A través de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), el gobierno de Cambiemos volvió a la carga sobre la procuradora Alejandra Gils Carbó. El organismo que dirige el ex empleado del FMI, Mariano Federici, le solicitó al juez Mariano Martínez de Giorgi que la cite a declaración indagatoria por un supuesto intento de desviar la investigación judicial contra el empresario Lázaro Báez en la denominada “Ruta del dinero K”. Lo más curioso es que la UIF hizo el pedido aunque no tiene ninguna participación formal en el expediente ya que la Cámara Federal de Apelaciones rechazó que sea incorporada como querellante. Además, el fiscal Ramiro González, que estaba subrogando en esa causa a Guillermo Marijuán mientras se encontraba de viaje, presentó ya en 2013 un escrito en el que asegura que no recibió ninguna presión por parte de ningún funcionario de la Procuración.

Con la embestida macrista contra Gils Carbó ingresando en un punto muerto, el Gobierno retomó ayer su estrategia en medio de la campaña electoral. La UIF, un organismo que tiene una competencia precisa y restringida para actuar, difundió el pedido de indagatoria a la titular del Ministerio Público Fiscal, que rápidamente fue recogido por el Grupo Clarín y periodistas afines.

Fuentes con acceso a la causa, que se originó hace cinco años por una nota periodística y una denuncia de Elisa Carrió, recordaron que fue la Sala II de la Cámara Federal la que rechazó la incorporación de la UIF como querellante. Fue el fallo de los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun, dos magistrados que tienen por costumbre resolver en contra del kirchnerismo.

La denuncia original sostiene que el ex titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, actuó en la causa para proteger a Báez. Ahora la UIF pretende que se cite a Gils Carbó por –supuestamente– haberle dado la orden a Gonella.

Lo cierto es que el fiscal al frente del caso en aquel momento era González, en una subrogancia que duró apenas 48 horas hasta que Marijuán regresó de viaje y montó el show fallido de las excavadoras. Poco después procesó y detuvo a Báez en un espectacular operativo. 

Las procuradurías especializadas creadas por Gils Carbó acompañan el avance de las investigaciones, aunque sus opiniones no son obligatorias para el fiscal del caso. Por ese motivo, desde la procuración advierten la contradicción de que mientras Gonella está procesado por su dictamen, el fiscal de la causa, quien realizó el pedido de medidas de prueba, no está ni siquiera imputado. “No he recibido presiones por parte de los funcionarios de la procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, ni por otro funcionario o particular, ni de manera directa o por interpósita persona”, afirmó González mediante un escrito.