En la sesión de hoy de la Cámara de Diputados de Salta, se tratará el proyecto de declaración que insta a la Sociedad Anónima del Estado de Transporte Automotor (SAETA) y la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), a que arbitren los medios necesarios para otorgar el beneficio de la tarifa social a las trabajadoras de casas particulares. Se trata de un nuevo intento de parte de las trabajadoras que desde hace 7 años vienen exigiendo un beneficio que ya es garantizado por el Estado nacional para quienes utilizan la tarjeta SUBE. 

La referenta de la Agrupación de Trabajadoras de Casas Particulares "Unidas Podemos Lograrlo", Ana Díaz, contó a Salta/12 que el pedido se planteó ante distintos legisladores, pero no avanzó debido a que la empresa transportista sostuvo que no era viable porque "había un reglamento que no se podía cambiar". Entonces esperaron a que pueda adaptarse al sistema de SAETA, pero nuevamente recibieron una negativa al asegurar que "no había dinero para cubrir lo que correspondía al pago del descuento".

La iniciativa de parte de las trabajadoras salteñas toma como ejemplo una política pública que ya se implementa en jurisdicciones que usan la tarjeta de transporte SUBE. Este beneficio indica que la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) mantiene vigente la posibilidad de solicitar un descuento del 55% en la Tarjeta SUBE desde su plataforma web, convirtiéndose en una tarifa social que está dirigido a personas jubiladas y pensionadas, trabajadoras de casas particulares, veteranos de la Guerra de Malvinas, monotributistas sociales y personas beneficiarias de distintos programas nacionales, como la asignación universal por hijo o PROGRESAR.

"Nosotras pedimos que seamos incluidas en la tarifa social" que se aplica en Salta, sostuvo Díaz. En la provincia este beneficio está dirigido a personas pensionadas y carentes de recursos, que acreditaron su condición con la certificación negativa emitida por la ANSES, el certificado de carencia o ambiental emitido por la policía junto a su DNI. Con esta tarifa diferenciada las personas pueden acceder a 40 viajes mensuales con un boleto que tiene un descuento en todas las líneas urbanas e interurbanas de Salta.

Díaz dijo que otro argumento que les dieron al momento de negarles la inclusión es que el colectivo de trabajadoras no podía acceder al beneficio porque tenían un ingreso fijo registrado en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Sin embargo, la referenta cuestionó la decisión y dijo, como ejemplo, que también las personas pensionadas reciben un ingreso fijo de parte del Estado. "No entendemos por qué no se nos puede incluir, es lo mínimo que estamos pidiendo", lamentó. 

En ese sentido, aclaró que no piden la gratuidad del boleto urbano e interurbano (que en Salta se aplica a estudiantes y jubilados y jubiladas), sino que solicitan la tarifa social con el tope de 40 boletos mensuales. Díaz dijo que para el sector se trataría de una medida paliativa ante la realidad que transitan, pues contó que después de que circularan un formulario entre las trabajadoras para saber cómo era el uso del transporte, pudieron saber que el mínimo de boletos usados por día era de 4. Si se tiene en cuenta que una trabajadora se desempeña en promedio 25 días al mes, los boletos que usan mensualmente son 100. 

"Esos cuatro boletos sólo son una base", insistió Díaz; aseguró que incluso hay trabajadoras que llegan a usar 8 boletos diarios, por lo que reiteró que con la inclusión del sector en la tarifa social "no se va a solucionar la problemática sino que simplemente sería un paliativo y vamos a alivianar el bolsillo porque estaríamos cubriendo 10 jornadas de trabajo". Con estas y otras razones Díaz apeló a la buena voluntad de las y los legisladores junto al Ejecutivo provincial. 

El proyecto de declaración ingresó de la mano de la diputada Mónica Juárez, quien expresó en el texto de la iniciativa que el pedido está motivado en la urgente necesidad de las trabajadoras de poder acceder a la tarifa social, beneficio que brinda SAETA y que les significaría un alivio a la hora de solventar el pasaje de colectivo.

Para Juárez, estas trabajadoras "requieren ayuda del Estado, siendo un pedido que formulan desde hace bastante tiempo, habiéndose inclusive planteado este tema con anterioridad, en otros ámbitos, y con otros representantes". La legisladora aseguró que "un transporte público de pasajeros más económico significaría, sin dudas, una gran ayuda y un gran acompañamiento, para este grupo mayoritariamente femenino, promoviéndose su inclusión social y mejorando su calidad de vida".

Una irregularidad que se mantiene 

La solicitud de parte de las trabajadoras también se vincula con la gran irregularidad en sus contrataciones puesto que son pocas las que pueden gozar de sus derechos laborales dado que sus empleadores no las registran ante la AFIP. Incluso en muchas situaciones son las mismas empleadas quienes deben cubrir sus traslados y exigir la inscripción ante el organismo nacional.

De acuerdo a la escala salarial de junio de este año (estipulada por el gobierno nacional), una persona que se dedica a las tareas generales de un hogar cobra por hora con retiro, $777; por hora sin retiro, cobra $838; por mes con retiro, cobra $95.345,5; y por mes sin retiro, cobra 106.023. 

"Hay que tener en cuenta que la mayoría de las personas que se dedican al trabajo son mujeres y jefas de familias", expresó Díaz, entendiendo incluso que el beneficio de la tarifa social en Salta puede llegar a otorgarse únicamente a  las personas que están registradas ante la AFIP. Aún así, dijo que espera que el beneficio pueda darse ya que podría ser un incentivo para que "los empleadores tomen consciencia de que si no están registradas las compañeras, se les priva de un beneficio". 

De acuerdo a la Encuesta Permanente de Hogares del tercer trimestre de 2022, del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en la provincia de Salta, el 82% de las trabajadores de casas particulares no cuentan con aportes jubilatorios por su trabajo. Además, la Dirección de Mapeo Federal del Cuidado, del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación, dio a conocer que en la región del NOA, el porcentaje es del 83,8%, un poco menos que en el NEA, donde llega al 86%, y Cuyo, con el 85.5% sin aportes.

A su vez, el Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Salta retomó los datos del INDEC y precisó que en la provincia el 97% de las trabajadoras en casas particulares son mujeres; destacando que es el sector laboral más feminizado del país. A ello se suma que es la rama económica menos reconocida, puesto que el ingreso mensual promedio del trabajo en casas particulares es de $20.200, mientras que en el resto de las ramas de ocupación el ingreso promedio es de $58 mil. 

Ante los altos porcentajes de la ausencia de registro, el gobierno nacional lanzó a fines de septiembre de 2021 el Programa Registradas. Esta medida tuvo como objetivo reducir la informalidad en el sector de trabajadoras de casas particulares, garantizar su acceso y permanencia a un empleo registrado e incentivar su bancarización.

Para ello se dieron ciertos beneficios a la parte empleadora. Principalmente, que después de inscribir a la trabajadora en la AFIP, se realizaría la apertura automática de una cuenta sueldo gratuita a nombre de la trabajadora en el Banco de la Nación de la Argentina. Esto permite que durante seis meses el Estado le transfiera a la trabajadora el 30% o el 50% del salario, hasta $22.258,75 por mes, dependiendo del nivel de ingresos de la parte empleadora, a la que le corresponde depositar el porcentaje restante del sueldo. 

Sesde el 28 de septiembre de 2021, fecha de inicio del programa, hasta diciembre de 2022 inclusive, 22.100 trabajadoras de casas particulares pudieron acceder al Programa Registradas. La AFIP también dio a conocer que aproximadamente 8 de cada 10 trabajadoras conserva la relación laboral formal luego de finalizar el beneficio. En el caso de Salta, se dieron 784 solicitudes de ingreso entre septiembre 2021 y diciembre 2022. 

En relación a la aplicación de Registradas en la provincia, Díaz dijo que existe poca difusión del beneficio por lo que entiende que "si hubiera más difusión, se vería mejor reflejado el programa", dado que las pocas mujeres registradas lograron su inscripción por propia iniciativa ante sus empleadores. Si bien aseguró que no tienen un número preciso de cuántas personas se dedican a la actividad en la provincia, tienen el registro de que en su grupo existen casi 700 mujeres, de las cuales el 75% está registrada ante la AFIP.

Díaz dijo que desde su Agrupación de Trabajadoras de Casas Particulares vienen difundiendo permanentemente los derechos laborales que tienen las trabajadores para lograr "hacer buenos contratos a la hora de ingresar, tanto para la empleada como el empleador". "Queremos empoderar a nuestras compañeras a la hora de defender sus derechos porque muchas veces los empleadores creen que somos unas ingnorantes", cuestionó.