La Justicia federal tucumana dejó en libertad a los integrantes del clan Ale que cumplían prisión preventiva en el marco del juicio que se les sigue por asociación ilícita y lavado de activos, luego de que el tribunal considerara que, porque el debate oral ya está avanzado, “ha desaparecido el peligro de entorpecimiento de la producción de la prueba”. Los doce imputados –entre ellos, uno que había permanecido prófugo algo más de dos años– recuperaron la libertad al caer la noche del miércoles, cuando terminaba la audiencia semanal del debate oral. El fin de las preventivas había sido solicitado por los defensores durante la misma audiencia, tras lo cual el tribunal se retiró para deliberar y, al regresar, anunció que concedía las libertades para todos los casos por igual. El fiscal del juicio, Pablo Camuña, calificó la decisión de “anomalía”, porque “no considera que hay circunstancias disímiles entre los distintos imputados” y a eso se suma que “hay testigos, algunos de ellos bajo sistema de protección, que están en riesgo, e inclusive testigos víctimas que no declararon por temor”. En diálogo con este diario, el funcionario judicial advirtió, también, que “durante el debate hubo testimonios que señalaron los vínculos de los acusados con estructuras de poder con capacidad para entorpecer el proceso”. En eso coincidieron también el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, y la vicepresidenta de la entidad, María Eugenia Talerico, quien además dijo a PáginaI12 que “no hay precedentes de una medida tan arbitraria y escandalosa en favor de las mafias en pleno juicio oral y a un mes de una sentencia”. Tanto el Ministerio Público Fiscal como la UIF adelantaron, además, que impugnarán la decisión ante Casación.

La resolución de los jueces Alicia Noli, Gabriel Casas y Domingo Batule afirma que, además de que ya fue producida casi toda la prueba para el debate, no existe riesgo de fuga. “El cumplimiento de la prisión domiciliaria sin haberse producido ningún intento de fuga, sin perjuicio de que ha sido cumplida mediante el sistema de control electrónico, ha hecho desaparecer también ese riesgo”, argumenta el Tribunal Oral Federa (TOF) 1. Por ello, dispuso “el cese de la prisión preventiva” para los hermanos Rubén “la Chancha” y Adolfo “el Mono” Ale, María Jesús Rivero, Fabián González, Víctor Suárez, Roberto Dilascio (quien estuvo prófugo entre fines de 2013 y enero de 2016), Hernán Lazarte, Ernesto Catulo, César Manca, Carlos Ocampos, Enrique Chanampa y Sergio Parrado.

Distintas fuentes coincidieron en señalar a este diario que la decisión del tribunal fue tan sorpresiva como la forma en que se concretó. “Llamó la atención a todos que justo ayer (por el miércoles) todos los abogados (defensores) estuvieran presentes, y que se llamara a cuarto intermedio y luego se reanudara la audiencia para decidir esto después de finalizada la transmisión en vivo del Poder Judicial”, detalló también Talerico a PáginaI12. La funcionaria advirtió, además, que el poder del clan, al que definió como “una mafia” (que “opera extorsionando, amedrentando, amenazando y corrompiendo para preservar su poder”), continúa activo, y que eso está quedando demostrado en el debate. Además, añadió, el clan todavía dispone de ingresos porque “sigue manejando el negocio de los remises, maneja el juego en la provincia” y “ni la justicia ni el gobernador tomaron las decisiones que había que tomar para impedirlo”.

En diálogo con este diario, el fiscal Camuña señaló que el levantamiento de las prisiones preventivas “tiene la misma lógica que tuvo la concesión de prisiones domiciliarias en abril: fue una decisión genérica, concedida a todos los imputados por igual, como si estuvieran todos en la misma situación, cuando no es así”. “Hay circunstancias muy disímiles entre los imputados. Hay imputados que estuvieron pródigos, o sea que tienen antecedentes de falta de sujeción al proceso. Es imposible que casi cualquier tribunal del país no observe esos hechos a la hora de decidir algo así. Pero además se da la circunstancia de que hay testigos protegidos, en función de dictámenes de organismos nacionales, testigos que están en riesgo. Hay personas que no declararon, víctimas que no declararon por temor, y durante el debate hubo testimonios que demostraron que hay vínculos de los acusados con estructuras de poder que tienen capacidad para entorpecer el proceso”, añadió el funcionario judicial.

Otras fuentes judiciales añadieron que en la causa ya registraron irregularidades con el cumplimiento de las prisiones preventivas (“Rivero, con pulsera electrónica y todo, salió cinco veces de su casa sin avisar y no hubo penalización”) y que se perdió importante material probatorio, como el audio en crudo de escuchas telefónicas realizadas durante la instrucción.

Tanto para la fiscalía como para la UIF, la cercanía del fin del debate oral y el hecho de que las condenas previstas para los delitos por los que están acusados los imputados sean elevadas configuran, además, “elementos para sostener lo contrario a lo que decidió el tribunal”. 

El juicio al clan Ale tuvo su primera audiencia en diciembre del año pasado, sobre el filo de la feria judicial, y recomenzó en febrero de este año. El proceso juzga a los hermanos Rubén “la Chancha” y Adolfo “el Mono” Ale y otras doce personas, acusadas por asociación ilícita y lavado de activos en distintos grados de responsabilidad y con diferentes roles. En Tucumán, el proceso es considerado histórico por el peso (no sólo simbólico) del clan, fuertemente sospechado -y en ocasiones investigado pero nunca hasta el final-desde hace cuatro décadas por homicidios, usurpaciones de terrenos, robos de cosechas, juego clandestino, trata de personas, explotación sexual. Además, constituye el juicio por lavado de activos con más acusados desde que entró en vigencia la ley. 

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