaría asilo político, como se especulaba.   

En un gesto final para evitar una orden de arresto, los abogados entregaron al juzgado los pasaportes de Humala y de su esposa, como una prueba de que no pensaban viajar fuera del país. Pero eso no fue suficiente. En un contexto de presiones políticas y mediáticas a favor del arresto de Humala y de su esposa, personajes hoy altamente impopulares, el juez dictó la detención.  

El caso contra Humala se basa en declaraciones de Marcelo Odebrecht, máximo directivo de la constructora que lleva su apellido, y de Jorge Barata, director de la filial de la constructora brasileña en Perú entre 2001 y 2016, que han señalado que la empresa le dio a Humala tres millones de dólares para la campaña de 2011. Además, dos testigos dicen haber visto en la campaña de 2006 dinero en maletas que habrían llegado de Venezuela. 

El abogado del ex presidente, Julio César Espinoza, indicó que no bastan las delaciones premiadas de supuestos arrepentidos y que esos dichos deben ser corroborados con evidencias, las cuales, asegura, no han aparecido. No se conocen registros bancarios, o de empresas offshore, que confirmen el movimiento de esos montos de dinero. La fiscalía argumenta que las coimas se movieron en efectivo. 

Según el fiscal, el ex mandatario y su esposa manejaron personalmente los aportes económicos para las campañas y con ellos “incrementaron su patrimonio personal”. El ex presidente ha puesto énfasis en decir que las acusaciones en su contra “son anteriores a mi gestión como presidente”. Niega haber recibido ese dinero, pero se ha cubierto diciendo que “el aporte a las campañas no es algo ilegal”. La fiscalía argumenta que el dinero en cuestión tiene “un origen ilícito” y no ha sido declarado, por lo que acusa al ex presidente y a su esposa por lavado de activos. Humala ha acusado al fiscal del caso de estar parcializado y “envenenado” en su contra. Los abogados de la pareja anunciaron que apelarán la decisión del juez.

El celo investigador y la implacable rigurosidad de las autoridades judiciales con Humala -y con Toledo, también caído en desgracia- contrasta con la sospechosa lentitud y complacencia en los casos que involucran al ex presidente Alan García, con un largo historial de corrupción y en cuyo gobierno Odebrecht obtuvo grandes beneficios, y a Keiko Fujimori, investigada por lavado de dinero. En su declaración a los fiscales peruanos en la que dijo haber entregado tres millones de dólares a Humala, Marcelo Odebrecht declaró que en 2011 su empresa también financió las campañas de Keiko Fujimori y del partido de García. Incluso reveló que el monto entregado a Keiko sería mayor que el dado a Humala. Pero ninguno de los tres fiscales peruanos presentes se interesó en indagar más sobre estas otras entregas de dinero. Tampoco le preguntaron a Marcelo Odebrecht si las iniciales AG encontradas en sus agendas y vinculadas a la entrega de dinero corresponden a Alan García, como se presume. Un sospechoso desinterés.  

Ollanta Humala ganó las elecciones de 2011 con el apoyo de la izquierda, pero al llegar a la presidencia rompió con ella y con los sectores sociales que lo respaldaron, para gobernar de la mano con la derecha económica.  La derecha celebró su cambio, y aunque su gobierno fue funcional a sus intereses, nunca lo aceptó como uno de los suyos. Ahora la mayor parte de quienes fueron colaboradores de su gobierno le han dado la espalda, y varios de ellos se han mudado al bando de sus acusadores.